El 10 de diciembre del 2019, el diputado Aristóteles Tito Arroyo (Morena), en su calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, puso a consideración del Pleno del Congreso de Guerrero el Proyecto de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. El 17 diciembre del mismo año, la Mesa Directiva del Congreso lo turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales para su análisis, discusión y elaboración del dictamen.
Transcurrieron ya siete meses y la Comisión de Estudios Constitucionales no ha presentado el dictamen sobre la Iniciativa de Reforma Constitucional en referencia. Las autoridades comunitarias han solicitado información sobre el avance en la dictaminación. Silencio es lo que han encontrado de los legisladores del Congreso.
El Comité Técnico Comunitario (CTC), que fue mandatado por las autoridades comunitarias y por la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso para coadyuvar en el proceso de discusión de los contenidos de la iniciativa, el 20 de julio pasado turnó oficio al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en el cual solicita “un informe del seguimiento dado y el estado actual que guarda la citada iniciativa o, en su caso, las reformas constitucionales y legales que esa Legislatura local haya aprobado al respecto, con la finalidad de informar a nuestras autoridades sobre el derecho que les asiste…”.
La Jucopo no ha respondido a la solicitud formal del CTC. Es un derecho de los pueblos de informarse sobre las decisiones que han tomado los diputados y un derecho conocer el status en que se encuentra la iniciativa de ley.
Tomando en cuenta el limitado avance del proceso legislativo y la escasa información sobre el estado que guarda la iniciativa de reforma constitucional, el pasado 1 de junio, diversas autoridades comunitarias y el CTC realizaron un mitin en la explanada del Congreso. Hubo varios voceros indígenas. Abel Bruno, presidente municipal de Malinaltepec, sintetizo la inconformidad: “Hay una indiferencia total de todos los partidos políticos, tenemos que venir a expresarnos públicamente para hacer que los diputados nos escuchen”.
Con la pandemia que en aquel 1 de junio ya amenazaba Chilpancingo, la Jucopo, integrada por los diputados Jesús Villanueva (Morena), Héctor Apreza (PRI) y Bernardo Ortega (PRD), recibieron una comisión y acordaron “instalar una Mesa Técnica para revisar la reforma constitucional y generar los consensos necesarios para avanzar en su dictamen y el 24 de junio iniciar la revisión técnica entre el CTC y el poder legislativo”. Los diputados no cumplieron con ninguno de los dos compromisos del 1 de junio pasado. A la fecha no se ha instalado la Mesa Técnica y tampoco se ha hecho ninguna revisión de los contenidos de la propuesta.
El CTC hace múltiples esfuerzos por mantener un diálogo constructivo y propositivo con la Jucopo, en la cual están representados todos los partidos políticos. En esta ruta de diálogo, el 15 y 24 de julio, el CTC sostuvo dos reuniones virtuales con la Jucopo, ambas encabezadas por el diputado Jesús Villanueva, en su calidad de presidente del máximo órgano de gobierno del Parlamento.
Fue extensa la reunión virtual del 15 de julio. La minuta contiene 74 cuartillas de la versión estenográfica de todos los participantes. Allí Jesús Villanueva precisó que “el objetivo de esta reunión es encontrar un mecanismo de entendimiento y crear una ruta crítica para concluir satisfactoriamente el proceso legislativo en torno a esta iniciativa. No se trata de discutir el fondo del tema o de entrar al análisis y discusión. Se trata de que encontremos un mecanismo de cómo analizar, cómo vamos a estudiar esta iniciativa que está en la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos”.
Antes de llegar a tres acuerdos de la reunión virtual del 15 de julio, tanto el diputado H. Apreza como B. Ortega, reiteraron su compromiso con los pueblos indígenas y afros: “Yo como coordinador de un Grupo Parlamentario (PRI), reitero la total y absoluta disposición de ir avanzando y que esta Legislatura se caracterice por haber dejado una huella escuchando a los pueblos originarios y afromexicanos, total y absoluta disposición…, hagámoslo a través de un trabajo conjunto, ordenado y de dialogo permanente”.
B. Ortega expresó: “Quiero decirles compañeros indígenas y afros, que mi fracción del PRD, su servidor tiene la disposición de transitar de la mejor manera, sin aspavientos y sin sobresaltos…, debo decirles que este Congreso, por lo menos la fracción a la cual yo represento, siempre ha estado dispuesta a transitar y trabajar de la mano con ustedes siempre y cuando pues vayamos cumpliendo con los Tratados Internacionales, con la Constitución Mexicana y con otros documentos que nos obliga legislar sobre materia indígena…”.
En la parte final de la sesión virtual del 15 de julio, J. Villanueva resumió tres acuerdos: a) la Jucopo debe mantener el diálogo abierto y respetuoso con el CTC; b) para el Congreso, la iniciativa de reforma constitucional indígena y afro, es de alta prioridad para la presente legislatura y; c) es perentorio instalar la Mesa Técnica Legislativa para revisar la iniciativa de ley.
La segunda reunión virtual entre Jucopo y el CTC se realizó el 24 de julio. Tres fueron los acuerdos básicos: a) que la Jucopo retome y reencauce la iniciativa de reforma constitucional en materia indígena y afro y hacer los esfuerzos para lograr su aprobación en el próximo período de sesiones; b) instalar, en la última semana de julio, la Mesa Técnica Legislativa para iniciar el proceso de revisión, discusión y preparar el dictamen de la reforma constitucional en referencia y; c) entrega de anexos y demás documentos adicionales de la iniciativa promovido por el diputado Aristóteles Tito Arroyo.
El CTC ha reiterado la urgencia de instalar la Mesa Técnica Legislativa para avanzar en el proceso de revisión de temas de debate y construir gradualmente los consensos. Este fue uno de los temas que plantearon los miembros del CTC en su conferencia virtual del 3 de agosto. Exhortaron al Congreso para su instalación el próximo 9 de agosto, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
El mismo 3 de agosto, la Jucopo emitió un pronunciamiento para aclarar que los anexos y la documentación sobre la reforma constitucional en materia indígena y afro no han sido entregados por el promovente de la iniciativa, que “no habían recibido ninguna documentación que acredite que la iniciativa fue sometida a una consulta ciudadana…”. Varias precisiones pueden hacerse al comunicado de la Jucopo. Una “consulta ciudadana” difiere radicalmente de una consulta indígena. Los parámetros que señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros instrumentos internacionales, se cumplieron cabalmente.
El 4 de agosto, el diputado Aristóteles Tito Arroyo entregó a la Mesa Directiva del Congreso una extensa relación de anexos y varios documentos comprobatorios de los cuatro parlamentos abiertos (relatorías, listas de asistencia y fotos) y la base documental de diez foros de consulta indígena realizados en varias regiones de Guerrero. Pongo un ejemplo: de los diez foros de consulta indígena, entregó mil 789 fojas que contienen convocatorias, listas, relatorías, fotografías, actas, minutas, USB, videos, etcétera.
Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que tanto los parlamentos abiertos como los foros de consulta indígena, se hicieron respetando y cumpliendo con la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. La iniciativa de reforma constitucional resiste cualquier compulsa en campo, prueba o revisión documental. Además de todo lo anterior, los observadores de la CNDH y del INPI participaron en todo el proceso y ellos podrán dar fe del cumplimiento con los estándares internacionales y la normatividad vigente en el país.

* Investigador Titular del CIESAS. Miembro del Comité Técnico de Expertos de la Reforma Constitucional sobre Derechos Indígenas y Afros que se promueve a nivel federal.