EL-SUR

Viernes 03 de Diciembre de 2021

Guerrero, México

Opinión

ESTRICTAMENTE PERSONAL

Bendita torpeza

Raymundo Riva Palacio

Octubre 10, 2007


Nueva York

El llamado Plan México está haciendo agua. Estados Unidos hizo una reducción importante a la lista de peticiones mexicanas al
notar que lo que más había dentro del gobierno de Felipe Calderón era desorganización y ausencia de ideas concretas de lo que
se deseaba. La PGR, por ejemplo, que deseaba una ayuda de alrededor de 350 millones de dólares, recibirá 100 millones menos,
mientras que al CISEN, tan urgido de tecnología en estos días, le darán 7 millones, aunque originalmente no había pedido nada.
La administración Bush no tiene mucho dinero del cual pueda disponer, y para ayudar al combate contra el narcotráfico en
México usará partidas destinadas a Irak o a Afganistán. Pero el problema por el que atraviesa el plan no es sólo de recursos en
Washington, sino también por el desastre con el cual los mexicanos llegaron a la parte final de la negociación.
La responsabilidad de articular todas las áreas involucradas en el plan recayó en la secretaria técnica del gabinete de Seguridad
Nacional, Sigrid Artz, que depende de Los Pinos, y en el subsecretario de Relaciones Exteriores encargado de la relación con
Estados Unidos, Carlos Rico, quienes a decir de personas con conocimiento de las negociaciones, hicieron lo contrario a lo que se
supone era su trabajo: desarticular. La falta de cohesión dentro de las instituciones mexicanas provocó que empezaran a reducir
los montos de ayuda en Estados Unidos, donde notaron la falta de comunicación dentro de las dependencias y las fricciones entre
ellas.
Uno de los conflictos dentro del gabinete del presidente Felipe Calderón más comentados, se dio entre los secretarios de la
Defensa, Guillermo Galván, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por un sofisticado sistema de comunicación nacional que
permitiría enlazar a todas las policías del país, y que contiene tecnología de intercepción que hasta ahora sólo tiene el Ejército,
como el de monitoreo de las comunicaciones de Nextel. La discusión entre ambas dependencias duró algunas semanas, y
finalmente ganó García Luna, quien sin embargo tuvo diferencias con el Departamento de Estado y la Secretaría de Relaciones
Exteriores porque la cancillería estadunidense empezó a cuestionar el porqué deseaba cierto tipo de equipo y entrenamiento. Su
queja era que la parte técnica la veía su equipo con sus contrapartes, y que las cancillerías entrarían después, para el diseño
político del anuncio.
Arzt y Rico, de acuerdo con personas enteradas de la negociación, no fueron capaces de mostrar ante Estados Unidos la unidad
de criterio dentro de las dependencias mexicanas. De hecho, ambos funcionarios tuvieron problemas a lo largo de la negociación
hacia el interior del gobierno calderonista. Arzt, formada en relaciones internacionales y especializada en temas de seguridad,
chocó regularmente en las áreas de seguridad del gobierno donde consideran que entiende muy poco de la problemática, y
cuestionan una vieja vinculación con la Agencia de Asistencia para el Desarrollo, que es el brazo del Departamento de Estado
mediante el cual se otorga ayuda económica a países. La AID, como se le conoce por su acrónimo en inglés, será el vehículo por
el cual fluya la asistencia para el Plan México, lo que a decir de funcionarios mexicanos, es un conflicto de interés. Arzt ha tenido
diferencias con funcionarios de la PGR, de Seguridad Pública y de la Defensa, y parte de la falta de cohesión dentro del gobierno
obedeció a que estuvo informando a las secretarías lo que estaban pidiendo las otras, generando rivalidades.
No contribuyeron tampoco los diplomáticos mexicanos. En México atribuyen a la Embajada en Washington el origen de varias
filtraciones a la prensa estadunidense sobre la parte final de las negociaciones, como resultado, explican, de las presiones a las
que está siendo sometido el embajador Arturo Sarhukán, quien siempre ha negado ser fuente de nada. De hecho, dentro del
gabinete de seguridad nacional hay quien lo identifica como el primer responsable de haber generado presiones legislativas en el
Capitolio por haberse hablado de más durante un reciente encuentro con el Caucus Hispano. Peor aún el subsecretario Rico,
quien dijo la semana pasada en un foro en la ciudad de México que el paquete sería anunciado en breve. Sus declaraciones
motivaron molestia dentro de los gobiernos mexicano y estadunidense, y uno en particular, al enfatizar que el plan excluye a
personal estadunidense en alguna etapa de la implementación del acuerdo. Para los estadunidenses eso es imposible: ¿quién va a
instalar los equipos y dar los primeros cursos de capacitación sobre la nueva tecnología? Para los mexicanos era innecesario: la
retórica de Rico incrementa las presiones políticas en México.
Adicionalmente a ello, el hecho que se hubiera terminado la parte técnica del proceso, no significa que todo haya concluido. La
forma como se presentaría ante el Capitolio en Estados Unidos y ante el Senado mexicano, ni siquiera se había visto hasta la
semana pasada. Las indiscreciones de los diplomáticos mexicanos generaron presiones adicionales y fundamentales. El Plan
México no se vio jamás como un programa del Ejecutivo estadunidense, como fue el de rescate financiero en 1995. Desde un
principio se planteó como una ampliación de la asistencia militar y policial que ya se le da a México, y que pasa fiscalmente a
través del Congreso estadunidense. En las circunstancias en las que se encuentra la ocupación de Irak y Afganistán y el debate
sobre el mantenimiento de tropas estadunidenses en aquellas regiones, un desvío de sus recursos para apoyar el combate al
narcotráfico en México no llega en el momento más oportuno.
Las reducciones en el monto de las asistencia originalmente deseada –mil 500 millones de dólares–, a la inicialmente negociada –
de 900 a mil 200 millones–, al volumen en lo que podría quedar –600 a 800 millones–, han hecho desdibujar al Plan México. Y a
los problemas de operación política en Washington se le sumará el mismo tipo de problema en México, donde ya surgieron las
voces que urgen que el plan sea discutido, y en todo caso aprobado, por el Senado. Es correcta esa postura. El Plan México tendrá
que ser debatido, analizado e inclusive reformado por el Senado para que responda a los intereses mexicanos y no, como señaló
el lunes pasado en El Universal, Manuel Camacho, a los designios del Pentágono. Hay que analizar con cuidado los componentes
del plan, sus condicionalidades y los costos políticos de la dependencia militar de Estados Unidos. Hay que voltearlo de pies a
cabeza y agradecer a la candidez e inexperiencia de los funcionarios mexicanos a quienes responsabilizaron del plan por haber
hecho tal estropicio que darán tiempo al resto de los mexicanos de decidir si quieren seguir el camino del presidente Calderón o
corregírselo.

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