RUTA DE FUGA

En 20 años de experiencia profesional como técnico comunitario he convivido en las entrañas de decenas de ejidos y comunidades indígenas por todo el país. De esa experiencia –y de ningún bagaje teórico– he decidido escribir ahora, porque sostengo que el ejido como herencia sublime de la Revolución requiere, ahora o nunca, una intervención de Estado, o desaparecerá por una implosión.
Se requiere que el Estado intervenga porque muchos de los riesgos que mantienen en vilo la persistencia del ejido no se pueden detener solamente con organización interna. Los lazos que mantuvieron unido y fuerte al ejido como forma de organización social, cooperativa, tenencia colectiva de la tierra, el bien común, se han roto por irrupciones sistémicas, por un modelo económico que hizo de la tierra mercancía para el mercado y generó sujetos desprovistos de autonomía. Para reconstruir las relaciones internas, para remendar la subjetividad ejidataria, para zurcir el espíritu colaborativo, pero sobre todo para restaurar las reglas del funcionamiento del ejido, no basta con la voluntad de un puñado de ejidatarios ni con la actuación de una secretaría de Estado. Tiene que haber una revisión del marco legal, es decir, que el Poder Legislativo debe impulsar una reforma al Poder Judicial para que los tribunales agrarios resuelvan los conflictos pendientes entre núcleos agrarios. Y tiene que haber, también, una coordinación de políticas públicas y la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en los territorios ejidales. Aparte, la sociedad civil organizada –sin intermediarismos– y la academia deberían ser dos pilares de la revisión del ejido.
Me interesa hablar del ejido y no de la comunidad indígena o de la pequeña propiedad –que son las tres formas de propiedad social de la tierra en México– porque el origen de cada una es distinto y por lo tanto su destino. En la “comunidad indígena”, entre los rasgos identitarios que mantienen unida a la asamblea general figuran la pertenencia a un mismo pueblo originario o nación, los usos y costumbres, la cosmovisión, la lengua, el vestido, la alimentación y la propiedad de la tierra (que en la mayoría de las comunidades, es el reconocimiento a un derecho ancestral). Mientras que el ejido en su origen fue una asociación económica, lo más parecido a una empresa, a una cooperativa cuyos miembros son –en el mejor de los casos– familiares, simplemente vecinos o –en el peor de los casos– miembros agrupados por un cacique que aprovechó la oportunidad para pasar de capataz de hacienda a líder ejidal, cuya función fue mantener el control del hacendado sobre la producción.
Desde el reparto agrario original a la fecha, el ejido ha atravesado varias etapas de deconstrucción. La etapa de las concesiones forestales, la regularización de títulos parcelarios, la reforma al Artículo 27 de la Constitución que permitió vender derechos ejidales y tierras, la recuperación del control territorial. Los retos actuales han metido a la etapa del relevo generacional la inclusión e igualdad de género, así como la percepción local de los ejidatarios como sujetos privilegiados frente a los desposeídos de la tierra –los avecindados– que son ya una inmensa mayoría. O sea, el ejido como una piedra angular de la desigualdad en el campo. Encima de lo anterior, la nueva etapa está marcada por amenazas como la pugna por los caminos y por la tierra con el poder inmenso del narcotráfico, y la defensa de la tierra ante el poder económico inmenso del capital minero y energético.
Ante el cambio de régimen que plantea Andrés Manuel López Obrador, se requiere incluir a los núcleos agrarios de una manera más contundente. No sólo porque son las unidades económicas más importantes del sector rural sino porque, mientras el municipio es una entelequia sin tierra, los ejidos y las comunidades controlan el territorio. Por eso resulta cuando menos extraño que en una reunión con el gabinete de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el presidente de la República haya dado la instrucción de abandonar el proyecto de revisión del asambleísmo ejidal porque no es prioritario y haya pedido destinar esfuerzos a los proyectos prioritarios, como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida (este último, dicho sea de paso, un programa que viene a ser un factor más de desigualdad en los núcleos agrarios al estar destinado solamente a los “privilegiados” con tierra).
Por supuesto, aclaro por si es preciso, no deseo la desaparición del ejido sino todo lo contrario, una reforma que lleve a incluir nuevos actores, la revisión profunda del reparto agrario ante el siglo XXI y el relanzamiento de la subjetividad campesina ejidal. Solamente así, con nuevas reglas, podríamos contar con el ejido para el desarrollo de la nación.

La caminera

La corrupción también corroe las entrañas de los ejidos. En su cruzada anticorrupción, el presidente parece olvidar la importancia de este asunto local. No creo que haya existido o vaya a existir otro presidente con el capital político suficiente para emprender esta revisión al México profundo. Vale la pena invocarlo.