Desde hace varios años habitantes de la Sierra Norte de Puebla están peleando por defender su territorio del desarrollo de proyectos mineros, la construcción de presas hidroeléctricas y de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), llamada Proyecto Línea de Alta Tensión Entronque Teziutlán II-Tajín en el municipio de Cuetzalan.
Ciudadanos organizados en el Consejo del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC) demostraron que dicha subestación se contrapone al Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal, entre otras cosas, porque el desmonte que se realizaría pondría en riesgo ecosistemas que contienen captación de agua potable y corredores de vegetación de alto valor por su biodiversidad. También demostraron que, a diferencia de lo afirmado por la CFE, la subestación no es necesaria para el consumo de electricidad de los habitantes del municipio o de la región, sino que la intención es que brinde servicio a las empresas mineras.
A pesar de ello, el presidente municipal otorgó los permisos de construcción y de cambio de uso de suelo a la CFE, por lo cual los miembros del COTIC ocuparon a partir del 19 de noviembre de 2016 los terrenos destinados a la construcción de la subestación y permanecieron allí por poco más de nueve meses para impedir la realización de la obra. Finalmente, en agosto de 2017 consiguieron que el ayuntamiento de Cuetzalan negara la renovación del permiso de construcción a la CFE.
Ahora resulta que la CFE demandó ante la Procuraduría General de la República (PGR) a por lo menos cuatro integrantes del COTIC, que fueron citados a declarar el miércoles 31 de enero pasado en calidad de indiciados. No fue sino hasta que se presentaron que se les confirmó que el asunto es por una demanda de la CFE y apenas se les entregó la carpeta de la investigación, por lo que todavía no se sabe con claridad en qué consiste la demanda o cuál sería su situación legal.
Los citados fueron Luis Enrique Fernández Lomelín, Nazario Diego Téllez, Álvaro Aguilar Ayón y Rufina Villa Hernández, secretaria del COTIC. Rufina es una mujer nahua ya mayor, que ha dedicado gran parte de su vida a pelear por mejorar las condiciones de subsistencia de las mujeres de su tierra. Es integrante de la organización Maseualsiuamej Mosenyolchicahuanij, que desde hace más de 20 años opera diversos proyectos productivos en la región, entre ellos un hotel –el hotel Taselotzin– que cuenta ya con reconocimiento internacional y es propiedad de un grupo de mujeres nahuas. El resto de los citados pertenece también a diversas organizaciones indígenas.
Lo único que han hecho los indiciados es defender la ley (en este caso el programa de ordenamiento ecológico del municipio) y evitar que su territorio y los recursos naturales que en éste se encuentran sean dañados por la CFE, con un proyecto que no generará ningún beneficio a la comunidad. Y ahora se enfrentan a una demanda que por ahora no se sabe en qué consiste, pero que podría llevarlos a la cárcel.
No es éste el primer caso de abuso de la CFE en el país. Sabemos que han construido obras en distintas partes sin realizar las consultas a las comunidades indígenas de manera adecuada, además de los abusos que comete con el cobro excesivo del servicio de energía eléctrica, del cual todo tipo de ciudadanos han sido y son víctimas; y particularmente habitantes de comunidades indígenas, a quienes les llegan recibos de decenas de miles de pesos cuando solamente utilizan dos focos y una televisión en su casa. Recordemos que esto llevó a los habitantes de las regiones de La Montaña y Costa Chica de Guerrero a organizarse en 2011, cuando alrededor de 25 mil usuarios se declararon en suspensión de pagos.
Ahora que un pueblo logra legalmente impedir a la CFE que realice una obra, opta por amedrentarlos presentando una demanda en su contra. ¿Hasta dónde vamos a continuar permitiendo los abusos de esta empresa? Habrá que estar pendientes de la situación legal de los integrantes del COTIC.