En las Fuerzas Armadas hay un cierto clima de molestia porque el gobierno de Felipe
Calderón decidió utilizarlas, entre otras cosas, como policías en su campaña nacional
contra el narcotráfico. El manoseo de sus funciones tiene que ver con que desde 1917
ningún Presidente ha querido reglamentar el uso del Ejército.
Pero hoy, ante su alta exposición pública e incremento en los márgenes de su
vulnerabilidad, empiezan a surgir voces que exigen a los legisladores que se reglamente el
sexto párrafo del artículo 89 constitucional que definiría los alcances de las Fuerzas
Armadas para la defensa y salvaguarda de la seguridad nacional. Los militares, tropas
regulares o de élite, de la Defensa o de la Marina, han sido utilizados desde diciembre
pasado en todo el país para respaldar los operativos de recuperación territorial de las
zonas que se encontraban en poder de los cárteles de la droga. Los han puesto en
controles de población, dentro de las ciudades más calientes del narco, o a cargo de
retenes en las carreteras. Los han llevado a la toma de comandancias policiales donde los
cuerpos municipales están sufriendo la metástasis del cáncer del dinero de la droga, y
para respaldar los programas de erradicación de drogas que, se quejan ellos mismos, no
va con la celeridad esperada. Están, por decirlo de alguna manera, en la primera línea de
fuego.
Esto conlleva sus riesgos. Por un lado, los colocó cerca del dinero fácil, como se demostró
en la perversión de la tropa desde los primeros años de los 80 cuando el gobierno
mexicano, requerido de ingresos para poder mantener la economía nacional a flote ante la
crisis petrolera, diseñó una política monetaria secreta para allegarse recursos
provenientes de la droga, utilizando por primera vez al Ejército para vigilar campos de cultivo
de mariguana y cocaína, particularmente en el norte y el Pacífico del país. México no se
hundió, pero el Ejército se contaminó y varios de sus generales se fueron involucrando en
actividades ilícitas, por lo cual algunos se encuentran actualmente en la cárcel. Por otro
lado, tampoco se resolvieron problemas de fondo que ayudaran a mantenerlos ajenos de
los cárteles, como es el caso de los salarios para cuerpos especiales, como los Gafes del
Ejército y los Ganfes de la Marina, que ante la baja paga han venido siendo reclutados por
los cárteles del Golfo y Sinaloa, respectivamente, que les multiplican los ingresos en
proporciones que pueden ir de 7 mil pesos mensuales a 30 mil cuando menos, en el
mismo periodo.
Estas deficiencias estructurales han provocado que sólo en el sexenio pasado 121 mil
soldados desertaran del Ejército y 45 mil de la Armada, y cuando un ciudadano escucha
que los narcotraficantes utilizan bombas, bazucas o son diestros en el manejo de armas
de alto calibre o reglamentarias para el uso exclusivo del Ejército, no suele preguntarse si
en realidad esos sicarios o lugartenientes de los narcos tienen una formación castrense.
La tienen. El caso de Los Zetas, el brazo armado del Cártel del Golfo, es la mejor prueba de
ello. Su jefe, Heriberto Lazcano, el Z-1, fue Gafe, y tiene bajo sus órdenes especialistas en
explosiones y demoliciones, telecomunicaciones e inteligencia, lo que hace a ese grupo
una suborganización de alta peligrosidad para los gobiernos de México y Estados Unidos.
Sus cuadros tienen un gran entrenamiento, como el caso de Gerardo Sánchez Trujillo,
detenido recientemente en Villarín, Veracruz, cuando asesinaron a Efraín Teodoro Torres, el
Z-14, quien desertó de los Gafes hace tres años después de haber ocupado el tercer lugar
de su clase en los cursos de especialización de tropas de élite en Fort Bragg.
La discrecionalidad con la que los gobiernos han manejado a las Fuerzas Armadas ha
llevado a los militares a momentos de enorme desprestigio o tensión con el presidente en
turno. Su manejo político como fuerza represora en 1968 los sigue marcando después de
casi 40 años de la matanza de Tlatelolco. El presidente Ernesto Zedillo le impidió que
cumpliera con su tarea constitucional cuando su estrategia política contra el EZLN fue
aislarlos y deshidratar a las comunidades indígenas en las zonas guerrilleras, impidiendo
cuando menos en dos ocasiones que procedieran a la captura del Subcomandante
Marcos, como solicitaban les autorizaran. Y el presidente Vicente Fox fue más allá,
humillando al Ejército al autorizar dos zapatours al EZLN y permitirles, violando la
Constitución, viajar por el país. Adicionalmente, y sólo porque el ex secretario de la
Defensa, general Clemente Vega García se negó, planteó movilizar a la tropa para enfrentar
movilizaciones que pensaba habría si procedía a encarcelar a Andrés Manuel López
Obrador cuando el proceso del desafuero. El presidente Calderón no ha llevado a las
Fuerzas Armadas a ese extremo, pero su uso policial no ha resultado del agrado
generalizado. Las Fuerzas Armadas no están para que se manejen bajo un esquema
policial. Aquí y en el mundo son procuradoras de la seguridad nacional, que incluye la
atención a población en caso de desastres. Los señalamientos específicos a legisladores
para que se reglamente el uso del Ejército, no pueden soslayarse. Es evidente que existe
una preocupación creciente y un proceso extrovertido de un sector que manejaba la
secrecía como parte de su vida cotidiana. Las Fuerzas Armadas han venido evolucionando
en su relación con el mundo civil, particularmente el político, interactuando de forma
totalmente distinta al pasado.
Aunque profundamente institucionales, ya no han permitido un manejo caprichoso de sus
cuerpos, desarrollando una interlocución crítica con el Ejecutivo. Reglamentar el 89
constitucional en su párrafo 6 implica, sin embargo, una discusión que tendrá que darse
sobre el papel que deben jugar en la actualidad. Si los están utilizando para el combate al
narcotráfico, ¿habría que darle el sustento constitucional para ello? Esta discusión puede
ser muy pantanosa. La contaminación de altos mandos militares con el narcotráfico se dio,
en parte, por su exposición ante el fenómeno y su cercanía al redituable negocio.
Reglamentar el artículo para que lo hagan de manera formal y legal oficializaría lo que
están haciendo y amplía esa posibilidad a un estadio del que han temido los presidentes
mexicanos: sacar al Ejército a la calle. Sucesivas recomendaciones históricas a los
presidentes mexicanos sostenían que el problema no era sacarlo, sino regresarlo a los
cuarteles. Es decir, el temor eterno de que las Fuerzas Armadas tomaran el poder real del
país, bajo la máscara civil. ¿Estamos listos para esa discusión y enfrentar los fantasmas
que nos han perseguido por décadas? No queda mucho margen de maniobra para seguir
elucubrando en el vacío intelectual. Lo que no se puede permitir es la manipulación de la
tropa para objetivos políticos, sin importar que coyunturalmente estos objetivos persigan un
bien para la nación.

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