RUTA DE FUGA

Los bosques son de quien los trabaja, al menos en México. Aunque no siempre ha sido así. Hasta la década de 1980 gran parte de los bosques del país fueron aprovechados por empresas públicas y privadas que obtenían concesiones gubernamentales para extraer madera, pagando cuotas mínimas a los ejidos correspondientes. Al estilo de las concesiones mineras que hasta la fecha siguen extrayendo volúmenes infames de bienes nacionales a un costo mínimo y con externalidades elevadas que impactan –para mal– la economía y la salud de la población local. Durante décadas los gobiernos federal y estatal mantuvieron a los ejidatarios en condiciones de franca ignorancia sobre el manejo forestal, convenientemente para que la organización autogestiva fuera tan complicada que no amenazara el jugoso negocio de la (sobre)explotación forestal.
Cerrar la brecha de capacidades en los ejidos ha requerido de esfuerzo incalculable. Por ejemplo, es la segunda década del siglo XXI y en muchos ejidos del país apenas se comienza a saber el procedimiento para hacer un contrato de compraventa de madera. ¿Cómo puede ser la silvicultura un motor del desarrollo local cuando no se comprende como actividad económica? La lista de capacidades se puede ampliar mucho, desde administración hasta preceptos legales básicos –promover el conocimiento de la Ley Agraria, que rige el devenir de los ejidos–, pasando por derechos humanos, equidad, educación ambiental y más.
Las capacidades técnicas no fueron las únicas minadas por los gobiernos que se alimentaban de una población desvalida. Sobre todo, fueron minadas las capacidades políticas. La capacidad de formar equipos, de tomar partido como individuos y como colectivo. La capacidad de asumir una posición respecto a la realidad del ejido y sostenerla mediante el uso de la palabra. La capacidad de disentir y oponer resistencia. La capacidad de cooperar para el bien común. Esta erosión crónica de las capacidades políticas, por supuesto, es reversible.
Los ejidos fueron convertidos en nodos de control partidista. Bastaba con tener a un líder (cacique) controlado para asegurar votos. Irrumpir en esta realidad ha costado en los últimos 40, 50 años mucho trabajo, sudor y hasta vidas. Porque no ha habido gobiernos a los que les convengan ejidos organizados. Acaso por ello el actual no tiene a la política agraria como una prioridad.
¿Qué fue lo que hicieron aquellos ejidos donde tales capacidades políticas están en franco proceso de restauración? Agrupo los casos que conozco en tres categorías: la rebeldía, la tradición y el pragmatismo económico, aunque el común denominador de las tres sea el conocimiento (información clara y aprendizaje). En muchos casos fueron facilitados por personas convencidas de que el camino es la autonomía en contraposición a la dependencia del gobierno. Los ejidos se rebelaron ante el descubrimiento del despojo; o los ejidos reforzaron sus formas antiguas de organización interna con la tradición como base y punto de partida; y en otros casos los ejidos respondieron al espíritu original de su asociación: el interés económico. Sin embargo, los ejidos que han recuperado el control y restaurado las capacidades técnicas y políticas, agrupados en esos tres tipos, son los menos junto a la inmensa mayoría de los 29 mil 441 ejidos del país, que permanecen estancados.
Frente al siglo XXI, en un contexto de cambio de régimen político y crisis ambiental, el ejido, como institución, tiene la máxima responsabilidad de aportar al desarrollo económico local, asegurar un relevo generacional con dignidad y con equidad, y salvaguardar el territorio (con todo lo que el territorio implica, como naturaleza, medio ambiente, economía, tradiciones, cultura, sistemas de producción, soberanía alimentaria). No es menor el reto que se enfrenta y para ello se requiere de resarcir las capacidades de ejidatarios y avecindados, tanto capacidades técnicas como políticas, para reconstruir el territorio que durante décadas les fue despojado.
Casi 60 por ciento de los bosques de México están en manos de ejidos y comunidades. Áreas Naturales Protegidas y una megabiodiversidad están en manos de ejidos también. El acervo cultural del país sucede en estos territorios. Para que recuperen el control y las capacidades se requiere inversión pública, lo cual no sólo generaría más dinamismo económico y beneficios a largo plazo, sino también una política de Estado que transversalice la actuación de todos los actores del campo, tomando como nodo de desarrollo al ejido. Revisión pendiente del nuevo gobierno.

La caminera

Hay una nueva ola de ejidos y comunidades que se levantan contra los megaproyectos y contra las empresas de despojo de siempre. Contra la minería tenemos amparos en Oaxaca, Puebla y Chihuahua. Aunque en su mayoría son comunidades indígenas, son menos los ejidos que oponen resistencia. ¿Eso qué dice de las capacidades políticas en los ejidos en comparación con las comunidades indígenas? Parece una obviedad, pero es importante señalarlo. Y por último, pensar que esos núcleos agrarios organizados están haciendo el trabajo sucio de la derecha es, por lo menos, desconocer completamente la historia agraria del país.

@feozem