ESTRICTAMENTE PERSONAL

Andrés Manuel López Obrador, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, ha abusado casi escatológicamente del discurso antifoxista como un recurso frente a la embestida federal que buscó su desafuero, señalando que esa acción era un golpe a la democracia. Tramposa, su retórica está llena de huecos pues él mismo ha incurrido en irregularidades legales que están documentadas. Mas sin embargo, López Obrador tiene razón en un punto fundamental: la hipocresía del gobierno federal, que ha hecho de la aplicación de la ley una arma a su conveniencia, estirando a su antojo el Estado de Derecho.

López Obrador, de acuerdo con los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, sí violó una ley que le prohibía hacer obra en una propiedad que se había amparado en contra de esa acción. Si queremos avanzar en el aprendizaje de la democracia, cuya fundación es la ley, tendría que rendir cuentas por esa violación. Pero lo insólito de la obsesión del gobierno federal para hacerle pagar al máximo costo su delito de desacatar una orden judicial para seguir la construcción de un camino a un hospital privado, mostró métodos y estrategias que han rebasado los parámetros del sentido común. El delito de López Obrador no afectó ningún bien público, por lo que su sanción tendría que ser aplicada casi por trámite, sin el escándalo y la polarización causada, que ha distorsionado la                               justicia que aseguran pretender.

En todo el proceso de desafuero, la discusión jurídica sobre el respeto al Estado de Derecho parece haber sido una de las primeras víctimas de la política. El presidente Vicente Fox y su secretario de Gobernación Santiago Creel han dicho lo contrario y que son los guardianes del imperio de la ley, olvidando convenientemente las flagrantes violaciones a la Constitución en las que ambos han incurrido y por las que no han rendido cuenta alguna. En un país con poca memoria histórica, suelen olvidarse rápidamente las cosas, pero no habría que remontarse muchos años para encontrar que el primer presidente legal y legítimo desde Francisco I. Madero, rápidamente demostró ese talante autoritario que millones, incluida la izquierda que votó por él, no quisieron ver en su momento.

La más grande violación a la ley que se haya dado hasta ahora en el sexenio, por parte de cualquier funcionario público en cualquier nivel de gobierno, se dio cuando el presidente Fox invitó al EZLN, con el Subcomandante Marcos al frente, a realizar una recorrido por medio país. En aquél momento la izquierda estaba eufórica por la tour zapatista y la derecha pregonaba el talante democrático del Presidente, por lo cual fueron muy pocas las voces que se alzaron para criticar la iniciativa foxista. ¿Qué fue lo que en ese entonces derecha e izquierda aplaudieron al unísono?, una violación a la Constitución. El EZLN es un grupo armado que en 1994 declaró la guerra al Estado Mexicano y al Ejército. Aunque entraron a negociar con el gobierno a los 11 días del levantamiento, nunca depusieron las armas. El entonces presidente Carlos Salinas cumplió su objetivo de contención para dar estabilidad al país en las elecciones presidenciales ese año, y el siguiente mandatario, Ernesto Zedillo, le decretó la muerte pública al zapatismo y no hizo nada.

Cuando llegó Fox a Los Pinos, su iniciativa frente al EZLN fue regalarle las llaves para que viajaran por el país, en una violación a la ley que ha pasado bastante desapercibida. Fox ordenó al Ejército y al gobierno federal que lo dejaran circular por las carreteras nacionales y hospedarse en donde quisieran, cuanto tiempo desearan, a un grupo al margen de la ley –más allá de lo noble que pudieran ser sus fines y del valor histórico de haber colocado el tema indígena en la agenda nacional– al que no le pidió que retirara su declaración de guerra. Su acción fue el equivalente de ordenar a todo el aparato de procuración y administración de justicia federal, que cerraran los ojos mientras se cometía un delito –de él, el Presidente, no del EZLN.

Otro momento clave en el manejo a discreción del Estado de Derecho por parte del gobierno se dio durante la administración de José Murat en Oaxaca, a propósito de su denuncia que había sufrido un atentado. La PGR investigó la denuncia de los hechos, en los cuales murió un policía en situación aún no aclarada, y concluyó que en realidad había sido un autoatentado. La PGR estaba decidida a pedir el desafuero y proceder penalmente contra el gobernador Murat, pero una instrucción de Los Pinos los detuvo. De acuerdo con funcionarios que conocieron de primera mano los detalles, el Presidente fue persuadido de que no era conveniente proceder contra Murat porque iba a contaminar las elecciones federales del 2003. Quien argumentó contra el Estado de Derecho por razones políticas fue precisamente Creel, quien convenció a Fox de que, sería mejor sobreseer el proceso contra Murat a fin de mantener la estabilidad política, que es exactamente lo contrario a lo que señalan con respecto al desafuero de López Obrador.

Fox y Creel, en un espacio corto, han actuado en forma antagónica. Mucho más grave que el desacato de López Obrador fue la presunta mentira de Murat, donde hay un muerto. El criterio de cerrar los ojos ante la aplicación de la ley por la estabilidad política fue aplicado también ante las protestas de ejidatarios de San Salvador Atenco, en los suburbios de la capital, por la construcción de un nuevo aeropuerto, que canceló la más grande obra foxista del sexenio. Los ejidatarios blandieron sus machetes sobre las avenidas de la ciudad de México y fueron asesorados por el EZLN, sin que el gobierno federal actuara. Fox y Creel prefirieron que se les tildara de pusilánimes, pero aplicaron la ley de la política y escondieron la ley a secas. Todo esto no justifica que López Obrador sea inmunizado por haber violado la ley. Pero que el gobierno foxista enarbole ahora esa bandera para buscar descarrilarlo de la carrera presidencial no sólo ratifica su talante autoritario, sino el abusivo y obsceno comportamiento de una administración que prueba la incompetencia a través de su doble moral política, y que no tiene vergüenza alguna en diseminar su propaganda sobre la aplicación de una justicia que no han aplicado dentro de los márgenes constitucionales y que, cuando les convino, la eliminaron de su camino.

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