EL-SUR

Martes 07 de Diciembre de 2021

Guerrero, México

Opinión

ESTRICTAMENTE PERSONAL

El gruyere federal

Raymundo Riva Palacio

Septiembre 12, 2007

 

¿Qué pasó señores? Desde hace poco más de un mes un agente encubierto en Oaxaca reportó al Cisen que el EPR preparaba un
atentado, sin poder precisar si se trataba del secuestro de un alto funcionario o empresario, o si serían nuevos sabotajes.
Igualmente, la oficina de la CIA en México comunicó al gobierno de Felipe Calderón por las mismas fechas que tenían
información de que existía la posibilidad de un atentado contra un alto funcionario o contra un militar. Las alertas se prendieron.
La información proveía de fuentes tan serias que para el viaje a Asia y Oceanía, el Presidente decidió dejar en casa, ante la
inminencia de un ataque, a su superasesor Juan Camilo Mouriño.
De nada sirvió. La madrugada del 10 de septiembre, exactamente dos meses después de que el EPR saboteara ductos de Pemex
en Querétaro y Guanajuato, seis nuevas explosiones en tuberías de la empresa en Veracruz provocaron daños económicos en 12
estados y al 25 por ciento de la producción de gas, motivando que el mercado mundial tuviera un impacto al alza el mismo lunes.
Cuando menos cuatro comandos del EPR colocaron las bombas, que tenían los mismos componentes de Semptex, Anfo y
fertilizantes que emplearon en El Bajío. En cuatro gasoductos en Veracruz fueron colocados en las válvulas de seccionamiento,
donde más se estresa el metal, igual a la que explotó en el ducto en Querétaro dejando hoyos similares de seis metros de
profundidad.
¿Qué pasó señores? Tras las explosiones en Querétaro y Guanajuato, la responsabilidad recayó en el director del Cisen, Guillermo
Valdez, quien llegó a ese cargo por insistencia de su viejo amigo, Felipe Calderón, con quien participó en su cuarto de guerra
durante la campaña presidencial. Valdez, un politólogo, no tenía idea de lo que eran los servicios de inteligencia, y los sabotajes
del EPR no necesariamente lo tomaron desprevenido, pues el Cisen había detectado una comunicación intensa de la guerrilla en
los días previos. Lo que no supo fue cómo procesar la información, ni cómo enfatizar la gravedad de lo descubierto en las
reuniones del gabinete de seguridad nacional que se reúne los lunes en Los Pinos. Colocado públicamente en la picotilla, dentro
del gobierno lo cobijaron.
El secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, de quien depende el Cisen, lo llamó para darle calor político. En una
plática poco después de las explosiones en El Bajío, le reconoció que el Cisen había sufrido un abandono durante los últimos 10
años, y que había sido terminado de desmantelar en el sexenio pasado. Que no se preocupara, le subrayó, porque tenía
instrucciones de darle recursos para mejorar la capacidad humana y tecnológica del maltratado Cisen. El respaldo a Valdez no
resolvió nada.
Las explosiones en Veracruz volvieron a mostrar las deficiencias que enfrenta la inteligencia civil del Estado Mexicano. En el caso
de los sabotajes, un argumento que manejan altos funcionarios mexicanos es que los más de 62 mil kilómetros de tuberías de
Pemex por todo el país, hacen humanamente imposible vigilarlas todas. Sin embargo, de ese total hay 4 mil que se consideran
estratégicas, donde la vigilancia puede ser acotada y reforzada. No ha sido así, ni desde el 10 de julio pasado que se
comprometieron a reforzarla, ni desde 2001, tras los atentados terroristas en Estados Unidos, donde las Fuerzas Armadas
mexicanas iniciaron el Plan Centinela a fin de evitar ataques en instalaciones estratégicas.
Actos terroristas o de movimientos armados no se frenan con poderío militar o policial. Lo que ayuda es un eficiente sistema de
inteligencia que permita anticiparlos mediante la obtención de información. Esta proviene de agentes encubiertos por un lado –
como aquél que envió el reporte desde Oaxaca advirtiendo que venía un ataque del EPR–, o por lo que se puede lograr en los
interrogatorios de detenidos. En el caso de las explosiones en Veracruz, asumiendo que el EPR fue el responsable de ellas, se
pueden argumentar serias fallas en el procesamiento y prevención. Si se sabía que venía una acción militar del EPR, ¿cómo se
pudo lograr con tanta limpieza? Sólo se puede explicar por las enormes deficiencias del aparato de seguridad mexicano.
El Cisen tiene desde 2000 una serie de plantillas que permiten decodificar los comunicados del EPR. Normalmente, cuando los
comunicados son extensos, significa que incorporan una serie de mensajes que sólo pueden ser descifrados si se tiene la
documentación adecuada. Aunque el EPR guardó silencio en las últimas semanas, hubo dos comunicados que debieron haber
sido interpretados adecuadamente. Uno, de la comandancia general del EPR hace casi dos semanas erigiéndose como los únicos
voceros oficiales, y el otro, una carta de Francisco Cerezo Quiroz y Emiliana Contreras, jefes del EPR, a sus hijos, hace unos 10
días. El Cisen, como a principios de julio, confirmó la inminencia del ataque, pero Valdez, como en ese entonces, no tuvo la
energía dentro del gabinete de seguridad nacional para hacerse oír.
Por otra parte, tras las explosiones en El Bajío, las fuerzas de seguridad iniciaron una búsqueda de células del EPR que los
llevaran a sus jefes o que aportaran más luz sobre los eventuales atentados. Pero semanas de intensa persecución arrojaron
pocos éxitos. Una célula del EPR detenida en Morelos días después de las explosiones en El Bajío, produjo información sobre
secuestros, pero no mucho más. Tampoco se ha detenido a algún jefe guerrillero. ¿Qué pasó señores? Valdez no ha rendido
frutos, y es la segunda ocasión en dos meses que falla. Inteligencia militar, que por vías legales y presuntamente al margen de la
ley, está persiguiendo al EPR, tampoco. Las áreas de inteligencia no están funcionando adecuadamente. El responsable de la
coordinación de seguridad nacional es Ramírez Acuña, a quien le ha faltado carácter y mando para articular a los diferentes
grupos que responden por ella. Por ejemplo, el que atiende instalaciones estratégicas, bajo la dirección del secretario de
Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha tenido reuniones durante los dos últimos meses sin que la Secretaría de la Defensa,
responsable directo de la seguridad, haya enviado a representante alguno. Los militares no sólo sabotearon a García Luna, sino a
Ramírez Acuña y al presidente Calderón.
Los resultados están a la vista. La desarticulación conlleva a la incapacidad, y la suma de ambas, a la vulnerabilidad del Estado
Mexicano a todo tipo de ataques y procesos de desestabilización. Es inadmisible, pero el presidente Calderón parece estar
dispuesto a seguir tolerando estas fallas en su sistema de inteligencia. Un ajuste de funcionarios responsables es lo mínimo que
podría exigírsele, pues el tema de los sabotajes no es un problema interno de su gobierno, sino uno mayor para el país, donde la
responsabilidad principal sobre la seguridad, hay que recordárselo, es de él.

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