EL-SUR

Sábado 19 de Junio de 2021

Guerrero, México

Opinión

Crimen de lesa humanidad

Jorge Camacho Peñaloza

Septiembre 30, 2016

La historia del hombre es la historia de los crímenes, y la historia se repite. Así que la información es una defensa. A través de esto podemos construir, debemos construir una defensa contra la repetición. Simon Wiesenthal.

Se han cumplido dos años de los hechos del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, en los que tres normalistas de Ayotzinapa resultaron muertos y 43 desaparecidos, a manos de delincuentes y policías municipales de Iguala, Cocula y al parecer de Huitzuco.
No obstante ser un suceso de indignación no sólo nacional sino internacional, único en la historia del país, en el que policías municipales y delincuentes actúan violentamente contra 43 estudiantes, dígase lo que se diga de los normalistas de Ayotzinapa, comparable sólo con el 2 de octubre de 1968, la actuación de los tres niveles de gobierno no ha estado a la altura de la historia.
Desde entonces el gobierno mexicano ha exhibido su omisión, incapacidad y falta de voluntad política para llegar a la verdad y castigar a todos los culpables directos e indirectos, todo porque el responsable de la política interna ha andado en campaña, y tuvieron que pagar los platos rotos de la falta de previsión, un procurador general de la República y un director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
Los poderes legislativos local y federal igual se han eximido de la exigencia de justicia, y las sendas comisiones de seguimiento al caso que formaron no han siquiera emitido un posicionamiento contundente acerca de la obligación de las instituciones de todo el Estado mexicano de dar acompañamiento a los padres de los 43 y a los normalistas en su viacrucis de exigencia de justicia.
Ante esta situación de sospecha de que el Estado no quiere asumir su responsabilidad en este crimen de lesa humanidad, porque se trató de una persecución con motivos políticos, desaparición forzada carente de humanidad, como parte de un ataque integral o sistemático contra una comunidad, como establece el estatuto de Roma, en este caso los normalistas de Ayotzinapa, los padres de familia y los organismos de derechos humanos que los han acompañado, han logrado que intervengan organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que integró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, cuyo representante en México, Jan Jarab, estuvo recientemente en la normal de Ayotzinapa ofreciendo a los estudiantes y padres de familia el respaldo de ese organismo multinacional para llegar a la verdad y dar con el paradero de los 43, ante la incapacidad de hacer justicia por parte del Estado mexicano.
Ante la omisión, incapacidad o falta de voluntad del Estado para esclarecer el hecho, la intervención de esos organismos es importante para conocer la verdad, para que no quede en la impunidad, se repare el daño y se construyan las garantías para que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos.
Lo más correcto en términos de la búsqueda de la verdad y la impartición de la justicia, es que el Estado Mexicano permita que organismos internacionales de los que forma parte sean coadyuvantes en la revisión de su propia actuación en esos hechos, para poder determinar su propia responsabilidad no sólo en los hechos, por omisión, irresponsabilidad o intervención a través de las fuerzas públicas, sino en las investigaciones para conocer la verdad, desviándolas deliberadamente para auto eximirse de la responsabilidad.
Antes de los hechos hubo omisión de los diferentes ámbitos de gobierno mexicano al tolerar que los normalistas acudieran a la terminal de autobuses de Iguala para apoderarse de algunas unidades que se llevaban a su escuela en Ayotzinapa, las que después utilizaban para transportarse a los lugares en los que efectuaban movilizaciones; así como los vínculos del presidente municipal y su esposa con grupos delincuenciales, situaciones ambas ante las que la autoridad federal y estatal fueron omisas, siendo esa circunstancia la que hizo escalar el problema hasta que estalló ese 26 de septiembre.
De no haber existido la omisión, al subvaluar la información, minimizar las anomalías políticas y del cumplimiento de la función pública, desinterés, ese abominable hecho que hirió el corazón del país, y que hizo notar la incapacidad irresponsabilidad de los tres niveles de gobierno para prevenir a tiempo, no habría ocurrido.
A dos años de la desaparición de los 43 normalistas, la falta de voluntad del gobierno para dar con su paradero, la falta de resultados para exponer verídicamente los hechos, hace necesaria la intervención de los organismos internacionales como la ONU y la CIDH, a menos que el gobierno mexicano quiera seguir negando que el Estado incursionó directamente en los hechos con sus fuerzas públicas.
En lugar de que las instituciones del Estado hicieran un frente para hacer justicia, con todo y que se diga que este caso es el más grande en la historia de las investigaciones crimínales en el país, pareciera que los normalistas y padres de los 43 siguen solos deambulando en el desierto.
Vuela vuela palomita y ve y dile: a quienes buscan justicia para los 43 que ya no anden de aquí para allá, que no busquen la verdad en las mesas de la ministerial, sino en los tribunales de La Haya.