Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

Las empresas del país no sólo tienen que ser productivas y generar empleos, también deben adoptar una política de respeto a los derechos humanos que beneficie a las comunidades donde se instalan, fue una de las principales conclusiones del Seminario Internacional: Debida Diligencia en Derechos Humanos para las Empresas con Participación Comunitaria, realizado este jueves en el Senado de la República.
Desde la mañana y hasta después del mediodía de ayer, representantes de organizaciones de México y otros países, activistas, legisladores y políticos dialogaron sobre la importancia de las medidas que debe de tomar el sector empresarial que garanticen los derechos humanos y para ser más amigables con el medio ambiente.
Al inaugurar el seminario, el senador morenista Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, enfatizó que las empresas que operan a lo largo y ancho del territorio nacional aparte de ser productivas y generar empleos, deben adoptar una política de respeto a los derechos humanos que beneficie a todos los miembros de las comunidades donde se asienten.
Añadió que, independientemente de su tamaño y nivel de incidencia, “las compañías deben ser capaces de identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre cómo sus actividades impactan en la dignidad de las personas”.
Afirmó que es “obligación de las empresas utilizar la debida diligencia como herramienta de sus operaciones, es decir, tienen la obligación de promover, asegurar el cumplimiento y garantizar la protección de los derechos humanos reconocidos en el derecho nacional e internacional”.
Si las empresas no tienen políticas de respeto a los derechos humanos, coincidieron las y los participantes en el evento, la actividad empresarial puede reflejarse en pérdida de biodiversidad, contaminación, desequilibrios y abusos de poder e, incluso, amenazas a la democracia.
En su turno y sobre este tema, la senadora Edith López Hernández, también de Morena y presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, dijo que la actual administración federal “toma en cuenta todo esto y por primera vez en México se defienden los derechos de grupos vulnerables ante los intereses del mercado, que por muchos años privaron en el país con las políticas neoliberales”.
Desde su punto de vista, las comunidades indígenas y afromexicanas ya son “sujetos de derecho y no objetos de museo. Una muestra de ello es la voz y representación que tienen en el Senado para defender sus derechos: es un avance para poder colaborar, porque esto es un trabajo en equipo: si nos va bien a nosotros, nos irá bien a todos y a las empresas”.

Invertir para todos y
compartir la prosperidad

Mediante el diálogo, “las empresas y comunidades pueden llegar a acuerdos y relaciones de mutuo provecho, que les permitirán a éstas y al gobierno lograr una prosperidad compartida”, manifestó durante su intervención el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas Morales.
“Si lo logramos –continuó el funcionario federal–, vamos a tener más inversión, más empleo, pero también vamos a tener una sociedad que funcione mejor y que haya menos conflictos; vamos a lograr que la inversión sirva para todos y se comparta la prosperidad”.
Fernanda Hopenhaym, representante para América Latina y el Caribe del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, enfatizó que México tiene un gran potencial para liderar en la región la vigilancia del cumplimiento de estándares mínimos de protección de los derechos humanos por parte de las empresas.
Remarcó la importancia de hacer evaluaciones de los impactos que puedan tener las empresas en sus operaciones.
“El sector privado tiene gran experiencia en hacer análisis de riesgo en diferentes materias, y puede hacerlas en materia de derechos humanos, además de las evaluaciones de impacto ambiental que muchas industrias tienen por evaluación, con el fin de tener este enfoque preventivo. Eso es una responsabilidad clave de las empresas”, dijo.
Hopenhaym mencionó que, en estos temas, es importante tener esta perspectiva interseccional con perspectiva de género e intercultural.
Reiteró de nuevo el compromiso que deberían asumir las empresas en el respeto a los derechos humanos, pero también en la disposición colaborativa del diálogo, espacios de diálogo con la sociedad civil, el gobierno y el Congreso.
“México tiene una gran oportunidad política para avanzar en estos temas con una posición de liderazgo en la región. De establecer expectativas claras para las empresas y para la inversión que quiere traer”, abundó.

Objetivo: la conquista de
los derechos humanos

En el seminario estuvieron presentes integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes expresaron de manera general que numerosas empresas e industrias han afectado a comunidades.
Ignacio del Valle, de San Salvador Atenco, recordó que han sido unos 25 años “de resistir, de oponernos a ser pisoteados y que descubrimos que la fuerza y la razón no las tienen los que nos imponen. Las tiene el pueblo”.
Del Valle pidió a los asistentes tomarse de la mano mientras decía lo siguiente: “Cuando miro a mi igual descubro que ahí está la fuerza. Esa fuerza que descubrimos en cada uno de los movimientos, en cada una de las resistencias, en cada una de las exposiciones que hicieron el día de hoy.
“Cuando descubrimos que la fuerza la tenemos cuando unos unimos, nos sentimos; cuando tu dolor es mi dolor, cuando tu risa es mi risa, cuando mi alegría es tu alegría; cuando mi rabia, cuando mi miedo es igual a lo que tienes tú, es cuando logramos trascender.
“No venimos a decirle cómo se hagan las cosas, venimos a decirle gracias a todos de donde quiera que vengan”, finalizó.
Al término del evento, Karen Andrea Lazcano, representante de la Confederación de Cámaras Industriales, apuntó que en la actualidad urge impulsar un modelo de política empresarial que fortalezca la competitividad, la innovación y la sostenibilidad, pero enfocado en los derechos humanos: “Sabemos que hoy los mercados internacionales, los inversionistas y los consumidores, exigen empresas responsables”, dijo.
Jennifer Feller, directora general para Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, recalcó que la prioridad de la presidenta Claudia Sheinbaum es “otorgar e impulsar un desarrollo con justicia social donde el bienestar es de los trabajadores.
“Estamos trabajando de cerca con el sector empresarial para que sigan fortaleciendo el salario mínimo. Fortalecer los esquemas de seguridad social y derechos laborales, tratando de continuar cerrando las brechas de desigualdad y promoviendo fortalecer el empleo.
“Promover prácticas ambientales, sociales y de gobernanza; inversión en energía limpia o acciones de impacto comunitario: cómo hacemos para seguir motivando y generando incentivos para que las empresas hagan inversiones sustentables en lugares donde sí están los recursos para hacerlo y que no tengan el impacto contrario afectando a las comunidades donde se establecen”.
El representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ONU, Jesús Peña, indicó que “el objetivo es avanzar en la conquista de derechos humanos. Ese ha sido el mensaje” que ha permeado durante todas las horas del seminario.
“Un tema importante es el del efecto preventivo de la debida diligencia que han mencionado varias de las personas que han intervenido. La economía 12 mundial que es México lo convierte en un país donde las pequeñas acciones que se hagan a favor de los derechos humanos, en concreto en el tema de empresa y derechos humanos, sin lugar a dudas que van a ser un referente.
“La participación significativa de todas las partes es importante, en México y en el mundo. Las comunidades deben participar en el diseño de políticas.
“Frente a una eventual legislación en el contexto mexicano, yo creo que hay que considerar siempre las cadenas de suministro porque es ahí donde se comenten muchos de los impactos negativos. Y es importante ver cómo hacer esa implementación para que sea efectiva”, concluyó.