Fernando Lasso Echeverría
Noviembre 29, 2016
Primera parte
De acuerdo con algunos autores, entre los que se destaca su biógrafo Luis Barrón, el presidente constitucionalista Venustiano Carranza Garza fue la figura pública más importante del país durante la década 1910-1920; Barrón afirma que Carranza fue el único de los protagonistas principales de la Revolución Mexicana que vivió y sostuvo su influencia política durante esa década, y el único líder que logró articular un movimiento militar con un proyecto nacional. Que Carranza pues, fue el revolucionario nacionalista que “salvó” la fallida revolución de Francisco I. Madero. Otros autores opinan que Carranza fue un conservador oportunista, que aprovechó la revolución maderista para establecer su liderazgo, y utilizarlo para hacer a un lado los proyectos más populares de Francisco Villa y Emiliano Zapata.
Carranza Garza fue un político porfiriano –sin afinidad política con Porfirio Díaz– formado durante el porfiriato a la sombra del general Bernardo Reyes, con cuyo proyecto presidencial para suceder a Díaz simpatizaba; no obstante, las posibilidades de Reyes para llegar a la presidencia se volvieron nulas cuando don Bernardo aceptó voluntariamente su exilio en Francia, antes del triunfo definitivo de Madero en 1911; en ese momento, Carranza, desilusionado de Reyes –como la mayoría de los mexicanos– se une al maderismo. Por otro lado, la familia Carranza y la familia Madero tenían viejos y estrechos lazos de amistad, hecho que explica la confianza de don Francisco para nombrar a este senador porfirista, gobernador del estado de Coahuila cuando Madero asumió la presidencia.
Al suceder el golpe de Estado de Victoriano Huerta contra Madero, el gobernador coahuilense se rebela contra el usurpador por medio del Plan de Guadalupe, siendo respaldado en sus inicios por los gobernadores de San Luis Potosí, Aguascalientes y Chihuahua, y posteriormente, por el poderoso gobierno de Sonora, que finalmente se convirtió en el principal bastión contra las fuerzas federales. Después del triunfo militar contra las fuerzas huertistas, y ya superados los conflictos creados por la Convención de Aguascalientes –iniciada el 10 de octubre de 1914– debido a que sus dirigentes dominados por Villa y Zapata le peleaban el Poder Ejecutivo nacional al primer jefe del Ejército Constitucionalista, Carranza ya como presidente, forma su gabinete y realiza muchas acciones que Madero no tuvo tiempo de realizar o no se atrevió a hacerlas, y que de hecho sirvieron como base a la organización de los gobiernos pos revolucionarios que sucedieron al de Carranza: por ejemplo, desapareció el sistema financiero de la época porfirista y estableció un nuevo sistema monetario metálico implantando el patrón oro y fundó un banco propiedad del Estado, con la prerrogativa exclusiva de emitir billetes, que 10 años después –durante el régimen callista– se convirtió en el Banco de México; creó un nuevo sistema bancario que atendiera las necesidades de crédito del país; celebró convenios con los poseedores de la deuda pública exterior, con el propósito de arreglar un convenio satisfactorio para ambos; decretó que todos los concesionarios de minas tenían la obligación de activar de inmediato su explotación, para poder conservar su licencia sobre ellas; declaró inexistentes las concesiones para explotar la pesca marítima, que estaba en manos de unas cuantas empresas favorecidas por la dictadura, que prácticamente esclavizaban a los trabajadores; inició en 1915 el control gubernamental sobre la exploración y explotación industrial del petróleo, situación que le creó grandes conflictos con las compañías petroleras y con los gobiernos de los países a los que pertenecían, los cuales siempre estaban amenazando con invadir México, con la finalidad de proteger los intereses de las petroleras.
Pero reconociendo que la tenencia de la tierra era el problema capital de la población de México desde la Colonia hasta ese momento, Carranza ordenó de inmediato la realización de estudios técnicos jurídicos de las concesiones otorgadas a las grandes compañías acaparadoras de las tierras nacionales, para intentar nulificarlas legalmente o bien expropiarlas y proporcionar la tierra a las agrupaciones de campesinos que habían sido despojadas de ellas durante la dictadura o antes de ella; por lo anterior, expide a principios de 1915 la primera Ley Agraria de carácter oficial, en la cual se declaraban nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías o comunidades realizadas por los jefes políticos, gobernadores de los estados o cualquier otra autoridad local, contraviniendo a lo dispuesto en la Ley del 25 de junio de 1856, acción política que le sirvió a don Venustiano para arrebatarle sus banderas agraristas a Zapata y a Villa que estaban sublevados contra su gobierno; ello, le redituó muchas simpatías populares y numerosas adhesiones a su gobierno, pues en su artículo tercero, dicha ley decía: “Los pueblos que necesitándolo carezcan de ejidos o que no pudieran lograr su restitución por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos o porque legalmente hayan sido enajenados, pueden obtener que se les dote de terreno suficiente para reconstruirlos conforme a las necesidades de su población, expropiándose por cuenta del gobierno nacional el terreno indispensable para ese efecto, del que se encuentre inmediatamente colindante con los pueblos interesados”.
La aplicación de una reforma agraria en nuestro país tenía obviamente la trascendencia de proporcionar tierra a los campesinos para que la trabajaran para ellos y su familia, sin embargo, sus beneficios eran más profundos; este reparto agrario representaba socialmente para los campesinos la conquista de su libertad y su facultad de autodeterminación, condiciones necesarias para que un hombre pretenda realizar el destino que considere conveniente para él y su familia; al dejar de ser peones acasillados sujetos a servidumbre, adquirían una libre y legal movilidad territorial, conocían a otros grupos sociales y ampliaban sus perspectivas, encontrando nuevas posibilidades educativas y de información, así como una diversificación ocupacional, pues el hijo del peón ya no tenía que ser forzosamente peón. Con la Reforma Agraria, también se operó en el campo un robustecimiento de la solidaridad social, pues el sistema ejidal aportó a la convivencia rural elementos de cooperativismo.
No obstante, y a pesar de que el gobierno carrancista emitía lineamientos legales que amparaban a las clases desprotegidas, mediante decretos bien estipulados, los intereses de los viejos hacendados y de los nuevos terratenientes (militares revolucionarios de alto rango, sus familiares y sus amigos) apoyados con la tolerancia del mismo gobierno que dictaba estas leyes, impidieron que éstas se cumplieran de forma plena; de enero de 1915 a mayo de 1919, 182 pueblos presentaron sus respectivas solicitudes para la restitución de la tierra de la que habían sido despojados; de ellas el gobierno carrancista dictaminó favorablemente sólo en 10 casos, rechazando 172. Solamente se repartieron 224 mil 393 hectáreas de tierra en el periodo carrancista.
El respeto casi general que los gobiernos emanados de la revolución habían tenido por los grandes hacendados del porfirismo, era un fenómeno incongruente con los revolucionarios que ascendieron al poder, pero explicable por el origen social de éstos, hecho que los hacía sumamente complacientes y generosos con los de su clase. En México pues, el rompimiento con el pasado no había sido tan brutal, como lo fue después en Rusia con la revolución proletaria de 1917 por ejemplo; por lo anterior, era una realidad indiscutible que Carranza Garza tampoco estaba dispuesto a convertirse en un líder agrario, ya que como hacendado, tenía arraigado en lo más íntimo de su ser el concepto de la propiedad privada en el más amplio sentido de la palabra, y esto lo convertía en enemigo del agrarismo radical de Zapata y Villa.
Así pues, a pesar de que el régimen constitucionalista había abierto al país los caminos del derecho como norma de acción, mediante múltiples decretos publicados entre 1915 y 1916, que tendían tanto a la defensa de los intereses de la nación, como a la vigilancia de la legalidad de las acciones del gobierno y a la protección social de los núcleos sociales desposeídos, el pueblo, la indigencia nacional, los campesinos pobres y verdaderamente necesitados habían sido burlados en sus esperanzas nuevamente, debido al poco interés de los gobernantes para llevar a cabo una verdadera y efectiva reforma agraria que afectaría a las clases sociales privilegiadas del país, y es que ellos formaban parte de esos estratos sociales; otra vez, los intereses de unos cuantos se imponían sobre las mayorías.
En este punto, vale la pena mencionar, que fue el general Lucio Blanco –paisano de don Venustiano y firmante también del Plan de Guadalupe– quien realizó el primer reparto agrario a finales de 1913; luchando contra Huerta al mando del ejército del noroeste, toma militarmente la población de Matamoros, y asesorado por Francisco Múgica y Heriberto Jara –subordinados de él en ese momento– expropia la hacienda de Los Borregos propiedad de Félix Díaz sobrino de don Porfirio; después de ello, Lucio manda distribuir unos avisos anunciando su resolución de proceder a la repartición de estas tierras, entre aquellos individuos que no tengan terrenos o hayan sido despojados de ellos y deseen dedicarse a la agricultura. Los campesinos beneficiados, adquirían la obligación de pagar anualmente, una vigésima parte del valor del terreno recibido durante 20 años, a partir de la cosecha que se levantara ese año. Este hecho molesta tanto a don Venustiano (¿celo político?, ¿agravio de terrateniente?) que humillando a Blanco, lo destituye y lo pone a disposición del general Pablo González, hombre de todas sus confianzas, que planeó años después la trampa y el asesinato contra Zapata. El gobierno carrancista pues, estaba encabezado por un ex senador porfirista falto de preocupaciones sociales y con una mente antiobrerista adquirida en la Cámara de ese tiempo.
Esto último se vio reflejado en la primavera de 1916, cuando Carranza enfrenta una gran huelga iniciada por los obreros, por no haber respuesta empresarial o gubernamental a sus peticiones, y a la cual el gobierno –apoyando a los empresarios– responde violentamente aprehendiendo y encarcelando a los huelguistas, tratándolos como delincuentes y “traidores a la patria”, a pesar de la valiosa aportación que éstos –sobre todo ferrocarrileros y mineros– habían aportado a la revolución.
Ante la incertidumbre que vivía el país, había en México una intensa campaña en favor de un nuevo Congreso Constituyente, aunque la mayoría oficial se inclinaba solamente por reformas a la Constitución de 1857; sin embargo, un fuerte grupo radical de legisladores, en el que figuraban Mújica, Jara, Manjarrez, Luis G. Monzón, Héctor Victoria, Luis Espinosa, Bojórquez, Enrique Colunga, David Pastrana, Alonso Romero, Esteban Baca, Andrés Magallón y muchos más, intensificaban en la prensa y otros medios en todo el país, la necesidad de una nueva Constitución que supliera completamente a la de 1857, hecho que decidió a don Venustiano a solicitar que sin demora se creara un Congreso Constituyente “reclamado imperiosamente por los mexicanos para satisfacer ampliamente las necesidades públicas”, y evitar así que por aparente falta de interés gubernamental en ello, personas o grupos sociales tuvieran motivo o pretexto serio para atacar su gobierno; agregaba que para alcanzar estos fines y la tranquilidad del país, era necesaria la instalación de un Congreso Constituyente.
Sin embargo, era obvio que Carranza deseaba controlar el proceso de formación del Congreso, para impedir que se metieran en él oponentes suyos; por otro lado –como ya se mencionó– don Venustiano pensó desde un principio que ese Congreso tendría como función fundamental solamente establecer reformas a la Constitución de 1857, hecho demostrado en el acto solemne de la instalación del Congreso, en donde presentó el anteproyecto de Constitución reformada, el cual era muy moderado; al entregarlo, pronunció un discurso en el que delineaba el carácter de las reformas y “su verdadero espíritu”.
La convocatoria salió a la luz pública el 19 de septiembre de 1916 y la forma en que se instaló el Congreso, dio lugar a numerosas críticas, porque se procuró excluir a todos los que no estaban dentro de la facción carrancista, o sea a los grupos villistas y zapatistas; las listas de los diputados fueron formadas por los jefes militares y revisadas por su lugarteniente en la Secretaría de Gobernación. No obstante, el Congreso Constituyente instalado el 1 de diciembre de 1916 quedó conformado por una facción mayoritaria de diputados liberales y reformistas radicales –entre ellos muchos obregonistas– independientes del poder ejecutivo (ya mencionados líneas arriba) que dentro de los 136 artículos que formaron la Constitución, crearon algunos radicales y verdaderamente revolucionarios, que rebasaron los deseos un tanto tibios del presidente.
* Presidente de “Guerrero Cultural Siglo XXI” AC.