Los buenos gobiernos se conocen cuando lo que hacen vale más que lo que sus opositores dicen. Antonio Maura y Montaner.

Gobernar se ha convertido en una tarea cada vez más difícil, no sólo de adquirir, sino de ejercer y permanecer en la función sobretodo en contextos complejos como el de nuestro estado en donde confluyen causas y efectos estructurales y coyunturales, internas y externas, divergencias y coincidencias, encuentros y desencuentros, así como distintas responsabilidades, atribuciones y facultades entre niveles de gobierno y poderes públicos, y por eso tenía razón, y otra vez lo vuelvo a citar, el gobernador René Juárez cuando dijo que Guerrero no es Disneylandia y que sus problemas son de seguridad nacional. Ahora nuevamente el gobernador Héctor Astudillo pone en el centro de la problemática de la violencia y la delincuencia que ésta es un asunto de seguridad nacional.
Y pensándole bien, la violencia que padecemos en Guerrero proviene de delincuentes relacionados con el tráfico y venta de drogas, y con delitos del fuero común como homicidios, extorsión y secuestro pero que cometen en forma de delincuencia organizada, es decir en grupos que actúan con una estructura de mando, recursos y armas de uso exclusivo del Ejército, y toda esta complejidad delictiva es de incumbencia federal.
La sierra de Guerrero dónde ahora parece que hay una verdadera guerra civil es famosa desde hace varias décadas por la siembra de mariguana y amapola que se lleva al vecino país del norte, actividad que ha estado controlada por grupos, dirigentes de organizaciones, presidentes municipales, familias que pasan a conformar la delincuencia organizada, los cuales después se han disgregado y entrado en competencia y violenta confrontación. Eso pasó con la famosa y conocida familia de Los Rojos, los Nava, de Corral de Piedra, allá donde dicen que los hermanos Jesús, José, Leonor y Carmen mandaron hacer un Palacio casi como el Taj Mahal que sobresale en el pueblo de no más de mil habitantes. Desde entonces a la delincuencia se le dejó actuar, cultivar, traficar, crecer y penetrar en la sociedad con la complicidad de gobernantes y políticos de distintos colores. Ahora como cáncer actúa y delinque en todo el estado.
Combatir y enfrentar la delincuencia organizada es por ley una facultad del gobierno federal, de la Procuraduría General de la República, para eso tiene instancias específicas como la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada, apoyada por el Ejército y la Marina. También la Policía Federal, pero ¿qué han hecho las autoridades federales para impedir su crecimiento? ¿Qué ha hecho la PGR, la SEIDO, la Policía Federal en Guerrero para evitar que la delincuencia organizada se asiente y controle amplias zonas geográficas del estado? ¿Saben los guerrerenses qué han hecho estas instancias para enfrentar el problema? ¿Alguien sabe qué trabajo han hecho estas dependencias para que no se acendre el problema en la sierra de Guerrero? Yo le contesto: nada.
No es una atribución de los gobiernos estatales ni de los municipales enfrentar la delincuencia organizada porque se argumenta que no cuentan con los recursos de fuerza, tecnológicos y de inteligencia para hacerle frente. A los estados y municipios les corresponde más una función de mantener el orden público, la prevención del delito, porque no cuentan con una atribución, formación y preparación para enfrentar la delincuencia organizada.
Es cierto que en los estados el gobernador es responsable de lo qué pasa en casi todo, pero esto ha sido una creencia del régimen totalitario y hegemónico que ha venido perdiendo vigencia con el ascenso de la democracia, la pluralidad y el Estado de derecho. Aunque hoy la ley señala que la seguridad es una responsabilidad de los tres niveles de gobierno, lo cierto es que, si la delincuencia organizada ha crecido, domina, controla territorios y extrae impuestos con el cobro de derecho de piso, es porque el gobierno federal lo ha permitido, no ha podido o no ha querido combatirla de lleno con una estrategia integral.
La delincuencia organizada que se padece en Guerrero no es culpa del gobernador Héctor Astudillo, ésta se asentó desde antes del inicio de su gobierno, y la verdad, es un problema que ha ocupado una buena parte de su agenda, es el gobernador que más coordinación ha tenido con las instancias federales a través del Grupo de Coordinación Guerrero aunque al seno de este grupo las instancias federales no hagan realmente lo que se requiere para aminorar el problema.
La casi guerra civil en la sierra de Filo de Caballos, Chichihualco y Tlacotepec, y la violencia en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa y Taxco es una responsabilidad del gobierno federal porque es originada por la delincuencia organizada a la que debe enfrentar el gobierno federal. No hay elementos legales para culpar al gobierno del estado, menos al gobernador. Se equivocan quienes creen que la agudización de este problema coloca al gobernador Héctor Astudillo en una posición endeble de permanencia en su cargo porque legalmente no ha incurrido en omisión y en cuanto al deber, ha cumplido.
Vuela vuela palomita y ve y dile: A aquellos que se frotan las manos, de adentro y de afuera, que se van a tener que quedar con las ganas porque se van a quedar en modo de espera.