Lo que ha sido creído por todos siempre y en todas partes, tiene todas las posibilidades de ser falso.
Paul Valery

Es un problema que evidentemente se salió de control, que desafortunadamente tiene como causa incentivos legítimos y legales, pero que en su evolución fueron perdiendo virtudes éticas y morales, que hoy en día son dos elementos que están regresando como determinantes para acción política, lo que los condujo finalmente a la ilegalidad y pérdida de su legitimidad. Me refiero a las policías comunitarias o grupos de autodefensa, ante los que erróneamente el gobierno de Rogelio Ortega Martínez impulsó y cobijó, y posteriormente en la actual administración de Héctor Astudillo Flores se contuvieron evitando que el problema estallara en una crisis, pero que siguen estando fuera de control y afectando cotidianamente la vida de miles de personas.
Se salió de control porque estos grupos crecieron en la Montaña, Costa Chica, en la Región Centro, en la Sierra, Costa Grande, zona Norte y hasta en Acapulco por el lado de Xaltianguis y Cacahuatepec, al grado que se puede decir que en Guerrero cientos de pueblos a lo largo de su geografía están en armas y confrontados fuera de control tanto legal, coactivo como político, porque fuera de la ley se desplazan con armas de alto poder por todo el estado coexistiendo con las fuerzas públicas de los tres niveles de gobierno, delinquiendo, aliándose con grupos criminales, metiendo a miles de pobladores en una situación de miedo afectando sus vidas, patrimonio y derechos humanos, lo que al final del día les hizo perder la legitimidad de origen que los sustentaba.
El primer elemento de su legitimidad fue que esas “policías comunitarias” nacieron en donde no había seguridad pública, donde el Estado no estaba presente para garantizar a la población su seguridad. Dos, porque la seguridad que mandaba hacía exactamente lo contrario: intimidar a la población, sobajarla y extorsionarla inventándole todo tipo de faltas y delitos, lo cual hizo que las policías de gobierno se convirtieran en una verdadera amenaza; delincuentes con charola y enemigos de los pueblos, situación que los orilló a la necesidad de organizarse y crear desde la soberanía misma del pueblo, es decir, la voluntad colectiva, sus grupos de seguridad, policías comunitarias o grupos de autodefensa, necesidad que se agudizó con la entrada a los pueblos de grupos delincuenciales organizados adherentes a mandos criminales de los grandes cárteles criminales con presencia en el estado.
Ya organizadas esas policías no sólo velaron por la seguridad de los pueblos, sino que se convirtieron, obviamente en medio de la pobreza y el abandono oficial, en movimientos de gestión de su desarrollo acrecentándose su legitimidad, aunque no su legalidad, porque empezaron a adoptar conductas legalmente erróneas que se profundizaron cuando surgió la confrontación entre esas policías o grupos de autodefensa por el control territorial de los pueblos, cuando se aliaron al crimen organizado y cuando estos grupos criminales organizaron sus propias fachadas de “policías comunitarias”.
En ese coctel de legitimidad e ilegalidad no se ha atinado en contener el crecimiento, operación y peligrosidad de estos grupos armados ante lo que la solución del desarme debería ser, sin más, una obligación del gobierno federal, la garantía de la seguridad de los gobiernos estatal y municipales, y la estabilidad de la capacidad política para canalizar el problema por las vías del diálogo y los acuerdos en el terreno, no de la legalidad, sino de la legitimidad, lo cual no ha sido entendido por los operadores políticos gubernamentales.
Vuela vuela palomita y ve y dile: Al político que te quiera escuchar, que la pacificación de Guerrero no va a ser a tiros sino a través de la política y el diálogo que se quiera escuchar, sin confrontar la legitimidad con la legalidad o a la legalidad con la legitimidad. Ahí se las dejo de tarea.