El manotazo sobre la mesa del secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, para apurar una legislación sobre Seguridad Interna, despabiló al presidente y al secretario de Gobernación y los obligó, por lo menos por ahora, a tomar en serio el tema de la seguridad pública, en el entendido de que con discursos y alegorías de victoria no se dobla a los criminales, sino con leyes, acciones concretas, decisión y voluntad política. ¿Se acabarán cuatro años de discursos triunfadores para ocultar los magros resultados en el combate a los delincuentes? Seguramente la retórica seguirá, pero bajo condiciones distintas. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, lo reconozca de esta forma o no, está perdiendo la batalla contra el crimen organizado en las calles mexicanas, y a la opinión pública en los medios de comunicación. Combinación tóxica para el último tercio de la administración.
Tan fuerte fue la llamada de atención del general Cienfuegos, que en Los Pinos tomaron la decisión de improvisar una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública este martes, para lo cual, con sólo 48 horas de antelación, convocaron a los gobernadores del país para estar presentes en la Ciudad de México. No les informaron sobre los puntos de la agenda para el improvisado encuentro, con lo cual el gobierno cerró la primera fase del control de daños después de que el jefe de las Fuerzas Armadas dijo hace dos semanas que los soldados no están para fungir como policías, sino para defender la seguridad nacional. Retomando una parte del mensaje del general, el presidente y el secretario, Miguel Ángel Osorio Chong, echaron la responsabilidad de la creciente inseguridad a los gobernadores, los alcaldes y sus policías.
Varios gobernadores expresaron en privado su molestia con el presidente y el secretario al responsabilizarlos del incremento delictivo, olvidando que en el diseño original del gobierno de Peña Nieto para el combate a los criminales, se establecía que en la coordinación por parte del secretario de Gobernación, pivote del éxito de la estrategia, estaba la solución al fenómeno. El tiempo mostró que los delincuentes se comieron los tacos de lengua del secretario, quien junto con el presidente, tuvieron que reconocer cuatro años después, que sus esfuerzos han sido insuficientes. No hay autocrítica, se quejan varios gobernadores, pero cuando menos, empujados por el discurso del general Cienfuegos, mostró el presidente otro interés para atacar las deficiencias y carencias de las policías municipales. Un nuevo modelo policial es lo que planteó Peña Nieto este martes, acompañado por el marco jurídico que ello necesite. Su gobierno, por encima de todo, es quien más necesita ese nuevo esquema.
La delincuencia los está doblegando. Al arrancar la semana, el presidente afirmó que en 2015 hubo menos homicidios dolosos (medidos por denuncias) que en el último año del presidente Felipe Calderón. Si bien es cierto, cuando se suman los primeros cuatro años de gobierno de cada una de esas administraciones, en la de Peña Nieto hubo un incremento total de casi 20%. No mintió el presidente, pero acomodó las cifras para maquillar resultados. El homicidio doloso es cuando el criminal es alevoso y conoce los elementos de tipo penal que implica ese delito, contra el homicidio culposo que se da en defensa propia y no hay una actitud dolosa por parte del agredido.
En el último año de Calderón, las denuncias de homicidios dolosos llegaron a 21 mil 736, y empezaba el decrecimiento que había anticipado en 2010 (en 2011 la cifra fue de 22 mil 852 denuncias). En 2015, las denuncias sumaron 17 mil tres, y durante los primeros 11 meses de 2016, las denuncias toparon a 20 mil 476. Es decir, la tendencia a la baja que les dejó Calderón fue mantenida por el gobierno de Peña Nieto en 2013 (18 mil 332 denuncias) y en 2014 (15 mil 653), pero el fenómeno inercial reventó en 2015, cuando se dio un repunte de 8.8% con relación al año previo. La tendencia al cierre de 2016 sugería que las denuncias rebasarían las 17 mil, con lo cual el incremento sería de 21.1%, la cifra más alta del sexenio peñista.
El presidente y el secretario de Gobernación tuvieron que admitir el repunte de la violencia y la inseguridad, tras haberse registrado de enero a octubre un incremento de mil 381 denuncias de homicidio doloso que durante el mismo periodo de 2015. En 21 entidades hubo un incremento en las denuncias, donde Guerrero, Guanajuato y Puebla, fueron los estados de mayor violencia, contra Chihuahua, Michoacán y Coahuila, que es donde se registró el menor número. En el histórico de 2000 a 2015, el Estado de México, durante los gobiernos de Arturo Montiel y Peña Nieto, se colocó como la entidad de mayor número de denuncias de homicidios dolosos en el país, mientras que Yucatán y Baja California Sur es donde menos denuncias hubo. En los primeros 11 meses del año, el mayor número de denuncias, contra el mismo periodo de 2015, se dio en Veracruz, Michoacán y Colima, mientras que el menor número se registró en Quintana Roo, Coahuila y Chiapas.
El presidente Peña Nieto dijo este martes que la violencia y la inseguridad eran grandes retos para su gobierno. Más que eso. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes disminuyó 6% de 2011 a 2012, mientras que se elevó la tasa de 2014 a 2015 en 7.5%, y la proyección para 2016 es de un incremento de 19%. Peña Nieto, a través de sus voceros, ofreció acabar con la violencia en los primeros tres meses de su gobierno. Cuarenta y ocho meses después, esa afirmación resultó baladí.

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