Fernando Lasso Echeverría
Octubre 15, 2019
(Décima tercera parte)
Comentábamos al final del artículo anterior, cómo la “Corriente Democrática” supuestamente dentro del PRI, había surgido a la luz pública de manera prematura, acarreándole con ello al grupo responsable varios conflictos con la cúpula del Partido que le servía como “punta de lanza” al gobierno instituido, pues el silencio gubernamental fue prácticamente general, con excepción de una declaración del candidato priista a la gubernatura de Veracruz: Fernando Gutiérrez Barrios, quien expresó públicamente, que en México, “los cambios los promovía el presidente de la República”; y efectivamente, desde 1946, el PRI no había tolerado en su interior, la existencia de “tendencias” o “corrientes” en sus órganos dirigentes o de base, ni de “alas” en sus bloques camerales, por lo que la aparición del nuevo grupo o “Corriente Democrática” provocó confusión en las estructuras verticales y autoritarias del Partido oficial, pero paradójicamente también entre sus miembros.
En primer lugar, el grupo se estaba asumiendo como una “Corriente” dentro del Partido, tal como existían en los partidos políticos europeos, pero no en los estatutos del PRI en donde no existía nada relacionado con este punto; por otro lado, sus miembros no habían tenido tiempo de reflexionar sobre la organización que le darían a ésta, ni sobre sus principios básicos; tampoco había una dirigencia formal que hiciera frente a los problemas presentados, ya que la rapidez de los acontecimientos les impidió formarla. Sin embargo, los promotores de la nueva “Corriente” no recularon ante las críticas y se empeñaron en convencer más a la opinión pública que al medio político, de la importancia que tenía el democratizar el mecanismo de selección del candidato presidencial priista, con la finalidad de abrir un proceso amplio de discusión de los problemas del país.
Pero la situación requería una respuesta y el Comité Ejecutivo del PRI, respondió a los “voceros” de la “Corriente Democrática”, informándoles que en el Partido había disposición al “diálogo” con los promotores de la iniciativa, y anunció que tendría una plática con ellos en cuanto lo solicitasen. Sin embargo, tal como se estaban dando las cosas, no parecía que pudiera llegarse fácilmente a un entendimiento, pues empezaron a aparecer en diversas columnas políticas de periódicos nacionales, una serie de ataques que indicaban que la verdadera línea gubernamental en lo relativo a la democratización del Partido, era ya una franca oposición hostil a la iniciativa, y cómo no iba a ser así, si ésta ponía en riesgo el plan transexenal del grupo salinista.
Sin embargo, los disidentes –radicados en México– estuvieron de acuerdo en que se solicitara una entrevista con el presidente priista, Adolfo Lugo Verduzco, para exponerle las razones de su movimiento, y sobre todo intentar convencerlo, de la intención de sus promotores de mantener en todo momento un diálogo con la dirección partidista; Porfirio Muñoz Ledo fue comisionado para esta tarea, tanto por haber sido presidente del Partido, como por su antigua relación con Lugo de quien había sido condiscípulo. Muñoz Ledo, quien ya había realizado una serie de giras por el interior del país, se había dado cuenta que los comités estatales del PRI, les estaban “haciendo un vacío” a la gente de la “Corriente”, siguiendo la línea indicada por el nivel nacional, y se propuso entrevistarse con Lugo Verduzco, pidió una cita que le fue confirmada de inmediato.
La reunión, se llevó a cabo en las oficinas del CEN del PRI –en el despacho de Lugo Verduzco– en donde hubo una conversación cordial entre ambos durante hora y media. Ahí, Muñoz Ledo con los estatutos partidistas en la mano, reclamó el derecho de los miembros a disentir, pero Lugo Verduzco lo atajó reiterativamente, rechazando su demanda invocando la tradición política priista, y muy claramente le expuso la postura del régimen: el Partido –le dijo– era un “partido unitario” y no admitiría “corrientes” en su interior; Porfirio, insistía en que en el pasado, estas habían existido en torno a personalidades políticas y que ellos estimaban, que había ya en el Partido la madurez necesaria para que pudieran manifestarse las corrientes “ideológicas”, por lo que éstas no tenían que permanecer soterradas, y le dio a conocer, que los miembros de la “Corriente” estaban dispuestos a luchar por sus principios dentro del PRI, mediante un diálogo directo con sus directivos, y agregó un argumento más directo: Que el régimen se había “derechizado” y que eso probaba que había en el poder una “corriente” que estaba incluso al margen de los estatutos partidistas. Lugo Verduzco, confuso, insistió no obstante, en que no podía haber “varias corrientes” en el Partido, y les pidió “prudencia” a los “democratizadores”. La discusión quedó inconclusa y sin definición alguna.
No obstante, el factor fundamental lo era la forma en que los reporteros –que estaban a la expectativa– iban a tratar la noticia, y Muñoz Ledo, le “comió el mandado” a Lugo Verduzco, quien iba a informar a los periodistas en el interior del edificio, que había “disciplinado” a los inconformes, pero antes, Muñoz Ledo llamó a los reporteros a una improvisada conferencia “de banqueta” , en donde –una vez más– con los estatutos priistas en la mano, declaró que ante el presidente del Partido, había defendido los derechos de los militantes a disentir, y al final de sus declaraciones el ex embajador, se declaró “confiado” en que sus puntos de vista serían escuchados, haciendo hincapié en que Lugo Verduzco no había objetado su iniciativa, versión que fue la noticia publicada en la prensa de la mañana siguiente, con el título: La Corriente Democrática prosigue. Muñoz Ledo, había ganado pues, el primer “round” y por partida doble a la cúpula priista, pues no sólo logro que los reporteros acudieran a la improvisada entrevista en la acera del edificio, sino también que los diarios dieran prioridad a su versión de los hechos, para que con ello la Corriente Democrática quedara legitimada ante la opinión partidista, ante el informe de Muñoz Ledo de que no había diferencias mayores con el Partido.
Esa idea se acentuó al día siguiente cuando el gobernador michoacano Lázaro Cárdenas Batel dijo que en el futuro los inconformes impulsarían diversos “proyectos”. Nadie se lo contradijo.
Pero el CEN del PRI reaccionó ante una situación que consideraba equivocada cuatro días después, cuando Lugo Verduzco rechazó oficialmente –y en términos muy ásperos– la propuesta democratizadora, durante un acto político realizado en Chilpancingo en agosto de 1986, con motivo de la toma de protesta del candidato del PRI a la gubernatura del Estado; el dirigente priista aseveró en nombre del partido oficial que los estatutos del PRI preveían ya la “democracia interna” y que en consecuencia las inquietudes de los militantes, deberían encauzarse “a través de los sectores”. La descalificación oficial prosiguió, pues Fidel Velázquez pocos días después, ratificó la opinión del presidente de PRI ante la prensa, afirmando que el “grupo renovador” atentaba contra la “unidad del PRI”. Luego Gustavo Carbajal –ex presidente del PRI– sentenció también públicamente, que “la Corriente Democrática” no existía. Al parecer, la situación se aclaraba, y muy pronto corrieron rumores de que el movimiento se disolvería en unos cuantos días, pues al conocerse que este no contaba con la anuencia del presidente de la República, la opinión pública pensaba que iban a acelerarse los abandonos del mismo.
Juan José Bremer –asistente a las dos primeras reuniones del grupo democratizador– externó que “la bandera de la democracia” era patrimonio del PRI y no de grupo alguno, y Augusto Gómez Villanueva, también asistente a la primera reunión –sin saberse nunca quién del grupo lo invitó– señaló que en el PRI había “canales” para la “disidencia” y negó –igual que el anterior– pertenecer o haber pertenecido al movimiento.
La divulgación de la información sobre el movimiento tomó por sorpresa a todos los involucrados en él, pero sobre todo a los que radicaban fuera del país como el mismo Rodolfo González Guevara, quien se enteró en Madrid al leer el Unomásuno, que éste ya era del conocimiento público, provocándole mucha molestia, no sólo por haberse adelantado la existencia del movimiento públicamente, sino porque él había recomendado a sus compañeros que la “Corriente” no debía establecer “relaciones políticas” con el CEN del Partido, ni a asistir a asambleas o reuniones a la que éste convocara por dos razones que expuso previamente: a) que el Partido la absorbiera o la disolviera internamente, o b) que se produjera una confrontación, tal como estaba ocurriendo en ese momento, situación que lo hizo salirse del movimiento, no sin antes ratificar que estaba a favor de democratizar al Partido; luego lo siguieron otros miembros de lo que sería posteriormente la Corriente Democrática, quienes de manera pública o no, tomaron sus distancias del movimiento.
Las diferencias de un grupo priista –formado por distinguidos miembros del Partido– con la nueva política económica del gobierno y con el papel del Partido ante esas orientaciones, fue entendida casi de inmediato por la burocracia oficial, como una irrespetuosa rebelión a la autoridad del presidente de la República, lo cual no faltaba a la verdad, pues atentaban contra la disciplina partidista en torno a la autoridad presidencial –principio básico no escrito del priismo– poniendo en riesgo al “sistema” mismo.
La respuesta del gobierno Delamadridista fue inmediata, exigiendo la sumisión de la burocracia oficial, y en particular de aquellos que disentían con las políticas estatales, acordes con los ordenamientos abusivos de los “prestamistas” internacionales. La propuesta de los “democratizadores”, tendía sin duda a hacer evolucionar al Partido –y al sistema mismo– hacia la democratización, pero por la estructura propia del poder en México era vista con recelo e intolerancia por la alta burocracia política, ya que –además– ponía en riesgo a los gobiernos tecnócratas (“antinacionalistas” y “antiestatístas”) transexenales ya planeados para el país por el grupo salinista, acordes con la formación ideológica de sus miembros en universidades estadunidenses.
El presidente Miguel de la Madrid ya había externado crudamente su doctrina política en una visita que realizó a la Universidad de las Naciones Unidas; ante una pregunta incómoda de un miembro del auditorio, contestó lo siguiente: “En México, no puede haber alternancia política porque los partidos minoritarios, presentan soluciones extremas que llevarían al país a cambios radicales en su vida política, social y económica”, razonamiento que explica en gran parte el porqué del fraude electoral, realizado por el gobierno priista un año después.
Sin embargo, la opinión pública no dejó de mantener un interés creciente en el movimiento democratizador propuesto por el grupo disidente, pero poco se sabía sobre él, pues no había habido pronunciamientos oficiales sobre el mismo, y se desconocía su fuerza real. ¿Quiénes lo formaban? y ¿Qué buscaban en realidad? se preguntaba la población al leer las notas periodísticas. Aún entre el priismo oficial, había opiniones encontradas: Del Mazo, el titular de la SEMIP, estimaba al movimiento como de “buena fe”, y Eduardo Pesqueira, quien estaba frente a la SARH, pedía “respeto para los democratizadores”; Alfonso Martínez Domínguez señaló públicamente, que era el propio Partido el que promovía a los “grupos renovadores”.
Todo ello provocó que hubiese dudas en torno a la real independencia del movimiento. El mismo gobierno, afirmaba –en conceptos tradicionales– que era un problema del partido con algunas personalidades, no con la base de la organización, y que estos actuaban más por ambiciones personales que por principios, lo cual –aseveraban– no era ninguna novedad. De la Madrid agregó después que el PRI perfeccionaba continuamente sus sistemas de selección interna de candidatos “tanto a nivel nacional, como estatal y municipal”, pues la “democratización” era la “bandera del Partido”, y aparentemente no dio mayor importancia al asunto.
Durante la segunda quincena de septiembre, los medios de comunicación –advertidos desde el gobierno– dieron en consecuencia una menor cobertura a quienes disentían con la línea oficial, y la discusión sobre el tema casi desapareció en las columnas de los diarios. El Consejo Nacional del PRI, no desperdiciaba oportunidad alguna, para rechazar las acusaciones que se hacían contra la antidemocracia interna del Partido. Miguel de la Madrid objetó la veracidad de que el grupo tuviera contacto con las “bases” del PRI y conocieran realmente sus inquietudes. No obstante, la relación de los miembros de la “corriente” con el gobierno y la dirigencia partidista se siguió desarrollando en términos supuestamente cordiales en los últimos meses de 1986: los disidentes daban sus argumentos a la prensa en forma muy política para no poner en riesgo su relación con el gobierno encabezado por Miguel De la Madrid.
Debido a ello, la Corriente Democrática del PRI en sus primeras semanas de existencia, no tuvo una imagen pública muy precisa; sin embargo la definición no tardó, pues en una reunión privada que los principales miembros del grupo tuvieron con Lugo Verduzco, hubo discrepancias importantes y una de ellas, fue la condición que el dirigente del Partido les quiso imponer: que para seguir discutiendo oficialmente con ellos, deberían dejar de llamarse “corriente”, a lo cual se negaron y a su vez demandaron que el Partido se abriera, principalmente en la elección de sus candidatos, lo que a su juicio debía hacerse mediante campañas de proselitismo –lo mismo que pedía Carlos A. Madrazo en la década de los 60s– y demandaron que se cumplieran los principios existentes en los estatutos sobre el particular, ya que sólo así, el PRI podía impulsar una política distinta que tuviera en cuenta las necesidades sociales.
Se insistió en el hecho de que el Partido tenía la función fundamental de velar por la vigencia de los principios de la Revolución Mexicana, motivo por el cual, ellos estimaban que el grupo debería preservar un carácter autónomo frente al Poder Ejecutivo, a fin de que llegado el caso pudiera tener la autoridad para exigirle a éste, el cumplimiento de dichos postulados.
Los principales temas tratados en esa ocasión entre el grupo y el Ejecutivo priista, lo fueron principalmente los sociales y económicos, entre los que estaban la distribución del ingreso y el hecho que se hubieran desalentado inversiones fundamentales para nuestro país. Lugo no se comprometió a nada, y el grupo anunció que iban a publicar un documento, en donde se haría pública su posición.
* Ex presidente de “Guerrero Cultural Siglo XXI” A.C.