EL-SUR

Sábado 27 de Noviembre de 2021

Guerrero, México

Opinión

ESTRICTAMENTE PERSONAL

El costo de la soberbia

Raymundo Riva Palacio

Septiembre 06, 2006

Hay presidente electo, pero no habrá paz política. Hay una validez de la calidad de la elección presidencial, pero no se apagarán los gritos de “fraude”. Dos terceras partes del México político reconocerá a Felipe Calderón, pero una tercera parte le dirá “ilegítimo”. En este México donde la realidad es una díada, seguirá la división y el encono. Andrés Manuel López Obrador no aceptará jamás el fallo unánime del tribunal electoral y sus más fieles seguidores pronostican que, a Calderón, “lo derrocaremos”.
Mucho estruendo está aún por venir, dividiendo todavía más a la opinión política. Ocultará, cuando menos por un tiempo, las razones objetivas por las que el tribunal electoral rechazó una a una las impugnaciones presentadas por la Coalición por el Bien de Todos o consideró que no fueron suficientes para invalidar la elección. Habrá una negación absoluta por parte de López Obrador, quien seguirá enfilando acusaciones contra los siete magistrados. Pero hay otra realidad, aquella que no termina de asomarse para mostrar que López Obrador pagó con la derrota presidencial los vericuetos de su personalidad.
Hombre de ideas minimalistas, nunca tuvo un plan emergente en caso que las elecciones no resultaran por el camino que él había soñado, lo que se tradujo en la inexistencia de un equipo que preparara una estrategia jurídica y que le fuera permitiendo amasar la documentación que tendría que ser presentada en el tribunal. Como se equivocó al encargar a sus fieles de Tabasco la acción electoral, volvió a errar al confiar esa estrategia jurídica a Horacio Duarte, relegando a Ricardo Monrreal y, sobretodo, a Arturo Núñez, quien de entre todos aquellos a su mano, era el que mejor conocía los oscuros resquicios de la ley electoral. Por eso, este martes, se topó consigo mismo.
La falta de argumentación en los alegatos de Duarte, que en el campo de la comunicación política fueron eficientemente utilizados por el candidato y sus seguidores, resultó fallida. No pudo probar la inequidad en la elección presidencial, que hubiera podido ser causa de nulidad, porque mintió a quien no podía engañar. Por ejemplo, no fue Calderón a quien más se benefició en los medios en la campaña presidencial como argumentó. Según el monitoreo del IFE, revisado en las sesiones del Consejo General por todos los partidos, López Obrador fue quien mayor cobertura tuvo en medios (24.24% del total), donde el 96% de las informaciones fueron neutrales. El mismo monitoreo lo ubicó como el candidato que más gastó en el proceso, a lo que se le añadió el estudio de la empresa especializada IBOPE que demostró que en términos de impacto –medido en puntos de rating–, López Obrador estuvo en primer lugar, aventajando a Calderón por cuatro puntos, que quedó en tercero.
Tampoco pudo demostrar que Oportunidades fue utilizado con fines electorales, pues confrontó con información revisada por el tribunal que vio que en más de la mitad de los municipios que fueron beneficiarios del programa contra la pobreza, ganó López Obrador, y que en los 15 municipios más pobres del país ganó el priísta Roberto Madrazo. Con respecto al argumento de las campañas negativas, Duarte no pudo demostrar que el IFE no actuara –los abogados del órgano electoral demostraron que siempre lo hicieron, algunas veces a petición del propio tribunal–, ni probó que hubiera afectado el resultado, ni explicó el por qué, si la coalición también la había utilizado, se quejó. El tribunal electoral, aunque determinó que esa campaña no alteró el resultado, estudió para contextualizar esas quejas cuánto afectaron a López Obrador errores tácticos en su campaña, como el no haber acudido al primer debate o el haber permanecido paralizado casi un mes y medio después de que el PAN lo comenzó a atacar.
Duarte no interpretó los criterios del tribunal electoral y no organizó la defensa adecuada. Descuidó todos los aspectos en donde, las fallas mismas de la campaña de la coalición, pudieron haber impactado negativamente en su proceder. Pero aún, presentó juicios de impugnación que terminaron en desastre, como llevar ante el tribunal impugnaciones en casillas que no existían, o que su inconformidad se tradujera en pérdida de votos para el propio López Obrador, como sucedió en seis distritos del centro y norte del país. Su documentación estuvo incompleta y presentó muchas fallas, tratando presionar al tribunal a resolver no necesariamente sobre la base de los recursos impugnados, sino actuando por fuera de sus criterios y de la ley, revisando aquello que, inclusive, no le había solicitado.
La estratagema no funcionó, pero pretendía ocultar con cortinas de humo los problemas de origen en la integración del juicio de inconformidad. El hoyo en que se metieron por la falta de previsión de López Obrador comenzó a notarse el domingo posterior de la elección, cuando en la madrugada pidieron a Núñez que, con carácter de urgente, se trasladara a la ciudad de México para hablar con el candidato. Igual sucedió con grupos de abogados, muchos de ellos en la nómina del gobierno del Distrito Federal, a quienes les encargaron ese mismo día la defensa legal. Cuando uno de ellos pidió la documentación para integrar el recurso de protesta, le respondieron que no la tenían y que, por lo tanto, “inventara”. Hubo muchas de estas improvisaciones por parte de los abogados, que no veían con gran optimismo un buen final.
Una idea al vapor se concretó en el llamado “juicio líder” en el Consejo Distrital 15 del Distrito Federal, donde el alegato sobre la calidad de la elección y pretendiendo la nulidad, sería reproducido en cada uno de los distritos electorales en el país, al cual le irían añadiendo los casos particulares de cada casilla. Presentaron un machote y el tribunal electoral les respondió de la misma manera. Anunciaron que impugnarían 75 mil casillas, pero sólo lo hicieron en 49 mil, que les redujeron a 23 mil. Por improcedentes, les otorgaron la revisión de sólo 11 mil 987. Pero aún en ellas, no pudieron obtener suficiente documentación. La coalición no tenía ni el 20% de las actas, pero logró con la ayuda del PRI y del IFE, sumar hasta el 54%.
La nulidad de la elección había sido siempre su apuesta central, y cuando arrancó el proceso legal parecía donde mejor opciones tenían. Pero Duarte no logró concretar las posibilidades ni aprovechar positivamente las lagunas existentes en la ley. El fallo unánime del tribunal fue una nota reprobatoria a la estrategia jurídica de Duarte y un recordatorio a López Obrador que no bastan la retórica, el carisma y el arrastre. Se necesita profesionalismo. No lo tuvo, ni parece que lo tendrá. Sigue pensando que ganó la elección por 3 millones de votos.

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