El lunes 12 de septiembre del presente año, algunas integrantes de la Alianza Feminista, la asociación de organizaciones de mujeres que en junio solicitaron ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) la implementación de la alerta de violencia de género, fueron citadas para participar en esa sesión solemne en la que el gobernador Héctor Astudillo Flores aceptó las concusiones del Grupo de Trabajo que se encargó de elaborar el diagnóstico sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres de Guerrero y las condiciones de violencia feminicida.
Tres de las convocadas, presentes en dicha sesión, festejaron el cambio de actitud del gobernador, a la vez que se ofrecieron como coadyuvantes del proceso que durará seis meses y en el cual deben aplicarse las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones del grupo de trabajo, en el entendido de que las mismas contribuyen a la mejoría de las condiciones de vida de hombres y mujeres de la entidad y por tanto a la buena gobernanza.
Para materializar la colaboración con la comisión interinstitucional que el gobierno estatal integrará para cumplir con las sugerencias del grupo de trabajo, durante los próximos seis meses, las integrantes de la alianza feminista sugirieron integrar la fuerza de las asociaciones que actúan en el ámbito de la defensa de los derechos humanos de las mujeres a esa comisión.
En respuesta a la sugerencia, el gobernador, en esa sesión del lunes 12 de septiembre, se comprometió a analizar la propuesta de integrar las asociaciones sociales a la Comisión Interinstitucional para el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones. En esa sesión dijo sí, pero veremos cómo. Por ello de alguna manera resulta sorpresivo que para la sesión del jueves 29 de septiembre, las asociaciones civiles defensoras de los derechos humanos de las mujeres, incluso las que formaban parte de la Comisión estatal para la Atención de la Violencia contra las Mujeres desde la constitución de esta, fueron excluidas y en lugar del citatorio para participar en la sesión recibieron ofertas de trabajo para atender la violencia.
Otro tema de preocupación, además de la exclusión de las representantes de las asociaciones sociales, fue la contratación de una especialista en el tema que muy probablemente sólo dijo lo que algunos representantes del gobierno estatal querían oír, pero que no por ello deja de ser preocupante.
Palabras más, palabras menos expresó que “… el informe del grupo de trabajo manejaba datos con los que había que tener mucho cuidado, dado que la mayoría de los cuerpos se encontraban en las calles y no en sus casas y que la presencia del narcotráfico estaba generando más violencia, que la alerta significa gastar millones de pesos, que los presidentes municipales no tienen, además de la mala imagen que dan al ser señalados como los lugares donde matan a las mujeres”.
La contratación de “especialistas” que sugieren la no aceptación de las conclusiones y sugerencias elaboradas por el grupo de trabajo constituido por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), hace temer, de manera fundada que en la vía formal se aceptan las conclusiones de dicho grupo de trabajo mientras en la práctica se trabaja con todo para evitar la aplicación de dichas recomendaciones.
Mientras tanto la desaparición de mujeres continúa. Los asesinatos de mujeres persiste.
Por el bien de las mujeres, por el bien de la justicia, por el bien de Guerrero, necesitamos que en el tema de la violencia de género, el sí de las autoridades sea sólo sí, con compromiso y congruencia. No un sí, pero no.