Fernando Lasso Echeverría
Diciembre 10, 2019
(Décima séptima parte)
Muy entrado el segundo semestre de 1987, la Corriente Democrática priista proseguía sus actividades con marchas, mítines y desplegados de prensa, sin importarles que éstas se entendieran como un desafío a las tradiciones del priismo, ya que fundaban su postura en los derechos reconocidos a los miembros del PRI, en su reglamento estatutario. El movimiento continuaba creciendo, y sus demandas ya tenían eco más allá del priismo; finalizaron publicando una petición al CEN del PRI, para que expidiera una convocatoria para llevar a cabo la Convención Nacional necesaria, a fin de solicitar en ella el registro de la precandidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, para que ésta pudiera ser discutida en la convención solicitada; posteriormente, la Corriente publicó un desplegado en la prensa (18-IX-87) convocando a los priistas a respaldar sus acciones, a fin de obtener el registro de la candidatura del ex gobernador de Michoacán y “alcanzar una Nación independiente, justa, libre y productiva”, siendo muy significativa la respuesta pública. En el texto, dirigido “al pueblo de México”, hablaban de democracia, pero ya no en el ámbito partidista sino en la vida social del país y esto seguramente se daba porque los disidentes priistas daban por hecho que nunca lograrían el apoyo de su partido, manejado autoritariamente por un gobierno al cual no le convenía una apertura democrática real, pues le quitaría el poder al grupo tecnocrático que planeaba quedarse en él varias décadas, implantando políticas económicas totalmente fuera de los principios revolucionarios reflejados en la Constitución.
En el escrito publicado se leían frases como “desde la sociedad alcanzar el gobierno”; invitaban a los compañeros de partido a unirse, pero también a “todas las fuerzas democráticas y progresistas de la República” y a “todos los ciudadanos”, para que asumieran su responsabilidad “con la democracia”, y cada uno de ellos se convirtiera en “promotor del cambio que México reclama”; incitaban a luchar unidos “contra el autoritarismo, y por el rescate de la soberanía y la reconstrucción del país”, e indicaban que no cederían ante la prepotencia, ni fallarían a la confianza depositada en ellos, pues a su generación le correspondía “el irrenunciable deber de salvaguardar la Constitución”.
El régimen delamadridista inició entonces una serie de descalificaciones, no sólo contra la Corriente, sino también contra el mismo Cárdenas, y el clima político se enrareció notablemente; los “golpes bajos” a los miembros de la Corriente eran cada vez más frecuentes –sobre todo– usando a los miembros del gobierno estatal de Michoacán, y a los legisladores nacionales representantes del mismo estado en las cámaras, que hicieron graves imputaciones mediáticas a la Corriente Democrática ( por ejemplo, afirmaban que era un movimiento violento) y al mismo Cuauhtémoc, asegurando que cuando fue gobernador tenía en su gabinete a enemigos del PRI; sin embargo, contra lo esperado por los altos círculos del poder, las maniobras no causaron júbilo general, pues hubo también malestar en amplios sectores de la burocracia oficial, por lo sucio de ellas y por ser inducidas claramente desde la cúspide del poder. Cárdenas por el contrario, interesado en entregar la petición para que se expidiera la convocatoria a la Convención Nacional del PRI, expresó que si el proceso continuaba cerrado a las bases, desoyéndose sus demandas y advertencias, los dirigentes partidistas serían responsables de las fracturas políticas y sociales que ocurrieran y así mismo, del aumento del abstencionismo y de la consiguiente deslegitimación de las instituciones. El PRI “contestó” protegiendo sus instalaciones de todo el país, con policías y grupos paramilitares con aspecto de “halcones”, provocando una situación sin precedentes: los establecimientos del PRI, se resguardaban contra militantes del propio partido. Jorge de la Vega Domínguez le comunicó a Cárdenas que si él tenía interés de una entrevista con el CEN del PRI, esta no podía llevarse a cabo en ningún edificio partidista; Ifigenia Martínez les contesta que “su lucha no era por edificios, sino por principios” y que ellos siempre asumirían una actitud prudente, por lo que no había que temer nada violento de los disidentes, aun cuando ya eran miles los militantes de toda la República sus seguidores y que muchos de ellos pedían la toma de instalaciones del PRI. La dirigencia –como una estrategia– empezó a organizar homenajes a su fundador Plutarco Elías Calles, sin que mediara ninguna fecha alusiva a su nacimiento, muerte o fundación del partido, por supuesto más para respaldar las acciones en contra de la disidencia (ya identificada como cardenista); sin embargo, el simbolismo que los dirigentes deseaban darle a los eventos –que se veían muy deslucidos– era recordar el enfrentamiento por el poder entre Calles y don Lázaro, para el medio político del país, significaba el enfrentamiento entre dos grandes tendencias al interior del PRI: la tradicional autoritaria y centralizadora, contra la que demandaba una apertura democrática a fin de impulsar otras políticas en materia económica y social.
Finalmente, el único encuentro formal –y tenso– entre una delegación del CEN del PRI encabezada por el secretario general Humberto Lugo Gil, y otra de los disidentes de la Corriente Democrática, se llevó a cabo a finales de septiembre de 1987, en la sede del Instituto de Capacitación Política del PRI (ICAP) en las calles de Puente de Alvarado, la cual concluyó con una nueva negativa de la dirección nacional a las demandas de la Corriente, inclusive a recibir la solicitud avalada por miles de firmas, de que el PRI convocara lo antes posible a una Convención Nacional, argumentando que el periodo oficial para ello aun no se había abierto, y que por ello, los estatutos prohibían la recepción de un documento en el que se solicitaba la “precandidatura de Cárdenas”, lo cual era falso, ya que en el texto solo se pedía la convención y no el registro de algún precandidato, y esto hacía evidente que los dirigentes priistas no tenían interés alguno por establecer un diálogo, y que se tenía toda la intención de continuar escondiendo lo inocultable: que la decisión de escoger al sucesor vendría de Los Pinos; para ello, la dirigencia priista afirmaba que la decisión vendría de los sectores, y los dirigentes sectoriales aseguraban que el partido sería el que escogiera y diera a conocer quien iba a ser el candidato del PRI a la presidencia, entre los que ellos propusieran. El presidente Miguel de la Madrid exaltaba públicamente a don Fidel Velázquez, a Joaquín Hernández Galicia La Quina y a Carlos Jongitud Barrios, como líderes sindicales ejemplares, y había razón para ello, pues en realidad servían más al PRI-Gobierno y a sus instituciones que a sus agremiados. Por supuesto que el gobierno delamadridista, ante el temor derivado de su inseguridad ante las demandas populares, había montado todo un aparato represivo, que solo la prudencia de los disidentes logró evitar.
Don Miguel de la Madrid Hurtado, el primer miembro de la generación de tecnócratas norteamericanos nacidos en México que llegó a la cumbre del poder –Horacio Flores de la Peña dixit–; el inspirado maestro de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, que ya siendo presidente apartó de sí a la generación de liberales que tanto lo habían iluminado, convirtiéndose en un miembro más del autoritario sistema político mexicano; don Miguel, el hombre que dijo en un foro público de la Universidad de las Naciones Unidas que “en México no podía haber alternancia política, porque los partidos minoritarios presentaban soluciones extremas, que llevarían al país a cambios radicales en su vida política, económica y social”, ignoró primero a los rebeldes priistas que se oponían a la imposición de su candidato, y después –ante la insistencia de éstos– promueve la expulsión de los indisciplinados, quienes ante tal cerrazón y sin esperar a que ocurriera la expulsión oficial, renuncian al PRI y con el apoyo del Frente Democrático Nacional, nuevo frente de partidos formado con varias antiguas organizaciones políticas de la izquierda mexicana lanzan la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano para presidente de la República, quien acepta obligado por las circunstancias que se dieron.
No obstante, había ya en el país una actividad política independiente, franca y abierta, de parte de varios sectores; uno de ellos era el clero, que favorecía públicamente cada vez más al panismo, y defendía los triunfos de este partido en los estados del norte; en Chihuahua, su arzobispo y múltiples obispos regionales, atacaban en los púlpitos y en diversos documentos publicados –sin recato alguno– la intolerancia y el absolutismo practicados por el PRI-Gobierno y protestaban por la falta de democracia y la corrupción que se habían apoderado de las instituciones. Por otro lado, la subordinación de la prensa hacia el sistema ya no era absoluta, ante la opinión personal de don Miguel de la Madrid, de que el periodismo era “una cloaca”, varios periódicos y revistas mexicanas funcionaban en forma independiente, y aun así, lograban sobrevivir; muchos intelectuales vivían fuera del presupuesto y ejercían la crítica al gobierno en estos medios y tenían cada vez más lectores; sin embargo, hubo represión excesiva de este gobierno con aquellos periodistas no sólo independientes, sino también críticos en extremo del sistema instituido; no puede omitirse en esta crónica histórica, la muerte de dos distinguidos comunicadores, que tuvieron relaciones muy difíciles con el presidente De la Madrid y su secretario de Gobernación Manuel Bartlett: Manuel Buendía y Carlos Loret de Mola, abuelo del ex conductor de Televisa.
Don Manuel Buendía tuvo la osadía de exponer a la luz pública asuntos escabrosos de personajes importantes de la administración de don Miguel –incluyéndolo a él– y finalmente, fue asesinado una noche cuando salía de sus oficinas, por dos individuos que lo esperaban para tal fin, que huyeron en una motocicleta; después de su muerte, mucho se mencionó que Buendía estaba reuniendo información para un libro que hablaría de la homosexualidad en los altos niveles de gobierno; otra versión era que don Manuel tenía mucha información sobre la participación de elevados funcionarios del gobierno en el narcotráfico y que pensaba publicarla.
En relación a don Carlos Loret, conviene recordar que después de escribir muchas columnas periodísticas y varios exitosos libros en los cuales criticaba y exhibía a De la Madrid como un mandatario incapaz, demagogo y corrupto, murió en un extraño accidente vehicular –acompañado por una mujer– en la carretera Ciudad Altamirano-Zihuatanejo. La versión oficial afirmaba que fue detenido en un retén militar, poco antes de Ciudad Altamirano, de donde después de la revisión rutinaria correspondiente continuó rumbo a Zihuatanejo accidentándose en la carretera; pero, soldados rasos que salían en su día libre de la zona militar de Altamirano a tomarse unas copas en bares de esta población, ya borrachos le hacían confidencias a sus amigos o compañeros de parranda, afirmando que al “periodista ese” y la “vieja que traía” los habían matado a golpes dentro de las instalaciones militares, mandándolos tirar después a un precipicio de la carretera dentro de su coche, para aparentar una muerte accidental, comentarios que luego se fueron difundiendo entre la población y se conocieron ampliamente en toda la región.
Finalmente, en el mismo año, para asegurar la permanencia de su partido en el poder, De la Madrid ordenó elaborar un Código Federal Electoral que sustituyera a la Ley de 1977, pretendiendo crear la ilusión de que se abrían nuevos espacios para el cambio político; sin embargo, fue notable para los expertos que pocas leyes electorales han sido tan tramposas; ésta era una ley plagada de candados y dobles fondos, al grado que apenas tres años después tuvo que sustituirse con otra un poco menos abusiva. Por ejemplo, con ella el PRI tenía asegurada siempre la mayoría de los diputados en la Cámara, aunque tuviera menos del 50% de los votos; también le aseguraba al presidente, el control absoluto de la Comisión Federal Electoral, de las comisiones locales y de los comités distritales, y le daba al secretario de Gobernación la facultad de nombrar a todos los funcionarios electorales, convirtiéndose esta ley, de hecho, en un instrumento para controlar las elecciones hasta el último detalle, situación que facilitaría enfrentar los comicios que se aproximaban,
Todo lo anterior provocó que la clase política del país se dividiera y brotaran manifestaciones de inconformidad entre grupos políticos identificados con el anterior proyecto nacionalista del PRI, y que por ello eran poco afines con las medidas económicas y las políticas antidemocráticas del gobierno de De la Madrid y su gente, que desembocó en un sexenio de crecimiento 0.
La Corriente Democrática además rechazaba el tradicional “dedazo” presidencial para elegir sucesor; y fue esta inconformidad –ya compartida por otros grupos– la que precisamente adelantó este mecanismo autoritario y antidemocrático.
Pero habría que recordar también que antes de ser destapado oficialmente Carlos Salinas de Gortari como candidato presidencial, se mencionaban en el medio político –como precandidatos con posibilidades reales– los nombres del secretario de Gobernación, Manuel Bartlett; el de Energía, Alfredo del Mazo y el procurador de la República, Sergio García Ramírez. Casi finalizaba el año de 1987 cuando empezaron a suceder varios acontecimientos fuera de serie: el primero de ellos fue la ya mencionada renuncia al PRI, de distinguidos políticos encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, quien fue postulado por el Frente Democrático Nacional, constituido con la alianza del PMS con otros partidos de izquierda, y al cual se agregó –ya en la campaña–el PMT de Heberto Castillo, quien renunció a su candidatura en favor de Cárdenas.
Otro fue el “madruguete” que pretendieron darle al presidente y a su “tapado”. Del Mazo creyó realmente que él iba a suceder a De la Madrid, pues éste lo cultivó públicamente durante los dos años en los que el ex gobernador del Estado de México formó parte del gabinete –realizando la travesura sexenal, que el presidente en turno llevaba a cabo con sus colaboradores cercanos– con la finalidad de que le sirviera como uno de los principales distractores para el mundo político; con frecuencia lo llamaba “el hermano que nunca tuve” y le demostraba en realidad un trato fraterno que provocó en don Alfredo –y en muchos políticos de café– la seguridad de que él iba a ser el elegido. El saber que no iba a ser así, estimuló en el secretario de Energía el propósito pasional de frustrar el destape de Salinas horas antes de que éste ocurriera. Entre la noche del viernes 2 y la mañana del domingo 4 de octubre del año mencionado, se suscitaron varias acciones que tendían a impedir el destape de Salinas.
* Ex Presidente de Guerrero Cul-tural Siglo XXI AC.
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