Las autoridades federales establecieron dos posiciones que parecen contradictorias pero no lo son, y que al mismo tiempo ubica en su tiempo y espacio a la normal rural de Ayotzinapa y a la desaparición de 43 de sus jóvenes estudiantes en Iguala. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que investigan la penetración de grupos delictivos en esa escuela, mientras que el subprocurador de Derechos Humanos, Omar Betanzos, aseguró que no hay evidencias de esos vínculos en la desaparición de los normalistas el 26 de septiembre de 2014.
La hipótesis de grupos delictivos infiltrados en el grupo de normalistas tiene como autor intelectual a Víctor Hugo Palacios Benítez, apodado El Tilo, jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala. En este espacio se publicó en mayo que la primera pista de la infiltración de Los Rojos en la normal de Ayotzinapa la aportó Sidronio Casarrubias, el jefe de Guerreros Unidos capturado el 16 de octubre del año pasado en el estado de México, quien declaró que entre los más de 50 normalistas que fueron a Iguala, iban 17 jóvenes miembros de una célula del grupo criminal de Los Rojos, cuya principal misión era asesinar a Benítez Palacios.
El Tilo es uno de los propietarios del auto lavado Los Peques, en Iguala, utilizado para ejecutar a sus rivales o víctimas de extorsión, y que siguió operando criminalmente hasta al menos abril pasado, cuando un argentino socio de la minera canadiense Media Luna, fue ejecutado en su interior. El Tilo es el único de los cinco hermanos Benítez Palacios identificados por las autoridades como Los Peques que participaron en la desaparición de los normalistas, que está prófugo. De acuerdo con la investigación de la PGR, él originó la confusión que permeó la investigación y dio lugar a varias de sus contradicciones.
Algunos miembros de Guerreros Unidos, involucrados en el crimen, se refirieron desde el principio a El Tilo como la persona que dijo que había una célula de Los Rojos en el grupo de estudiantes. De acuerdo con la investigación, reportó a sus jefes que esa célula había intentado asesinarlo en un ataque en el auto lavado, y que había causado heridas en una empleada. Quien refirió esta información a la PGR fue Casarrubias, y el ex procurador Jesús Murillo Karam la tomó como un hecho cierto, pese a que otros testimonios de jefes de Guerreros Unidos desmentían lo dicho por El Tilo.
Casarrubias detalló que la orden de matar a los jóvenes había sido dada a la célula de Los Rojos, por Santiago Mazari Hernández, sobrino de Alfonso Miranda, ex diputado del PT en el Congreso de Morelos, y jefe de plaza en Amacuzac. Nunca se aclaró de dónde sacó Casarrubias esa conclusión, ni los motivos de Murillo Karam para creerle. No obstante, el gobierno sabía que Los Rojos controlaban Chilpancingo y tenían vinculaciones con el ERPI, algunos de cuyos miembros están relacionados con el tráfico de opio, el principal cultivo en esa zona de la Tierra Caliente guerrerense. Información recabada en su momento por Murillo Karam sugería que en uno de los autobuses secuestrados por los normalistas, llevaban un cargamento de heroína y quizás hasta dos cuerpos, con el propósito de “calentar la plaza”.
Esa información nunca hubiera tomado carta de identidad de haberse atendido el peritaje que realizó la Fiscalía de Guerrero en las primeras 48 horas de la desaparición. La Fiscalía determinó que un quinto camión, el número 3278 de la empresa Ecoter, donde de acuerdo con el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presuntamente iba un cargamento de heroína, en realidad no llevaba nada. Pero el hecho que no haya evidencia de penetración criminal en el grupo de normalistas desaparecidos, no significa que dentro de la normal de Ayotzinapa no existiera tal infiltración, que es a lo que se refirió Osorio Chong.
La infiltración criminal en Ayotzinapa es un tema que resurgió esta semana con la difusión en Milenio de una grabación entre el líder de los estudiantes de Ayotzinapa, Omar Vázquez Arellano, y un sujeto no identificado. En ella, el segundo sujeto le informa que la banda criminal conocida como Los Ardillos, habían tratado de secuestrar a cuatro normalistas, presuntamente vinculados con Los Rojos. En la conversación identifica como la fuente de esa información a “el compañero Botas”, quien es Luis Alberto Hernández Martínez, hermano de Miguel Ángel Hernández Martínez, El Botitas, uno de los 43 desaparecidos en Iguala. Por su parte, el hermano de Vázquez Arellano, Israel, desapareció en Chilpancingo en noviembre de 2013.
La difusión de esa grabación ratificó la conflictividad existente en Guerrero, y colocó a la normal de Ayotzinapa a la defensiva. ¿Qué hay realmente detrás? Habría que retomar el comunicado del ERPI difundido en octubre del año pasado cuando da a conocer los nombres de los principales jefes de Guerreros Unidos y sus redes de protección institucional. Hay nombres que en ese momento no estaban en el radar del gobierno, y que surgirían como piezas claves en la desaparición de los normalistas tiempo después. ¿Por qué el ERPI reaccionó de esa manera y los denunció? Hace 11 meses se publicó en este que dirigentes sociales, magisteriales y abogados que respaldaban a la normal de Ayotzinapa, eran miembros o simpatizantes de esa guerrilla. Las razones, desde hace tiempo, eran públicas, pero el gobierno no había querido ventilarlas como ahora sí lo hizo.

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