Raymundo Riva Palacio
Julio 25, 2005
ESTRICTAMENTE PERSONAL
El ruido por la politización de fenómeno de los secuestros es ensordecedor. Nada mejor, en este contexto, para poner en riesgo la vida del director técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano, quien fue tomado con aparente fuerza por un grupo de personas la semana pasada. La directiva del equipo lo llamó un secuestro, y las autoridades del Distrito Federal señalaron que era “atípico”. A esa primera insinuación de sospecha sobre el origen del posible delito, vino la respuesta del jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, sugiriendo que se trataba de una maniobra en contra suya. La respuesta política a un fenómeno social sería absurda de no ser por los antecedentes de utilización generalizada de la justicia con fines políticos, que ha contribuido a la permanente sospecha de la realidad. En este caso, valdría la pena que autoridades y sociedad, repensaran de otra forma el fenómeno.
Clasificar el secuestro como “atípico” obedeció a la lógica que realizarlo al mediodía, frente a tanta gente y en una avenida estrecha con pocas vías de salida, llevaba implícito un mensaje de poder y desafío. Aunque esa línea de pensamiento es correcta, no es excluyente. En el pasado se dieron secuestros en condiciones similares, como el caso del heredero de una de las grandes tiendas de autoservicio y de un propietario de medios de comunicación, realizados por bandas perfectamente organizadas que sólo buscaban dinero a cambio. Secuestros realizados por guerrillas suelen ser frente a menos testigos, generalmente sin violencia y con rutas de escape múltiples.
La reacción de López Obrador minimizando el secuestro y llevándolo inmediatamente al terreno de la sus aspiraciones para la Presidencia, se dio en el contexto de sus censuras y críticas a la persuasiva campaña contra el secuestro de la organización ciudadana México Unido contra la Delincuencia. El error fue identificar esa campaña como un proyectil en su contra dirigido por sus enemigos, pero la campaña se transmite en las cadenas de televisión que, a muchos se les olvidó, transmiten a nivel local sino nacional. Es decir, los mensajes no están dirigidos únicamente a la inseguridad en el Distrito Federal, sino en el país. Adicionalmente, aunque las cifras ubiquen a la capital mexicana como la primera ciudad en el mundo con mayor número de secuestros, México, como un todo, es sólo segunda, después de Colombia, en tan infame lista. El problema es nacional y se arrastra desde 1985, cuando el secuestro tomó las características de fenómeno social en México a la mitad del gobierno de Miguel de la Madrid, donde los índices de la inseguridad se detonaron como nunca antes. Se agravó en el de Carlos Salinas, cuando proliferaron las empresas para blindar automóviles y se empezaron a organizar guardias blancas para los empresarios. En el de Ernesto Zedillo la situación llegó a tal nivel que obligó a los principales empresarios del país a que tuvieran escoltas, inclusive a algunos muy renuentes como Carlos Slim, por el impacto que provocaría su secuestro en el conjunto de la economía.
Su protección generó externalidades, como el que se elevaran los costos para los secuestradores. Muchos contrataron agencias especializadas, algunas formadas por ex agentes del Mossad, el excelente servicio de inteligencia israelita, o por ex miembros de la CIA y del propio Ejército mexicano, que afectó aún más a la economía del secuestro. La Agencia Federal de Investigaciones, atendió 67 casos de secuestro en 2001, donde el monto de rescate individual ascendía a 23 millones de pesos; en el primer semestre de 2004, el número de casos subió a 73, pero el monto del rescate bajó a 5.6 millones de pesos. Rescates millonarios como los 37 millones de dólares pagados por el banquero Alfredo Harp, o los 50 millones de pesos por el inversionista Fernando Senderos, parecen hoy en día cosa del pasado.
En cambio, crecieron los secuestros en personas de bajos ingresos. Se les ha ubicado como “secuestros express”, porque son rápidos y con montos de rescate pequeños, generalmente realizados por delincuentes comunes e inexpertos que ampliaron la demografía de las víctimas. De acuerdo con la PGR, entre 2001 y 2004 el 29 por ciento de las denuncias de secuestro fueron de estudiantes, y 23 por ciento de comerciantes, lo que no sucedía en el pasado. Un dato más alarmante es que el 10 por ciento de ellas involucraba a niños menores de diez años. La mala economía para la mayoría de los mexicanos es uno de los factores que contribuye a ello. Por ejemplo, en 2003 los salarios en la manufactura crecieron 1.2 por ciento pero la inflación subió 3.98 por ciento. Y en 2002, el 10 por ciento de los más altos ingresos se quedaron con el 36 por ciento del ingreso total, mientras que el 20 por ciento de menores ingresos apenas se repartieron el 4 por ciento del ingreso total.
Este contexto explica que en 2004 se registraran cerca de 3 mil “secuestros express”, y que alrededor de un 82 por ciento de ellos sucedieran en la ciudad de México, el mejor galvanizador de la desigualdad. La economía es un factor que lleva a la delincuencia cuando no beneficia a las clases con menores ingresos que son la mayoría nacional. Pero el fenómeno no se limita a la economía. Hay componentes del fenómeno donde la corrupción de la policía juega un papel preponderante, al estar directamente involucrados con las bandas en la selección del objetivo, el estudio de sus bienes –con apoyos internos en el sistema bancario– y en la logística del secuestro. Dentro de este componente hay derivaciones en bandas compuestas por ex policías y ex militares que, como en los 90s, encontraron mejores formas de subsistencia.
El problema, en efecto, es bastante complejo y requiere no sólo de soluciones integrales que van de un modelo económico que genere menos desigualdad a una depuración y mejoramiento del sistema de procuración de justicia, sino que, para que se pueda empezar a caminar en ese rumbo, que los políticos dejen de incriminarse de zancadillas políticas y que trabajen, juntos, para la solución nacional del problema que carcome a la sociedad.