La violencia contra la mujer no sólo se trata de actos físicos, sino también por los daños que provocan las políticas de estado que exponen a los cuerpos femeninos a la violencia, al racismo, a la homofobia, a la falta de seguridad, y niegan incluso un medio ambiente sostenible, expresó la investigadora y profesora de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad de California en Santa Cruz, Rosa-Linda Fregoso.
La investigadora presentó el jueves la ponencia Interseccionalidad y violencia de género más allá de las identidades que organizaron la Universidad Americana de Acapulco y el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres Hannah Arendt (Ovicom), del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y que se desarrolló en el auditorio Héctor Dávalos de la universidad privada.
La violencia feminicida está arraigada en las jerarquías de género, raza y clase, sostuvo, e indicó que los agentes del Estado ejercen violencia contra los cuerpos femeninos al mantenerse indiferentes o ignorar la violencia de género, al no practicar las debidas diligencias, se convierten en perpetradores de violencia de género, que se lleva a cabo en el ámbito del hogar en el ámbito laboral o entre familiares.
Explicó que en sus investigaciones el término “interseccionalidad” fue adoptado para visibilizar cómo la violencia de género institucional está basada en relaciones de poder con normas de género social, legales y representacionales. “El análisis está ligado al análisis del poder y a la vez hace énfasis en cómo explica las formas rutinarias, con múltiples capas de dominación, en contextos de violencia contra la mujer”, expresó.
La violencia feminicida, continuó, está arraigada en desigualdades políticas, sociales y culturales; y en violaciones basadas en niveles de poder basadas en las jerarquías de género, raza y religión.
El análisis, explicó, hizo énfasis en la coyuntura del poder del Estado y las desigualdades sociales, por lo que la violencia feminicida “fue un agregado” y a los cuales se añadieron el racismo y la misoginia.
Reveló que en su experiencia y a partir del análisis de las leyes estadunidenses, las mujeres latinas, quienes hablan español, las negras y las indígenas son mujeres con mayor probabilidad de ser agredidas que una mujer de raza aria, o cercana al poder.
La investigadora explicó que su estudio, a partir de los asilos de género, fundamentalemente de mexicanas, es más difícil ayudarlas por la política antiinmigación, pues las leyes sufrieron “cambios drakonianos con los reglamentos dirigidos principalmente contra afros y latinos”.
Bajo la administración de Donald Trump, explicó, el cambio de normas legales sobre asilo de género: “nos regresa a la Edad Media de los derechos humanos de las mujeres”, “nos regresa a la época cuando la violencia en contra de las mujeres era considerada como un acto personal y asunto privado en vez de algo perteneciente a los derechos humanos y apropiado para la protección de los refugiados”.
Mencionó, sin abundar en datos, que hay 700 mil casos de mujeres en las cortes de migración estadunidense y, la mayoría son mexicanas.
“La vida de una mexicana violentada es precaria, sigue en peligro, en 2017 hubo más de 2 mil feminicidios”, reveló.
Dijo que la falta de cumplimiento de leyes, la falta de información precisa sobre las características de los asesinatos de mujeres y feminicidios es lo que impide el diseño de políticas públicas por la falta de un banco de datos y la falta de administración en los cuales basar las propuestas.
Sugirió contrarrestar el argumento anticuado de las autoridades de que una mujer golpeada por su pareja es un asunto familiar, y dejar de decir que la violencia es un acto privado o personal y formular una visión interseccional sobre la violencia de género como violación de los derechos humanos de las mujeres.