Inquietantes versiones sobre el paradero de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya (presuntamente Constantino
Alejandro Canseco Ruiz), dos cuadros estratégicos en la estructura del EPR, están circulando profusamente en las altas esferas
del gobierno mexicano. Pero al mismo tiempo, se está dando un control de daños preventivos. Desde la semana pasada, en voz
del secretario de la Marina, almirante Mariano Francisco Saynez, se comenzó a impulsar oficialmente la hipótesis de que todo se
trataba de un ajuste de cuentas de la guerrilla, lo que había sido sugerido semanas atrás por el procurador general, Eduardo
Medina Mora. Como hipótesis es válida, aunque puede argumentarse en contra de ella.
La historia de ajustes de cuentas de la guerrilla, conocida por sus documentos internos y las relatorías de sus congresos, se da a
partir de factores objetivos que los enfrentan. Uno de ellos es por razones ideológicas y programáticas, como sucedió en las
escisiones del ERPI, donde los ex jefes eperristas fueron acusados de estar haciendo a un lado la parte ideológica que –alegaban–
debilitaba al movimiento, y de la Tendencia Democrática Revolucionaria, donde el diseño de la línea militarista provocó la
división. Otra razón es cuando un comandante de zona guerrillera se aparta de las líneas estratégicas de la Comandancia
General, y como sucedió en Guerrero, establece nexos con el narcotráfico. Pero en todos los casos, los ajustes son en silencio, a
diferencia de las desapariciones de sus dos cuadros, donde todos los grupos guerrilleros, tanto el EPR como el resto de los
movimientos armados, difundieron comunicados ratificando que ellos no los tenían. Las amenazas vía internet que ha recibido la
familia Cerezo Contreras, con lazos sanguíneos a los Cruz Sánchez y Canseco Ruiz, tienen un tono soez que no usa la guerrilla y
sí, en cambio, las fuerzas de seguridad.
Pero hay otras hipótesis, manejadas privadamente dentro del gobierno mexicano, que cuentan unas historias muy diferentes a la
difundida por el almirante Saynez:
1.- El EPR sostiene que Cruz Sánchez y Reyes Amaya fueron detenidos en Oaxaca el 25 de mayo pasado, y que la última vez que
los vieron estaban bajo custodia de policías y militares. Dentro del gobierno manejan, en esta línea de investigación, que ambos
salieron de la ciudad de México en autobús, aunque no está claro si juntos o separados, por lo que revisaron todas las rutas para
determinar si en uno de los retenes en las carreteras federales se dieron incidentes de secuestro. No hubo nada en ese periodo,
salvo los robos que son parte natural en algunos de esos trayectos. Una vez en Oaxaca, continúa esta hipótesis, fueron detenidos
por azar por policías estatales, quienes los entregaron a militares. Estuvieron en la VIII Región Militar, a cargo del general Juan
Alfredo Oropeza Garnica, quien los envió a México, según esta misma versión, torturados pero con vida. La Secretaría de la
Defensa ha dicho repetidamente que sus elementos no los detuvieron.
2.- Que Cruz Sánchez y Reyes Amaya viajaban por la autopista a Puebla cuando su viejo Volskwagen sufrió una avería. Se
detuvieron a repararlo en el centro de reabastecimiento de Río Frío, a donde llegó una camioneta de la Policía Federal Preventiva,
que se detuvo porque sus agentes necesitaban ir al baño. Al ver el auto se acercaron con el propósito de ayudarlos, pero uno de
ellos se puso nervioso y se asomó en la cajuela, en la parte delantera del vehículo. Uno de los agentes sospechó y cuando se
asomó en el compartimiento descubrió armas y propaganda, de acuerdo con esta hipótesis, por lo que los llevaron ante el
ministerio público. Posteriormente, sigue esta versión, los pusieron a disposición del Ejército. Desde un principio, la PFP también
informó a sus superiores que no tenían reporte que esas personas hubieran sido detenidas por ellas.
¿Dónde están Cruz Sánchez y Reyes Amaya?
1.- Si la hipótesis del almirante Saynez es correcta, ambos están muertos. Sin embargo, la reiteración de los diferentes grupos
armados de que no están en su poder, introduce nuevas dudas a la versión oficial.
2.- La versión del EPR es que están en el Campo Militar Número 1, a donde los habría transferido el general Oropeza Garnica, lo
que ha sido desmentido por el propio secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, quien abrió las puertas de la instalación
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tampoco encontró rastro alguno de ellos.
3.- La tercera hipótesis es que fueron trasladados a una de las seis casas de seguridad que tiene el Estado Mayor Presidencial en
el perímetro de la sede de Guardias Presidenciales, cerca del metro Chabacano en la ciudad de México, por instrucciones del
general Salvador Cienfuegos, comandante de la I Región Militar, que abarca el Distrito Federal y otras tres entidades. Pero las
varias veces que el presidente Calderón preguntó al general Galván en las reuniones del gabinete de seguridad nacional si alguna
rama militar los tendría, él lo negó.
¿Dónde están?
La PGR dio entrada a la denuncia de su desaparición luego de que la Secretaría de Gobernación se negó inclusive a aceptar una
documentación similar. La PGR y las policías federales se supone los están buscando, pero no han informado del avance de sus
pesquisas o, cuando menos, ratificando en alguna declaración al vuelo que no se han olvidado de encontrar su paradero. Lo que
sí ha hecho el gobierno federal es intensificar la persecución del EPR para tratar de prevenir nuevos atentados y elevarle la
categoría de guerrilla a “terrorista”, lo que no es un mero cambio semántico, sino que significa un tratamiento policial-militar de
otra envergadura y que sugiere que buscarán apoyo de inteligencia de servicios extranjeros, como ya lo tienen en otros campos.
No está mal que las fuerzas de seguridad del Estado protejan al Estado de actos terroristas. Lo que sí está mal es que no den
señales de que la búsqueda de Cruz Sánchez y Reyes Amaya se encuentre en la misma dinámica, pese a que sería la única forma
real de frenar los actos de sabotaje y eventuales secuestros que planea el EPR como represalia, mientras no se informe en dónde
están sus dirigentes y se les presente con vida. Si la adecuada acción del gobierno para salvaguardar la seguridad nacional es
vital, la presentación con vida de los dos militantes guerrilleros es fundamental para la ética del gobierno de Felipe Calderón. El
Presidente no se puede dar el lujo de que, en aras de la seguridad nacional, sus militares y policías se manejen al margen de la
ley. Él se dice un abogado de los derechos humanos, y esta es una gran oportunidad para demostrar que ni otorga funciones
metaconstitucionales al Ejército, ni su gobierno está rebasado por una fuerza superior que lo muestra incapaz de encontrar a dos
eperristas notables que nadie encuentra desde hace más de tres meses.