En 17 estados de la república mexicana, más de la mitad de las entidades del país, (Guanajuato, Morelos, Michoacán, Colima, Baja California, Sonora, Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Quintana Roo, Sinaloa, Puebla Tabasco, Estado de México Chiapas, Nuevo León y ahora Guerrero) organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres solicitaron ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la activación del mecanismo denominado “Alerta de violencia de género” para atender la violencia feminicida creciente en cada una de sus entidades.
La Conavim es la instancia creada por el gobierno federal en junio de 2009 para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y para la observancia de los Tratados Internacionales suscritos por México para la protección de los derechos de las mujeres.
La ley mencionada, que fue aprobada el 7 de febrero de 2007, incluyó la alerta de violencia de género como un mecanismo que permite al gobierno federal –en colaboración con los gobiernos estatales y municipales– establecer medidas reparadoras para la seguridad de las mujeres y la adopción de acciones que prevengan conductas lesivas para su vida y sus derechos.
A pesar de que no existe uniformidad en las cifras de las fuentes oficiales referidas al número de mujeres que han sido asesinadas en México, los números que aportan el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Observatorio Nacional de Violencia (ONV), han permitido saber que mientras los asesinatos de hombres han tenido una ligera disminución de 2008 a 2012, eso no ocurrió con los homicidios de las mujeres que a la fecha continúan aumentando en número y también la crueldad con la que son cometidos.
Otra diferencia sustantiva entre los homicidios dolosos de hombres y mujeres es que, mientras los homicidios violentos de los hombres son perpetrados por otros hombres los de las mujeres ocurren a manos de hombres que en muchos casos previamente les privan de su libertad, e incluyen tortura y violencia sexual para finalmente mutilarlas, asesinarlas, incinerarlas y desfigurarlas como parte de su estrategia para lograr la impunidad, al intentar ocultar la identidad de sus víctimas.
La petición de la alerta de violencia de género presentada por las organizaciones de mujeres ante la Conavim en tantas entidades de la república ha evidenciado la inexistencia de cifras oficiales por parte de la autoridad investigadora de los delitos y que los logros de 16 años de políticas de igualdad en el plano nacional son aún insuficientes. En Guerrero, estado pionero en el establecimiento de las políticas de igualdad, en abril de 2017 se cumplen 30 años de creación de la instancia para el impulso de esas políticas: la Secretaría de la Mujer del gobierno del estado de Guerrero.
El proceso en marcha en todas las entidades mencionadas ha permitido observar que las mayores resistencias al cambio se encuentran en las instancias investigadoras del delito, llámese Procuraduría de Justicia o Fiscalía, cuyos principales funcionarios tomaron desde el inicio la actitud de negar el aumento de los asesinatos de las mujeres. Los procuradores o fiscales y sus principales funcionarios también se han mostrado reacios a reconocer, asimilar y aplicar nuevos tipos penales como el feminicidio, figura que pone de manifiesto las características específicas que revisten los asesinatos de las mujeres.
Los funcionarios responsables de la investigación del delito han preferido permanecer anclados a términos como el de “crimen pasional” que busca exculpar o disminuir la responsabilidad de quien comete un homicidio doloso y/o violento contra una mujer, amparado en prejuicios y creencias que naturalizan la violencia en contra de las mujeres.
La Conavim en todos los estados solicitantes conformó de acuerdo al reglamento de la ley, equipos de trabajo para investigar el estado que guarda la violencia y los derechos humanos de las mujeres, los informes de estos grupos han incluido entre sus recomendaciones el aumento de recursos a las instancias creadas para el adelanto de las mujeres –en Guerrero sería la Secretaría de la Mujer–, que operan con medios insuficientes. Una parte de los exiguos recursos de estas instancias ha estado destinada a la sensibilización y capacitación de funcionarios de las dependencias investigadoras del delito con escasos o ningún resultado, según podemos ver.
La alerta de violencia de género es una medida reparadora que promueve la captación de recursos extraordinarios para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, y a pesar de ello se ha encontrado con la resistencia de las autoridades gubernamentales, con excepción de los estados de San Luís Potosí y Michoacán; ahí desde esas instancias es donde se ha reforzado la petición. Pero aún donde han ganado las resistencias a que se aplique la alerta de violencia de género, las recomendaciones formuladas por los grupos de trabajo han servido para reducir opacidad en las cifras oficiales, establecer protocolos, crear comisiones para atención de las víctimas pero sobre todo para fundamentar el aumento de presupuesto a las instancias para el impulso de la igualdad.
En Guerrero el proceso de hacer evidente el aumento y la exacerbación de la violencia contra las mujeres inició al menos desde el año 2005. La solicitud presentada por las organizaciones de mujeres agrupadas en la Alianza Feminista fue admitida con prontitud. Ahora mismo el Grupo de Trabajo conformado por la Conavim se encuentra trabajando para realizar el diagnóstico del estado que guarda la violencia contra las mujeres y la salvaguarda de sus derechos humanos.
El informe, en su momento, ayudará a ubicar los fallos y deficiencias en las políticas públicas destinadas a la construcción de la igualdad de género, particularmente para evaluar el desempeño de las que tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Eso será fundamental para corregir el rumbo, para reforzar sinergias con los gobiernos municipales y para construir otras con la sociedad y entidades académicas.
Al final se decrete o no la alerta de violencia de género, el hecho que se haya integrado el Equipo de Trabajo por la Conavim significa visibilizar y reconocer la existencia de un grave problema, el aumento de los asesinatos de las mujeres en la entidad y la necesidad de atenderlos, disminuyendo la impunidad, constituyendo registros públicos confiables, y adoptando acciones preventivas así como la canalización de recursos para los municipios señalados como focos rojos por la incidencia de la violencia feminicida. La acción de las mujeres organizadas será, como siempre, para el bien de Guerrero y de sus habitantes. De eso se trata.