En el corazón de la Delegación Benito Juárez, sempiterno territorio panista en la ciudad de México, se encuentra el Consejo Distrital 15. Poco famoso hoy en día, pasará a la historia como el epicentro del juicio más polémico por una elección presidencial en los tiempos modernos del país. Ahí se radica el Juicio de Inconformidad de Andrés Manuel López Obrador y el PRD donde piden la reapertura de los paquetes electorales para que se modifiquen las actas de cómputo distrital de toda la elección presidencial y, en caso de que no sea así, tampoco se declare válida la elección de Presidente ni se emita la declaratoria de Presidente electo, que pone a prueba a las instituciones electorales. La tarea es enorme para el equipo jurídico de López Obrador, y su suerte y la de la elección presidencial está en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), que hasta este fin de semana pasado, no había decidido la ruta procesal a seguir.
El Juicio de Inconformidad es un documento de más de 800 páginas que, por un lado, recoge todas las imputaciones que a lo largo de la campaña realizó López Obrador y el PRD. Añade sin embargo, elementos poco conocidos como el papel que jugó un panfleto llamado La Neta, distribuido en varias partes del país que se dedicó a difamar al candidato presidencial. Voluminoso, el documento se refiere muy puntualmente a la participación del presidente Vicente Fox a lo largo de la campaña, junto con la guerra de spots negativos que, afirman, modificaron la preferencia de voto en la urna. Aunque denuncia el cómputo del 2 de julio y presenta pruebas de casillas irregulares, el alegato no parece suficientemente sólido en esa materia. No así por lo que toca a la conformación de un cuadro de ilegitimidad en el proceso, tanto por la actuación de Fox, como del presunto uso de programas sociales en apoyo de Felipe Calderón, y de los spots del Consejo Coordinador Empresarial durante el mes previo a la elección. Con ello pretenden introducir la duda razonable en el Trife para que, o cuente todos los votos, o anule la elección.
No va a ser tan sencillo, desde el punto de vista jurídico. Aunque legalmente el Trife podría ordenar abrir todos los sobres de votos –que no es lo mismo que los paquetes electorales en los cuales se encuentran los sobres de votos-, hay una jurisprudencia que sintetiza la aforisma de que lo útil no puede ser viciado por lo inútil, por lo que no abren los sobres en forma indiscriminada. En esta lógica, se ve sumamente difícil que el Trife acepte abrir todos los votos en las más de 113 mil urnas presidenciales, pues bajo ese principio no lo haría con aquellos paquetes cuya acta no presenta alteraciones y coincide en resultados con las copias de las actas que tiene el presidente de la casilla y los representantes de los partidos. El PRD dice que pedirá la apertura de 50 mil sobres de votos presidenciales, presumiendo irregularidades. Si el PRD en efecto demuestra irregularidad, el Trife no dudará en abrirlos, lo que tampoco significa necesariamente que ello pudiera modificar el resultado de la elección. Si en efecto se registran irregularidades se podría llegar a anular la elección, pero el 20% de ellas en todo el país que se requiere para tal efecto, tiene un precio jurídico muy alto a ser pagado por el PRD para demostrar su dicho ante el Trife.
Con una representación en menos del 70% de las casillas, es altamente improbable que López Obrador y el PRD puedan aportar esa documentación. Lo saben perfectamente, y por eso el camino más consistente que tienen es la revisión de todo el proceso, antes del 2 de julio, para encaminar el juicio hacia la anulación de la elección por el principio de la nulidad abstracta, una norma creada por la tesis del magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, en el caso de las elecciones para gobernador de Tabasco en 2000. Esta tesis está influenciada por el finado jurista checo Hans Kelsen, quien sostenía que el auténtico control, o la garantía principal o más efectiva de la regularidad electoral, es la nulidad de aquellos actos irregulares de la normativa electoral, ya sea la constitucional o legal. Por esta razón, el Juicio de Inconformidad se ancla en buena medida en los artículos 41 y 69 constitucionales que se refieren a la legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y certeza que debe regir una elección, y presenta vasta documentación para probar la inequidad durante el proceso.
El caso de Tabasco, sin embargo, está lejos de repetirse en forma automática en esta elección. De hecho, el propio presidente del Trife, Leonel Castillo, declaró que no consideraba que habría bases para una anulación, generando un ruido innecesario dentro del tribunal, que no se ha comportado en forma homogénea en la materia: en las tres elecciones en donde ha procedido la anulación, Tabasco, Colima y Ciudad Juárez, el criterio ha sido por mayoría. En Tabasco, la mayoría la compusieron cuatro magistrados, incluido el finado presidente José Luis de la Peza, quien después admitiría haberse equivocado, y que jamás volvería a votar en ese sentido. Los magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Navarro, vistos como los más ortodoxos, conservadores y formalistas del tribunal, votaron en contra. Fernando Ojesto, un pragmático que suele ir con la mayoría, se excusó de votar en esa ocasión. Castillo y Reyes Zapata, que han sido más proclives a votar con el PRD, y Jesús Orozco Henríquez, del ala progresista, votaron a favor. El sustituto de De la Peza, Alejandro Luna Ramos, es parte de una familia de juristas y, también, formalista, aunque fue quien pidió al IFE que revisara inmediatamente los spots negativos contra López Obrador, creando norma sobre la marcha.
Lo que se avecina en el Trife es una fascinante lucha jurídica entre los equipos de abogados de López Obrador y Calderón, frente a los magistrados. En los próximos días se espera que el Trife emita una sentencia sobre lo que hará con el pretendido recuento de votos y discutan sobre si flexibilizan su criterio de que sólo revisan aquellas casillas impugnadas que son determinantes en el resultado, por abrir los sobres de votos en todas aquellas donde existan pruebas de irregularidad, con el aparente propósito de atemperar los ánimos despertados por López Obrador en la materia. Varias de las estratagemas que ha desarrollado, como la difusión de videos, es una película ya vista. Lo mismo hizo el perredista Félix Salgado Macedonio cuando contendió por la gubernatura de Guerrero. En este sentido, el Trife parecería estar blindado de presiones políticas y populares, como también sucedió en los casos de Zamora y Torreón, donde anuló las elecciones tras ser probado que el PAN organizó brigadas de “cazamapaches”, argumentando que nadie puede hacerse justicia por su propia mano.

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