Del juicio de Joaquín El Chapo Guzmán es importante lo que se dice y lo que se calla, pero sobre todo lo que se deja ver. Se trató de un proceso políticamente muy delicado, que aspiró a ser el punto medio perfecto entre encontrar la verdad suficiente para condenar a un personaje sin salpicar de más como para tocar a personajes clave del orden del sistema político.
No me refiero a la declaración de Alex Cifuentes sobre el soborno que El Chapo habría dado a Enrique Peña Nieto por cien millones de dólares, porque Cifuentes habla de oídas, cuenta lo que Guzmán mismo le dijo y éste era bastante proclive al alarde. Lo más importante es lo siguiente
1. Que los entornos presidenciales están involucrados por lo menos en el caso de Felipe Calderón. Jesús Zambada confesó haber dado él mismo dinero a Genaro García Luna (6 millones de dólares). Más allá de que la información aportada por Zambada fue clave para el juicio, estaba juramentado, hablaba de su propia acción personal, que además viene a coincidir con los señalamientos que la periodista Anabel Hernández ha hecho sobre el enriquecimiento ilícito de García Luna. Si sumamos la detención del abogado Juan Collado en México por las operaciones ilícitas de lavado de dinero en que estaba involucrada la Caja Libertad (también con el Cártel de Sinaloa), tenemos ya dos personajes clave de tres entornos presidenciales: el de Peña, el de Calderón y el de Salinas.
2. Que hay un entramado privado que vive en el mundo de la legalidad, pero trabaja para el narcotráfico. Algunos contactos, los más delicados, se obtiene del juicio, se realizaban mediante intermediarios como despachos de abogados o empresarios que operan de modo formal, cerca de políticos y del poder judicial. Son una pieza clave. Otra serían directivos de banco, y, los más obvios, militares y policías de primer nivel. En el juicio se mencionan pocos nombres y un apodo (El Yanqui, en la PGR) fundamentales para la operación del tráfico en la Ciudad de México. Ninguno es de un gran banquero.
3. Que El Chapo era una persona de segunda línea, si se toma en cuenta la cantidad de dinero y el papel estratégico de los intermediarios en el sector legal.
Si no hubiera un pacto tácito y quizá explícito para proteger a la clase política y empresarial en el juicio, el asunto habría resultado absolutamente estruendoso para la vida púbica mexicana: tendríamos muchos más nombres de empresarios, despachos de abogados importantes, empresas presuntamente honorables, gobernadores, jefes de policía de primer nivel, generales del Ejército, casi todos mencionados por cargo sin que nadie requiriera nombres en la mayor parte de los casos. Las revelaciones fueron las menores posibles, porque el gobierno de Estados Unidos pidió que no se desviara el tema y se evitaran situaciones bochornosas. Se procuró cuidar a los políticos y funcionarios mexicanos, pero también a los estadunidenses. Fue un juicio a la medida, que expuso al máximo a una persona para esconder un sistema que sigue su marcha.