Las universidades todas, públicas y privadas, han sido imaginadas como espacios de pensamiento libre, reflexión, transmisión y creación de conocimientos. Se ha dado por sentado que las universidades son ese espacio de respeto y promoción de la universalidad y que la universalidad es impensable sin libertad, igualdad y no discriminación. Sin embargo, en diversas universidades del país como Puebla, Veracruz, y la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM), entre otras, desde hace varios años emergieron acciones colectivas para denunciar la violencia contra las mujeres: estudiantes, profesoras y trabajadoras.
Las colectivas que se han expresado al interior de las universidades del país, denunciaron la inexistencia del estado de derecho en su interior, la violación constante a sus derechos, la inexistencia de la aplicación de la ley, la falta de acceso a la justicia y reparación del daño, la invisibilización y/o negación de la existencia de la gravedad del problema. A esta denuncia se agregó la ausencia de mecanismos y procedimientos para recibir las denuncias, para activar los mecanismos de protección y la sanción de los responsables. Por el contrario, se hizo visible la actitud de “horda” en el encubrimiento y protección de los responsables. Quedó claro que las universidades son hoy también un espacio de extraterritorialidad, donde la ley no impera, de resistencia feroz al cambio y el fortalecimiento de la democracia.
La acción de las colectivas de las universidades, de las feministas y de las mujeres puso en la agenda nacional un problema político de la mayor relevancia, –la persistente desigualdad de las mujeres, y el uso de la violencia de género como mecanismo de dominación al interior de esas instituciones– espacios donde la libertad de pensamiento, de acción, respeto a la ley y a la vida debe estar garantizado.
El accionar de las colectivas puso en claro también que los derechos de las universitarias no están garantizados en ese –su espacio– y que no lo están porque las élites que las dirigen y gobiernan son refractarias, se niegan a aplicar la legislación vigente a favor de los derechos de las mujeres a pesar de estar en el texto de la Constitución, la Convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención de Belem Do Pará, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal contra Discriminación, Ley de Igualdad entre mujeres y hombres y la Ley de atención a Víctimas, entre otras.
La negativa de las élites del poder universitario a incorporar los avances legislativos a favor de las mujeres es la razón por la cual a la fecha no existen mecanismos, estructuras y procedimientos que hagan efectivos los derechos de las mujeres, esa negativa reiterada de las autoridades universitarias es constitutiva de –violencia institucional–, esta violencia institucional ha sido denunciada por ellas como una violencia que se suma a las que ya padecen en los espacios públicos y privados.
¿En estos tiempos violentos hay algo más grave que la ausencia del estado de derecho? Sí, que las instituciones destinadas a la creación del saber y el conocimiento sean escenario de la necro-política, –donde las vidas no importan–. La demanda de las mujeres universitarias es apenas un pálido reflejo del riesgo que enfrentan en esas instituciones día a día.
A pesar de la gravedad del problema político-jurídico-cultural, los representantes de las instituciones educativas, en general, optaron por ignorar los planteamientos de las colectivas, dejaron en manos de las demandantes la responsabilidad de atender la violencia de género, desde el no poder, sin estructuras vinculantes, sin recursos asignados, sin capacidad de decisión. ¿Fue necesario que las mujeres transitaran por esta experiencia?, sin duda lo fue, pero es insuficiente y ha sido poco eficaz porque es el reflejo del poder real de las mujeres dentro de las universidades, el no poder.
Por desgracias la falta de poder de las mujeres no sólo se expresa en la ausencia de paridad en la representación de los órganos de gobierno de las universidades, su ausencia empieza en sus estructuras normativas, en ellas las mujeres no existen, los ordenamientos están redactados en masculino y desde el androcentrismo. Sí las mujeres no existen en los contenidos normativos de las universidades, ergo, tampoco existen sus derechos. Los avances legislativos a favor de la igualdad y no discriminación de las mujeres, conseguidos a lo largo de 40 años, están ausentes de la normativa universitaria. La defensa de los derechos las universitarias las ha puesto frente a una cultura que naturaliza la violencia. Las únicas estructuras con poder para aplicar sanciones, están compuestas y representadas por profesionistas hombres que de forma deliberada ignoran los procedimientos para hacer efectivo el respeto a la vida y la libertad de las mujeres.
La legislación universitaria, tal como está hoy, es contraria a los derechos humanos de las mujeres, a pesar de ello prevalece sobre la norma constitucional y las leyes que mandatan el respeto a la igualdad y no discriminación. La desigualdad y discriminación de las mujeres, además de ser un grave problema político es un auténtico problema jurídico derivado de la no aplicación de la ley.