Raymundo Riva Palacio
Diciembre 23, 2005
Este año terminará como nadie hubiera previsto: con un conflicto soterrado en el gabinete de seguridad nacional del presidente Vicente Fox, donde el eje de la molestia y del temor es el secretario de la Defensa Nacional, el general Clemente Vega. El conflicto estalló hace escasas tres semanas como consecuencia de un video donde aparecían cuatro miembros de Los Zetas torturados y ejecutados, que fue entregado a la prensa estadunidense por el FBI en represalia contra el gobierno mexicano porque hizo caso omiso a un ultimátum para detener a 40 miembros que habían desertado del Ejército para irse a trabajar con ese grupo que hace las veces de sicario del Cártel del Golfo.
Al nivel público, la difusión del video provocó un choque entre los dos brazos operadores de la PGR, la Subprocuraduría para Delitos contra el Crimen Organizado, que encabeza José Luis Vasconcelos, y la Agencia Federal de Investigaciones, a cargo de Genaro García Luna, que se metieron en una secuencia de acusaciones y recriminaciones que provocó una tensión que estuvo a punto de llegar a los puños, literalmente hablando. Sin embargo, en el fondo el problema real no le atañía tanto como al secretario de la Defensa, cuyos soldados desertores son el motivo del enfrentamiento con Estados Unidos. El general Vega, en el momento que inició la crisis, ni siquiera estaba en México, pues se hallaba de visita oficial a Colombia, y apresuró su regreso, pero no para dar respuestas a la inacción de las deserciones, sino para mediar entre Vasconcelos y García Luna.
Vega desayunó con ellos en la Secretaría de la Defensa para pedirles que atemperaran su molestia, ante la poca efectividad del procurador Daniel Cabeza de Vaca, quien no sabía cómo resolver el violento choque entre sus dos subalternos. Cabeza de Vaca, de acuerdo con personas que lo vieron en esos días, tenía como principal preocupación no incomodar al secretario de la Defensa por lo cual, lejos de hablar con él como pares que son dentro del gabinete, prácticamente se subordinó a sus acciones y permitió que fuera él quien mediara entre Vasconcelos y García Luna. Lo que no hizo el secretario de la Defensa, ni exigió Cabeza de Vaca, fue una respuesta al por qué no se ha detenido a los 40 desertores militares que se fueron a trabajar con Los Zetas, pese a que su identificación, así como las direcciones en donde se encuentran, se las entregaron al gobierno mexicano desde junio pasado.
Cabeza de Vaca actuó con temor ante el secretario de la Defensa por la genuflexión con la que se comportó. Sin embargo, no todos dentro del gabinete actuaron de esa manera. De acuerdo con información del primer nivel de gobierno, sí hubo un secretario que expresó la molestia con la Secretaría de la Defensa que otros tenían, pero no se atrevieron a decir. El secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, según esta información, externó la preocupación del por qué la Defensa no había actuado para detener a los desertores, señalando que el nuevo diferendo con Washington se centraba exclusivamente en ese punto. No ha habido respuesta hasta ahora, ni dentro del gabinete foxista, ni con Estados Unidos. De los desertores, ni una palabra.
El problema de las deserciones tiene plagada a la Secretaría de la Defensa Nacional desde hace varios sexenios. En efecto, no es un problema que nace ni se agudiza con el gobierno de Fox. No obstante, dentro de los parámetros de esta administración, se apreció un importante repunte en las deserciones durante 2004 al llegar a 18 mil 349, comparado con el total sumado en los años previos: 14 mil 744 en 2003, 15 mil 503 en 2002, y 15 mil 870 en 2001. Hasta septiembre de 2005, según los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional entregados por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) a la revista de El Universal, el total de deserciones sumaba 15 mil 401, permitiendo adelantar que para fines de año será, cuando menos, el segundo peor de este sexenio.
El incremento de deserciones coincide con el dislocamiento del control del narcotráfico en México durante este gobierno, aunque de ninguna manera todos los soldados que abandonaron en forma ilegal al Ejército se fueron a trabajar con los cárteles de las drogas. De hecho, es sólo una mínima parte de ellos quienes se pasaron de bando. De acuerdo con un documento confidencial del FBI sobre Los Zetas, trabajan con ellos entre 300 y 350 militares. Pese a la suma, que porcentualmente es muy pequeña, la preocupación en Washington es que quienes se han pasado al lado de los narcotraficantes son principalmente miembros de los grupos de élite, que fueron entrenados por diferentes agencias federales estadunidenses, y que han continuado el reclutamiento de militares y policías, aún activos dentro de sus corporaciones, ampliando su zona de operaciones a cuando menos seis estados de la Unión Americana.
Oficialmente, el gobierno foxista no ha dado ninguna respuesta satisfactoria sobre las deserciones que terminan en el bando de los narcotraficantes. Más aún, las declaraciones públicas han sido que Los Zetas no existen ya más. La realidad es totalmente diferente, y la principal razón que dan los políticos que conocen el problema a fondo se centra en los niveles salariales. De acuerdo con la misma información del IFAI, el pago mensual para un sargento, que es el rango de las fuerzas de élite, es de 5 mil 148 pesos, contra poco más de 300 mil pesos que llegan a pagar Los Zetas a sus sicarios. Un argumento sólido es que pese a tan monumental diferencia salarial, las deserciones hacia Los Zetas son mínimas. Pero eso no debe ser consuelo. Los cuerpos de élite están entrenados para todo, incluido para matar, y requiere una respuesta de la Secretaría de la Defensa, no sólo al secretario Medina Mora, el único que ha tocado el punto en la privacidad del gabinete, o a Estados Unidos, que la exige, sino a todos los mexicanos que la seguimos esperando.