ESTRICTAMENTE PERSONAL

El último escándalo político-electoral en América Latina volvió a estallar, adivinó, en Brasil. La revista Veja, posiblemente el mejor semanario en todo Iberoamérica, reveló que el presidente Luis Inazio da Silva, Lula, recibió 3 millones de dólares de Cuba como financiamiento para su campaña electoral en 2002 a través de un diplomático isleño en Brasilia. Por supuesto, Cuba y el Partido de los Trabajadores, al cual pertenece Lula negaron la información, y este instituto estaba considerando demandar a la revista cuyo palmarés incluye las investigaciones en torno a la corrupción que le costó la Presidencia a Fernando Collor de Melo y la caída a José Dirceu, hombre de todas las confianzas de Lula.

La revelación de Veja, en todo caso, introduce al presidente Lula a una nueva espiral de sospecha sobre la forma como llegó al poder, semanas después de que aparecieran en la prensa las denuncias de cómo, para consolidarse en él, sus colaboradores más cercanos repartieron dinero en el parlamento para fabricar el consenso para gobernar. Lula sobrevivió aquellos embates no tanto porque los brasileños estuvieran convencidos de que él ignoraba lo que sus brazos estaban haciendo con la repartición discrecional de dinero, sino porque a nadie le interesaba, por así convenir a sus intereses, la caída de Lula, que hubiera significado el segundo presidente en una década en ser removido por asuntos relacionados con la corrupción.

Los casos de financiamientos electorales oscuros, como el presunto en Brasil proveniente del extranjero, son de suma importancia para todos los procesos de consolidación democrática en América Latina. Hay algunos países, como Brasil mismo, que han ido trabajando en una mayor transparencia sobre financiamientos electorales y gastos de campañas y precampañas, pero hay otros donde la solución de ese tipo de problemas de segunda generación democráticos, siguen siendo un déficit de la sociedad política. México, en este sentido, es campeón de la involución, donde sus partidos políticos y sus legisladores han sido tremendamente eficientes para impedir que el andamiaje democrático mexicano siga estando muy incompleto. O sea, para que se entienda con absoluta claridad, la elección presidencial de 2006 será regida por la misma ausencia de reglas sobre el financiamiento de precampañas que la de 2000, que tantos sufrimientos dio a muchos por casos como los Amigos de Fox y del Pemexgate, y donde al final de cuentas fue, para todos, borrón y cuenta nueva.

El financiamiento de precampañas en México es una de las anomalías que se viven. En el 2000, por la ausencia de regulación, nunca se pudo comprobar si, en efecto, la multinacional Coca-Cola inyectó recursos a la campaña de su ex gerente de zona, Vicente Fox, en su campaña presidencial, o si los intereses azucareros de cubanos anticastristas en Miami, hicieron lo mismo a cambio de que se modificara el status quo de las relaciones con Cuba. Lo único que se vieron fueron los resultados: cocacoleros beneficiados con los decretos de expropiación de los ingenios azucareros y de acuerdos de agua benéficos para ellos en Tamaulipas, y el derrumbamiento de 100 años de relaciones fraternas con Cuba. En 1994, por las mismas razones, no se pudo documentar como la CIA y el Departamento de Estado, a través de fundaciones que estimularon proyectos de democratización en México, influyeron en tomas de decisiones y construyeron actores que servirían como puntales para la derrota del PRI seis años después. Para 2006, el estado de cosas no tendría por qué variar.

La parte menos insana es una reedición de lo que se está viendo en Brasil. Lo único que llama la atención del reporte de Veja es que hayan sido los cubanos los que realizaron el trabajo de financiamiento, pues esa tarea se le había estado asignando a Venezuela, bajo el régimen de Hugo Chávez, en otras naciones latinoamericana. Operadores de Chávez estuvieron en Brasil durante la campaña de Lula, y cuando menos uno de ellos fue trasladado a México bajo cobertura diplomática, con la presunta misión de estudiar la canalización de recursos a uno de los candidatos para la Presidencia. La parte más insana es que el financiamiento provenga del narcotráfico, como ha venido sucediendo, en forma limitada, en las últimas elecciones, y que es lo que ocupa la mayor preocupación para las autoridades federales.

De hecho, para 2006, el principal riesgo para la seguridad nacional del Estado mexicano, de acuerdo con informes en el gobierno federal, es la posibilidad de que el narcotráfico financie campañas electorales. Hay reportes de cómo en el pasado inyectaron con éxito a varias gubernaturas en el país, e investigaciones de cómo las autoridades de municipios completos, llegaron a sus cargos de elección popular con dinero del narcotráfico a cambio únicamente de las jefaturas de policía local. Los partidos políticos han sido muy cuidadosos en rehuir a ese tipo de financiamiento, pero todos han sido tocados por el dinero del narcotráfico, con casos paradigmáticos en el norte de Tamaulipas y en Sinaloa. Estos dos estados siguen en la parte alta de la lista de dónde tomar precauciones, pero si se revisan los principales puntos de entrada de droga a México habría que añadir a la lupa para una mayor observancia a Chiapas, Guerrero, Michoacán, Tabasco y Quintana Roo.

No hay mucho qué hacer en términos legales, pues en una arena sin reglas para el financiamiento de precampañas, todo es posible. Lo que sí se puede hacer es el monitoreo sistemático y permanente por parte de las instituciones y de los medios sobre los gastos de campaña, para ir midiendo su evolución y monto de tal forma que puedan registrarse las anomalías o los movimientos extraños a fin de, en dado caso, exigir explicaciones. Pero algo más sonoro que gritar, será muy difícil, comprobando que todo un sexenio, gracias a los partidos y sus diputados, pasamos de noche la oportunidad que tuvimos a nuestro alcance de ir perfeccionando nuestra democracia.

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