Hay dos entidades de la república mexicana que pese a la enorme distancia geográfica que las separa poseen similitudes provenientes de un contexto común: Guerrero y Chihuahua. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió sentencia contra el Estado mexicano el 16 de noviembre de 2009 por graves violaciones a los derechos humanos de mujeres asesinadas en Campo Algodonero, Chihuahua, porque las autoridades de esa entidad no prestaron auxilio ni la atención debida a las víctimas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también emitió sentencia contra el Estado mexicano el 30 de agosto de 2010 por omisiones de las autoridades de Guerrero ante la agresión sexual que sufrieron Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega por parte de miembros del ejército mexicano.
En los estados de Chihuahua y Guerrero se reportan año con año un gran número de mujeres asesinadas en su territorio. Desde el año 2004, Guerrero y Chihuahua triplican la tasa nacional de homicidios dolosos de mujeres, referencia que les otorga el tercero y cuarto lugar de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En 2009 la tasa nacional de mujeres asesinadas fue de 3.52, por cada 100 mil mujeres, y ese mismo año la tasa en Guerrero fue de 10.7 y en Chihuahua de 13.09, lo que numéricamente equivale a asesinatos de mujeres en países en guerra donde además las mujeres son convertidas en objeto de venganza.
En ambas entidades, Chihuahua y Guerrero, la cifra de mujeres asesinadas se multiplicó de manera alarmante justo con la alternancia política. En Chihuahua el cambio ocurrió en 1993, en Guerrero en 2005. Y se ha argumentado, como explicación, que el aumento de la violencia homicida en general, se debe a la ruptura de pactos mafiosos existentes antes del cambio político, así como el reacomodo y disputa de nuevos territorios de actuación de grupos vinculados a diversas formas de delincuencia.

Asesinatos de mujeres en el contexto de la alternancia política.

En Guerrero hasta el año 2004 el número de mujeres asesinadas al año apenas llegaba a 50; ellas y sus agresores estuvieron plenamente identificados; en la mayoría de los casos agresor y víctima tuvieron lazos afectivos o filiales. Para 2004 aparecieron en el municipio de Chilapa de Álvarez las primeras mujeres que, además de ser asesinadas, previamente fueron torturadas y quemadas en cara y cuerpo. Para 2005 por primera vez el número de mujeres asesinadas en Guerrero alcanzó 120; ese año aparecieron las mujeres no identificadas, una gran cantidad de ellas quedó en calidad de desconocidas, los homicidas tampoco fueron identificados, y con ello la posibilidad de imponer castigo a los culpables se diluyó junto con la posibilidad de la reparación del daño a sus deudos entre los que se encontraban hijos e hijas menores de edad que quedaron en absoluto desamparo.
De enero de 1994 a junio de 2005 los homicidios dolosos de mujeres ocurrieron en 25 municipios de la entidad, 11 de ellos fueron los de mayor incidencia: Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, José Azueta (Zihuatanejo), Atoyac, Coyuca de Benítez, Iguala, Petatlán, Tecpan, Ometepec y San Marcos. En el mismo lapso el mayor número de homicidios dolosos de mujeres se concentró en Acapulco, llegando al 47% del total.
De acuerdo con el Estudio de violencia feminicida en Guerrero de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LIX Legislatura (2006), al Informe del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres Hanna Arendt. IIEPA-IMA-UAG (2003-2009) y al de Registros Administrativos de la Procuraduría de Justicia del Gobierno del Estado 2001-2005, en 1994 ocurrieron 52 asesinatos de mujeres; 22 en 1995; 15 en 1996; 21 en 1997; 13 en 1998; 13 en 1999; 26 en 2000; 22 en 2001; 33 en 2002; 46 en 2003 y 55 en 2004. Las fuentes indican que de enero de 1994 a diciembre de 2004 en Guerrero ocurrieron al menos 318 asesinatos de mujeres.
El año 2005 fue el punto de inflexión para el aumento de los asesinatos de mujeres, ese año llegó a 120. De enero del 2005 a diciembre de 2010, cuando en Guerrero se incluyó en el Código el tipo penal de feminicidio las cifras de asesinatos de mujeres se habían duplicado en la mitad de tiempo: de 318 registrados en los 10 años anteriores pasó a 666 en cinco años: 120 en 2005; 107 en 2006; 97 en 2007; 89 en 2008; 128 en 2009; y 125 en 2010.
El Observatorio Nacional de Feminicidio (ONF) en su informe 2010 reportó que de 2007 a 2010 en 18 entidades federativas de México ocurrieron 2 mil asesinatos de mujeres. El estado de Guerrero registró en ese lapso 439 asesinatos de mujeres, por lo cual bien pudo haber aportado el 21.2% de la cifra total reportada por el Observatorio Nacional .
En 2006 en Acapulco, en la calle Bernal Díaz del Castillo, de la colonia Progreso, fue abandonado el cadáver de la joven Claudia Esmeralda Balanzar Casiano, de 24 años de edad, dedicada a la promoción del turismo. Las autoridades la hallaron en una bolsa de alimento de perro. Fue asesinada con saña, tenía huellas de haber sido torturada además de haber sido asfixiada con una bolsa de plástico en la cabeza y con disparo de arma de fuego en el cráneo. La prensa asoció el asesinato con el modus operandi de los grupos de delincuencia organizada vinculada al tráfico de drogas. (El Sur 17 y 19 de abril; Novedades 18, 19, 20 y 21 de abril; Sol de Acapulco 18, 19, 20, y 21 de abril y 8 de mayo).
La revista Forbes del 4 de enero de 2015 en su artículo “Los municipios más inseguros de México” mencionó que a partir de 2005 en Acapulco se inició una escalada de homicidios dolosos vinculados al crimen organizado y que esta ciudad registró durante ese año el mayor número de homicidios en el país lo que le valió la clasificación de la tercera ciudad más violenta del mundo; de acuerdo con esta fuente en 2005 ocurrieron en Acapulco mil 310 asesinatos; en Iguala 50 y en Chilpancingo de los Bravo, 48.
En el trabajo de Alejandro Encinas “Drogas y poder”, publicado en la Revista Zurda, (enero 2016) el autor compara el número de homicidios dolosos ocurridos en Guerrero proporcionados por el Inegi con la información de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre homicidios dolosos atribuibles al crimen organizado obteniendo según esta fuente que en 2007 se registraron 764 homicidios dolosos en Guerrero de los cuales 299 se atribuyeron al crimen organizado, es decir el 39.1%; el punto más álgido parece haber sido el 2010 cuando el Inegi registra mil 567 homicidios dolosos de los cuales mil 137 se atribuyeron al crimen organizado, es decir el 72.5%. En el caso de los homicidios dolosos de mujeres más de una vez ha sido usado como argumento para justificar la inacción que las mujeres asesinadas tenían algún tipo de relación con quién las privó de la vida, lo cual no sólo no exime del cumplimiento de la ley, al contrario obliga a la debida tipificación y castigo a los responsables.
En el estado de Morelos en 2015 se aprobó la alerta de género para ocho municipios y para lograrlo fue muy importante la información oficial, pero también la contribución desde la sociedad civil como la que proporcionó la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos que documentó 530 homicidios dolosos de mujeres ocurridos entre el año 2000 y el 2013; en Guerrero del 2000 a 2012 habrían ocurrido al menos mil 286 asesinatos de mujeres, casi tres veces más que en Morelos. Aunque las expertas en el tema han dicho bien que no se trata solamente de números, el aumento en las tasas y en los números porcentuales es alarmante, y ha aumentado también exponencialmente la crueldad con la que las mujeres son asesinadas. Es indispensable que se investigue cada caso para garantizar que se aplique la ley y el debido castigo a los responsables. De no hacerlo se seguirá contribuyendo a naturalizar la misoginia y la violencia, así como a la inseguridad e impunidad haciendo de nuestra entidad un espacio territorial inseguro y de alta peligrosidad en el que no es posible vivir sin miedo. Es la hora de coordinar los mayores esfuerzos entre gobierno y sociedad civil organizada, para dar seguimiento cabal a la procuración y aplicación de la justicia en Guerrero. Así como el incremento de las políticas públicas, económicas, educativas y culturales que contribuyan a erradicar la discriminación, la misoginia y la violencia contra las mujeres.