Cuando Andrés Manuel López Obrador dijo durante su campaña presidencial que ofrecería amnistía a quienes hubieran participado en el narcotráfico, hubo quien pensó que se le abría una ventana de oportunidad. Era Miguel Ángel Treviño, apodado El Z 40, el jefe de Los Zetas, quien estaba en la cárcel desde julio de 2013, quien envió a sus abogados para entregar un mensaje a la campaña del candidato presidencial. Treviño se comprometía a reducir hasta en un 50 por ciento la violencia en Nuevo Laredo, el tráfico de drogas, de armas, el contrabando de migrantes y el robo de combustible, a cambio de una sola cosa: si llegaba López Obrador a la Presidencia, que no lo extraditara a Estados Unidos. No hubo tiempo de nada, porque el 19 de julio del año pasado, salió de México hacia una cárcel en aquel país.
La violencia continuó y Los Zetas siguieron administrando su empresa criminal, que tuvo una importante inyección de recursos cuando en sus momentos de crisis por falta de droga hace casi 15 años, se diversificaron hacia el robo de combustible, que comenzó con ellos el gran saqueo al patrimonio mexicano. Los Zetas hicieron de su negocio una operación trasnacional, y vendieron, con documentos falsos, cuando menos 46 millones de dólares de petróleo a refinerías en Estados Unidos, que posteriormente enfrentaron juicios y varios de sus directivos fueron a la cárcel. La delincuencia organizada es la que más ganancias extrae del robo de hidrocarburos en el mundo, que es uno de los más grandes fenómenos criminales de este siglo.
De acuerdo con un amplio documento del Centro de Energía Global del Consejo del Atlántico, una organización privada estadunidense que nació en 1961, que dio a conocer en 2017 (Downstream Oil Theft: Global Modalities, Trends and Remedies), el negocio representa utilidades criminales anuales por 133 mil millones de dólares, que es superior al peso económico total de Kuwait, una de las naciones petroleras. El documento cita 10 casos de estudio, donde se encuentra México, en el que señala que extraer petróleo refinado durante sólo siete minutos, le representaba a un cartel ganancias de 90 mil millones de dólares. Un ingeniero de Pemex fue detenido cuando se descubrió que cobraba mil 250 dólares por cada toma clandestina que dejaba sin reportar.
El reporte menciona que la delincuencia organizada es la que más está involucrada en el robo de hidrocarburos, pero no es la única. En orden de importancia hay funcionarios o empleados gubernamentales, comunidades “desesperadas” porque no tienen otra forma de obtener recursos, políticos y terroristas. En el caso mexicano, de acuerdo con un estudio elaborado en 2017 por la consultora EnergeA para la Comisión Reguladora de Energía, quienes participaban además del llamado huachicoleo, eran grupos armados especializados, bandas criminales de bajo impacto, empleados y ex empleados de Pemex, gasolineros, policías y empresarios. Paradójica-mente, aunque el robo estaba convertido en uno de los problemas más apremiantes, López Obrador no habló sobre esto durante sus conversaciones con el presidente Enrique Peña Nieto en la transición, ni este se lo planteó como una prioridad.
No fue prioridad del Estado mexicano hasta el 27 de diciembre pasado, cuando el presidente López Obrador anunció un plan para combatir el robo de hidrocarburos. La crisis del abasto de combustible, resultado de incompetencia de las autoridades energéticas en la planeación adecuada de la distribución para acompañar ese combate, ha sido capitalizada por López Obrador para socializar didácticamente el problema enfrente e ir construyendo un consenso nacional, que no tuvieron anteriores gobiernos, para ir a golpear al corazón del huachicoleo. El corazón se encuentra en quiénes son los principales responsables, por los cuantiosos beneficios que obtienen, del robo de hidrocarburos, o quiénes pudieran ser figuras emblemáticas involucradas en el delito que mande un mensaje a quien quiera seguir delinquiendo: quien quiera seguir delinquiendo, que sepa que la pasividad y la tolerancia se acabaron y si los atrapan, pagarán las consecuencias.
A través de declaraciones públicas, el gobierno de López Obrador ha identificado a cuatro personas a las que se está investigando por este tema. Funcionarios federales dicen que han ido a declarar en la PGR en calidad de “presentados”, lo que no significa que sean imputados en este momento por cualquier delito. El único nombre que ha trascendido, al tener que confirmar el presidente reportes de prensa, es el del general brigadier Eduardo León Trauwits, que de jefe de escoltas del gobernador Peña Nieto, pasó a ser jefe de seguridad de Pemex en el gobierno anterior. En junio de 2017 se retomó en este espacio una investigación publicada en Eje Central, donde el general brigadier era la figura central en una demanda civil en Florida, por haber incumplido con el pago de 1.7 millones de dólares de comisión –de un total de 9.7–, por la compra de dos aeronaves para transporte de personal, cuya información se mantiene en reserva.
Funcionarios federales dijeron que además del militar hay otras cuatro personas, para un total de cinco, sobre los cuales hay sospecha de haber participado en el robo de hidrocarburos. Los nombres los mantienen en reserva, pero incluye a dos ingenieros de Pemex, en el área de logística, un empresario y un ex legislador.