Detrás de las diferencias políticas con el presidente Felipe Calderón que llevaron a Manuel Espino a realizar una campaña no sólo
deficiente sino en ocasiones de sabotaje como líder nacional del PAN y dejarlo solo durante la turbulenta etapa postelectoral, o
más allá de los diferendos ideológicos que los han confrontado durante todo el año, hay un episodio que ha marcado la
desconfianza del dirigente del partido y provocado, de acuerdo con personas cercanas a él, un ánimo de venganza contra el
gobierno actual. Espino está convencido de que una operación de espionaje que se montó en su contra el año pasado fue
planeada y ejecutada por el equipo del entonces presidente electo.
Espino, en efecto, fue intensamente espiado durante el segundo semestre del año. Lo seguían y tenían interceptados todos sus
teléfonos; sabían lo que hablaba y con quién se reunía; estaban enterados de antemano de lo que planeaba y cómo pensaba
hacerlo. Espino dejó de tener vida privada durante ese tiempo, y sus estrategias políticas fueron conocidas por sus adversarios
con antelación suficiente para neutralizarlo. El espionaje contra él terminó hace ya casi un año, cuando como resultado de las
operaciones regulares contra el narcotráfico, elementos de la SIEDO interceptaron unas llamadas telefónicas que los condujeron a
una casa en el barrio capitalino de Polanco donde hallaron un centro de espionaje con sofisticados equipos de intercepción de
comunicaciones. Al ser descubiertos, uno de ellos, de acuerdo con la versión de personas cercanas a Espino, dijo que “estaban
del mismo lado”, y que trabajaban para “la campaña de Calderón”.
La versión de Espino, según sus allegados, es que molesto por la posición del líder del PAN, el equipo de Calderón decidió espiar
sus acciones, por lo que contrataron los servicios de un ex agente del Cisen, Carlos Nava, quien se encontraba viviendo en
Madrid, en la delegación de la PGR en España, bajo las órdenes del hijo de un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Para los
espinistas, el caso no avanzó porque estaban involucrados varios de los principales responsables de la campaña de Calderón y se
protegió a un ministro. Pero información recabada durante varios meses muestra otros derroteros.
Como producto de la operación de la SIEDO, dos personas fueron arrestadas y se abrió una investigación que terminó
poniéndolos en la cárcel. Nava, su jefe, escapó y se encuentra prófugo. De las declaraciones de los inculpados se fueron
desprendiendo detalles de una operación de espionaje, pero que no empezaba ni terminaba con Espino, sino que se venía
realizando durante toda la campaña presidencial y había tocado también a los candidatos de la Coalición por el Bien de Todos,
Andrés Manuel López Obrador, y del PRI, Roberto Madrazo. Según funcionarios del gobierno de Vicente Fox que conocieron las
indagaciones de primera mano, Carlos Nava había montado una operación mercenaria, al servicio del mejor postor. Espino,
dijeron, era una de las víctimas, aunque el pago de su información no venía del equipo de Calderón –que no está ajeno a meterse
torpemente en acciones de esta naturaleza–, sino de un partido político enemigo del PAN.
El hijo del ministro fue llamado a declarar, pues se le consideraba presunto responsable de la operación, pero rápidamente fue
exonerado y regresó a sus tareas. La investigación no continuó, y aunque se mantiene abierta, está prácticamente congelada,
indicó una persona que conoce el caso de primera mano. De hecho, dentro del gobierno de Calderón tampoco quieren hablar de
éste, y altos funcionarios de su administración entran en contradicciones cuando se les piden detalles del mismo. Llevar hasta el
fondo la averiguación podría mostrar el profundo hoyo que causó el gobierno del ex presidente Vicente Fox en el Cisen, de
donde salieron no sólo elementos sino información confidencial cuya secrecía no se supo garantizar.
El debilitamiento del Cisen se produjo durante la transición de los gobiernos de Ernesto Zedillo a Fox, cuando declaraciones del
gobierno panista entrante sugerían que iban a desmantelar la institución y a tratar de juzgar al régimen anterior. Las amenazas
provocaron anticuerpos dentro del Cisen, y hubo agentes que semanas antes del cambio de gobierno comenzaron a sacar
información, tanto original como copias, y se la llevaron a Chiapas para enterrarla en diversos sitios. No se sabe si existen
depósitos similares en otras entidades o fuera de México, pero hubo expedientes completos que empezaron a ser ofrecidos al
mejor postor. Por ejemplo, en original o copia, el del policía político por excelencia, Fernando Gutiérrez Barrios, que llegó a ser
ofrecido en 200 mil pesos de la época, que de cualquier manera es una suma baja y refleja el valor de la información en el
mercado negro.
Con el desmantelamiento del Cisen también empezaron a fortalecerse los servicios de inteligencia en algunas entidades,
destacándose los del estado de México y del Distrito Federal. En este último caso, el servicio fue tan eficiente que durante la
campaña presidencial el equipo de Calderón detectó que algunas de sus palabras e ideas fueron utilizadas en algunos discursos
del entonces candidato López Obrador. Pero si los gobiernos resultaron beneficiados por la diáspora de agentes y documentos,
también surgieron los independientes, como Carlos Nava.
De acuerdo con funcionarios federales, el servicio que organizó fue bajo pedido. Tal fue el caso de Espino, dijeron los
funcionarios, y el color del peticionario no fue azul, sino amarillo. Pero Espino, según sus allegados, no cree en esa versión. Para
él, fue el equipo de Calderón el que trató de perjudicarlo, pero que como ha sucedido en anteriores momentos, no pudo
concretar su acción. El agravio de Manuel Espino puede ser o no justificado. Lo menos grave, en términos de Estado mexicano,
sería que el espionaje en contra del presidente del PAN fuera un asunto interno de poder dentro del partido. Grave, en grado
sumo, es que no lo sea y que, como aseguran los funcionarios, Carlos Nava sea realmente un operador independiente con el
conocimiento, la tecnología y los contactos para poner en marcha un centro de espionaje privado.
El caso de Nava no es único. Personas con conocimiento de la materia se prestan a servicios particulares siguiendo personas,
fotografiándolas, interceptando llamadas –cuesta sólo 10 mil pesos la intercepción de un teléfono durante un mes–, o
monitoreando los correos electrónicos, lo cual es un crimen federal. Los mercenarios han ido encontrando acomodo en México
por la crisis de la inteligencia civil y la atrabancada y poco eficiente recuperación del Cisen. Manuel Espino tiene razón en estar
indignado por el espionaje al que fue sometido. Pero su caso es sólo esa hebra de una madeja podrida que todavía corre por las
cañerías del sistema político mexicano.

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