¿A quién defiende el Estado?

Del 15 al 17 de enero de este año, El Sur publicó en tres partes una serie de reportajes sobre la situación que atraviesan varios campesinos que, por su labor en favor de la defensa ecológica, han sido víctimas de represión por parte de los órganos estatales y federales. Independientemente de que la temática de la represión a los ecologistas no es algo novedoso, ya el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera ha evidenciado, aunque sea mínimamente, cuanto el poder económico y el poder político pueden estar coludidos en la búsqueda de mantener intereses ajenos a los de las necesidades del pueblo guerrerense, sí plantea una serie de cuestiones que, aunque tampoco novedosas, sí por ser estructurales merecen  toda la atención.

La impunidad militar vinculada con la pobreza. No es algo nuevo que el Ejército mantenga, en estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, por mencionar alguno de los más conflictivos, un margen de acción que va más allá de toda legalidad. La práctica nos ha enseñado que el argumento mediante el cual el Estado ha pretendido sustentar la creciente participación militar en actividades de seguridad pública, ha quedado desvirtuado ante las crecientes denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas, principalmente, hacia personas que, por su labor en el campo o por vivir en condiciones de vulnerabilidad social y económica, son sujetos idóneos para ser víctimas de fabricación de delitos.

De esta manera, al detener y acusar de narcotraficante o eperrista a un campesino, el Ejército “justifica su labor”, aunque por otra parte y paradójicamente, los verdaderos secuestradores, narcotraficantes o asesinos (muchas veces bajo sospecha de estar ligados a las cúpulas de poder estatal o federal), gozan de cabal impunidad y en ocasiones inmunidad. En pocas palabras, el ser pobre es casi un sinónimo de ser delincuente, y aquellos que asolan a la sociedad guerrerense con sus crímenes, ya sea por estar involucrados directamente o por su acción omisiva, son quienes están encargados de combatirlos.

Para muestra un botón, ya el informe sobre desaparecidos elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha señalado los nombres de los militares Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo, en ese entonces a cargo de los principales organismos de seguridad pública, como artífices de la represión que, durante los años sesentas a ochentas se vivió en varias partes del estado de Guerrero. ¿Pero qué ha pasado con Rubén Figueroa y quienes desde el su gobierno planearon y fraguaron la masacre de Aguas Blancas? Habría que preguntarle a la PGR, el por qué a pesar de las evidencias existentes no ha sido ni siquiera investigado.

El Poder Judicial como factor que perpetúa la impunidad. Lo señalado en el punto anterior, no podría ser posible sin la aquiescencia de un Poder Judicial que, tanto en el ámbito estatal como federal, se ha caracterizado por convalidar graves violaciones a los derechos humanos e injusticias con argumentos de punibilidad y venganza excesiva, mismos que se les olvidan cuando se trata de funcionarios o ex funcionarios acusados de cometer algún delito. Sin pretender generalizar, puesto que seguramente habrá honrosas excepciones, la actuación que desempeña el Poder Judicial dista mucho de ser la de un verdadero poder que ponga freno a las arbitrariedades de los otros órganos del Estado e imparta justicia de manera imparcial y equitativa.

Los razonamientos de sus sentencias en muchas ocasiones, están fundados en actos de tortura u otras violaciones a los derechos humanos cometidas por el órgano aprehensor, que en la práctica son convalidados e incluso justificados por los jueces y magistrados.

Por el contrario no hay argumento suficiente que permita convencer a los juzgadores de la culpabilidad de sujetos vinculado al poder (Sotomayor Espino, Armijo de los Santos, por mencionar algunos). No sólo eso, la falta de conocimiento de la situación económica y social, factor fundamental que permite a un juzgador emitir una sentencia considerando el contexto sociopolítico y económico de la población, acarrea el que en muchas ocasiones, las sentencias seas desproporcionados con el grado de culpabilidad y la situación y condición social del sentenciado.

El panorama por cuanto hace a los derechos humanos en Guerrero y en México en general, dista mucho de ser halagador. Este hecho se acrecienta aún más si, como en Guerrero, las instituciones a quienes hemos confiado nuestra protección y el cuidado y respeto de nuestros derechos, actúan contrariando esa confianza depositada.

La situación de los ecologistas presos es un hecho que obliga a reflexionar, puesto que hoy son ellos quienes por una razón u otra padecen los asedios y excesos del poder, pero su realidad no está alejada a la de muchos otros ciudadanos. Entonces habrá que preguntarse si el día en que estemos en una situación similar, quisiéramos que nuestros destinos estén en manos de funcionarios cuyos intereses no son precisamente los de la justicia social y el respeto a los derechos humanos.