El informe de la Comisión Interamericana de Dere-chos Humanos (CIDH) sobre los derechos humanos en México, junto con la respuesta de las secretarías de Goberna-ción y Relaciones, y con la PGR, muestra una vez más la disonancia entre las autoridades nacionales y el resto del mundo.
Así como el Alto Comisio-nado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo en octubre, durante su visita a México, que existía una crisis general de derechos humanos, el relator especial de la ONU para la tortura dijo que ésta era una práctica generalizada, y para desapariciones forzadas que se trataba de un fenómeno extenso en el país; Amnistía Internacio-nal y Human Rights Watch han hablado de esta crisis, los medios internacionales y las cancillerías –empezando por la de Estados Unidos– y los distintos poderes legislativos en el mundo –incluyendo el Parla-mento Europeo y el Congreso en Washington–, han denunciado violaciones frecuentes y graves a los derechos humanos; el informe de la CIDH repite lo que muchísimos mexicanos sabemos: dicha crisis existe desde 2007 cuando Felipe Calderón inició la guerra del narco, y desde 2013 cuando Enrique Peña Nieto siguió adelante con ella.
Lo extraño es que el gobierno y un sector de la comentocracia y de la clase política mexicana tienen la impresión contraria. Esto es perfectamente comprensible. Lo difícil es entender cómo coexisten dos enfoques diametralmente opuestos ante una misma realidad, partiendo del supuesto que ambos tienen acceso a la misma información. Se me ocurren tres posibles explicaciones.
La primera es la del compló: los de fuera, que siempre critican a México, han fraguado una conspiración contra el gobierno y la imagen del país en el mundo. Como sólo los tontos o los ignorantes creen en los complós y no quisiera incluirme en ninguna de estas categorías, rechazo esa teoría.
En segundo lugar, el fenómeno del automovilista que va en sentido contrario y dice que los otros son idiotas que no saben que él va bien y ellos mal. Es posible que algunos sostengan que las violaciones a los derechos humanos en México durante este último decenio constituyen hechos esporádicos, localizados y castigados, y que ya se han tomado medidas para impedir que sucedan nuevamente. Esta explicación presupone que el mundo externo no sabe o no ha entendido esto, o actúa de mala fe y no quiere ver lo obvio: la tesis del gobierno.
La tercera explicación reside en la renuencia del gobierno y de sus partidarios de aceptar que efectivamente se encuentra de lleno en una crisis generalizada de derechos humanos, con origen en la guerra contra el narco, y que sin acabar con ésta no acabarán con la crisis. Como no quieren concluir con la guerra, devolviendo al Ejército a los cuarteles, dejando de incautar cargamentos de droga, ni legalizarla, y entregándoles a las autoridades norteamericanas la responsabilidad de impedir su entrada a territorio estadunidense, y en términos generales declarando que la guerra ha terminado, no tienen más remedio que seguir adelante.
Seguir con la guerra implica que se sigan violando los derechos humanos y, ante la apertura del país y –hay que decirlo, del propio gobierno– a la mirada externa, no hay más que seguir coleccionando informes condenatorios.