(Vigésima primera parte)

Al asumir el poder Carlos Salinas de Gortari en 1988, se inició una acción permanente en contra de los partidos de oposición, específicamente en contra del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que había sido formado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano reuniendo a la membresía afiliada al Frente Democrático Nacional, integrado en su momento por varios partidos que se unieron a la Corriente Democrática emergida del mismo PRI, y que exhibían en toda la República en forma permanente a Salinas de Gortari como un presidente ilegítimo, causando gran furia en él y provocando esta notable hostilidad hacia el PRD.
Por el contrario, los dirigentes del PAN hicieron acuerdos con el nuevo gobierno, reconociendo el triunfo de Salinas y uniéndose a él, olvidando la enemistad irreconciliable que estos dos partidos políticos habían tenido durante 60 años y formaron –extraoficialmente– a ese engendro político denominado popularmente como el PRIAN, pues los legisladores de ambos partidos actuaban en las cámaras en forma perfectamente coordinada, como si ambas bancadas fueran “gubernamentales” y apoyaban todas las iniciativas de ley del presidente Salinas; muchas de ellas por cierto, coincidían con los requerimientos políticos que el PAN había exigido desde su creación; y sin duda, esta unión era necesaria, pues a la Cámara Baja llegó un número inusitado de perredistas y legisladores de otros partidos pequeños, que sólo eran minimizados con la alianza de los que antes eran dos partidos políticos oponentes y de ideología incompatible.
Por todo ello Salinas, reconociendo que el aval del panismo cupular a su dudoso triunfo era invaluable, cedió de inmediato al PAN la gubernatura de Baja California, quedando el panista Ernesto Ruffo Appel como el primer gobernador no priista en un estado de la República: posteriormente, otros dos panistas llegaron a gobernar sus entidades federativas natales: Francisco Barrios Terrazas en Chihuahua y Carlos Medina Plascencia en Guanajuato.
Ante la pérdida de terreno del PRI en las posiciones de elección popular y la cercanía de las nuevas elecciones en 1991, el presidente Salinas y sus funcionarios/empresarios instrumentaron hábilmente un programa que tenía como primer objetivo la recuperación de las “curules” perdidas en la Cámara Baja, mediante el aumento de la captación de votos en la población, “comprando” el sufragio con los recursos económicos distribuidos mediante ese programa que se llamó Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), que se instaló principalmente en todas aquellas comunidades en las que el tricolor había sido derrotado; sin embargo, mucho se ha repetido también que el principal objetivo de dicho programa era el de formar ulteriormente un nuevo partido (el Partido de la Solidaridad Nacional) que desplazaría al PRI, pues muchos politólogos insistían en que Salinas realmente no simpatizaba con el partido que lo postuló y que éste sólo había sido el medio para que él se apoderara del mando supremo. Por otro lado, este planeado y futuro organismo político sería su baluarte para una futura reelección, o en su defecto, de la continuidad del proyecto salinista, que coincidía plenamente con los planes geopolíticos del gobierno estadunidense.
En este punto es conveniente recordar como Genaro Borrego –el primer presidente del PRI en el salinato– planteó la idea de refundar el partido, dando paso a un nuevo instituto político.
La propaganda notablemente excesiva que se le hizo a este programa no tuvo límites económicos o de otra índole; el “Solidaridad” cumplió con las expectativas del gobierno salinista a cabalidad, y en las elecciones de 1991 el PRI recuperó con creces el terreno político perdido; la aplicación de dicho programa consiguió el voto de miles (o quizá millones) de ciudadanos –sobre todo en el Distrito Federal– que favorecieron al PRI, seducidos con dádivas de todo tipo. No obstante, en esta recuperación política del partido oficial, es justo reconocer también, que la actuación conciliatoria de Manuel Camacho como regente de la Ciudad de México logró el respeto no sólo de los priistas, sino también de los más recalcitrantes perredistas de la ciudad y con ello el avance del PRI en la capital del país; sin embargo, poco le duró el gusto, pues Salinas –quizás por ello mismo– no cumplió con el compromiso de nombrarlo sucesor. El “berrinche” demostrado públicamente por Manuel –en el momento del destape de Colosio– y la tolerancia del presidente a esta conducta, nos hace pensar que el rumor que se había difundido ampliamente entre los círculos políticos del país era verídico; tres íntimos amigos en su época estudiantil (Salinas, Camacho y Ruiz Massieu) habían hecho el compromiso “de que si alguno llegaba a la presidencia, nombraría sucesor a alguno de los otros dos”.
Durante el sexenio de Salinas también se comentó mucho en los corrillos políticos que el PRI entregaría el poder al PAN en el año 2000, situación que pocos creímos pero sucedió… ¿Por qué? Ante la presión de una izquierda real y creciente en ese momento, que amenazaba la continuidad del proyecto gubernamental salinista neoliberal ¿Se repitió la maquinación sucedida en la Profesa en 1820? ¿Hubo arreglos secretos, entre grupos cupulares ultraconservadores selectos del PRI y el PAN? ¿Cambiar, para que todo siga igual, era la consigna? ¿Se acordó una alternancia política arreglada entre el PRI y el PAN? ¿Por eso el PRI seleccionó en ese año electoral –como su candidato– a un político “quemado” mediocre y ajeno a la pandilla de tecnócratas? Quien por cierto acaba de declarar recientemente en la prensa pública que a él no lo derrotó el PAN (y Fox), sino Zedillo; ¿El PAN ya en el poder, no respetó el convenio de alternarse la presidencia de la República? ¿O este arreglo, lo frustró la popularidad creciente de Manuel López Obrador en 2006 que amenazaba con desplazar al PRIAN? Se dice que el PRI, al ver caer al tercer lugar de popularidad a su candidato Madrazo, ordenó desplazar su “voto duro” al candidato del PAN, quien ni así logró ganar la presidencia claramente, pero lo hizo.
Carlos Salinas de Gortari, desde su gestión como titular de la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto, dejó entrever que la prioridad del gobierno era la economía. Todo lo demás, lo correspondiente al gasto social (vivienda, educación, salud y otros aspectos integrados a este rubro) era secundario y así lo demostró durante todo el tiempo que duró en el Ejecutivo; por otro lado, Salinas y sus colaboradores se encargaban de culpar al expresidente De la Madrid y su gobierno de la crisis económica, tratando de hacer olvidar a la nación que ellos formaron parte fundamental de la anterior administración y precisamente del sector económico, que fue en el cual se marcaron las políticas neoliberales, que a partir de esas fechas predominaron en el país, empeorando la situación de la mayoría de la población mexicana y favoreciendo a un grupúsculo minoritario de ella: el empresariado nacional y los políticos de alto nivel, que a final de cuentas formaron un solo grupo, que manipuló el poder a su antojo y conveniencia durante 30 años.
Desde el gobierno de López Portillo, Salinas y su equipo de trabajo encabezado por Córdoba Montoya y otros tecnócratas formados en el extranjero, traían ya entre manos –en aquel entonces en forma un tanto encubierta– un nuevo modelo económico que fue implantado paulatinamente primero a través de su jefe Miguel de la Madrid como secretario de Planificación y Presupuesto y después presidente de la República, y luego –el mismo Salinas– como Presidente del país.
Este proyecto tenía dogmas generales y particulares bien establecidos; entre los primeros se contaban: enterrar el nacionalismo económico por considerarse anacrónico; acabar con la soberanía nacional, con el argumento de que es un concepto caduco frente a la globalidad; imponer la supremacía del mercado libre; implantar la desregulación de la economía y del sistema financiero, y utilizar al Estado, sólo para proteger y rescatar a las minorías privilegiadas, esas élites intocables y voraces, que manipulan el conjunto de las relaciones del poder e influyen de manera abusiva en el futuro de la nación; entre los segundos estaban los siguientes principios: la privatización de toda empresa pública; predominio de lo económico sobre lo social y lo político en la administración pública; terminar con los administradores públicos por su deshonestidad e ineficiencia, y cobrar menos impuestos a los empresarios y más a los consumidores.
Su tesis final, era la de que al crear riqueza el crecimiento económico penetraría “gota a gota”, hasta beneficiar a todos los sectores de la población, aún los de menores ingresos; metafóricamente –decían los neo liberales– primero había que hacer “la torta más grande” para después repartirla; no obstante, hasta la fecha, este fenómeno no ha ocurrido; por el contrario, la riqueza del país se ha concentrado en pocas manos y el número de pobres en extremo se ha multiplicado en forma exagerada; y continuando con la metáfora de la famosa torta que iban a hacer los neo iberales, se ha visto que no obstante su indudable crecimiento, ésta, sólo ha servido hasta tiempos recientes para alimentar a unos pocos, sin que los beneficiados la compartan con nadie, a pesar de su notable obesidad, pues habría que recordar también, que en el reparto de “la torta” sólo participaron los elegidos por el presidente Salinas, probablemente a cambio de acciones de las empresas vendidas (algunas muy exitosas, como Telmex por ejemplo) o sobornos para el mismo Carlos Salinas, sus familiares o amigos íntimos de él. Se ha oído mucho también que los beneficiados se comprometieron a ayudar a Salinas –económica y políticamente– a consolidar su poder transexenal, convirtiéndose este reparto de la gran torta, en la estructuración bien planeada, de un poderoso grupo político/empresarial con trazas de un auténtico clan…una verdadera mafia.
Naturalmente que para llevar a cabo estas acciones de venta de paraestatales, había que hacer “pequeños” ajustes al marco jurídico para legalizar lo que muchos mexicanos consideramos un excesivo abuso de poder en contra de los intereses de nuestra nación; una arbitrariedad que superaba con creces a lo realizado por los expresidentes más ladrones del pasado; se estaba llevando a cabo un verdadero atraco al país que hasta la fecha ha quedado impune. En el caso de la venta de empresas públicas, el 31 de mayo de 1989 se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo (1989-1994) y en él se estableció de manera terminante que “se venderían las empresas que no eran prioritarias ni estratégicas y que, por sus condiciones de viabilidad económica, fueran susceptibles de ser adquiridas por los sectores social y privado”.
Para la devolución de los bancos, el 27 de junio de 1990, se reformó el artículo 28 constitucional y se eliminó el párrafo quinto que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito, y el 5 de septiembre se promulgó el acuerdo que estableció los principios y las bases de la desincorporación bancaria, que dio lugar a la creación del comité del mismo nombre, presidido por Guillermo Ortiz Martínez, quien se desempeñaba como subsecretario de Hacienda; este comité estaba integrado por el presidente del Banco de México, Miguel Mancera; el presidente de la Comisión Bancaria, Guillermo Prieto Fortún; el presidente de la Comisión Nacional de Valores, el pillo Oscar Espinosa Villarreal; el coordinador de la Unidad de Desincorporación de Entidades Paraestatales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Jacques Rogozinsky; el director general de Crédito Público de la misma secretaría, Carlos Ruiz Sacristán; el director general de Banca Múltiple de la misma dependencia, Víctor Miguel Fernández; como secretario técnico de dicha comisión, Javier Lozano Alarcón, y Sergio Ghigliazza García y Rogelio Casas Alatriste, como representantes externos.
Por supuesto que para la venta de empresas paraestatales hubo supuestas licitaciones y hasta “libros blancos” burdamente simulados y poco transparentes, pues de antemano se sabía quiénes iban a ser los favorecidos en las subastas; el mismo presidente, su hermano Raúl y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe Armella, eran los principales en palomear, adecuar las listas y alinear el orden de los apuntados en ellas, que participaban en el reparto de empresas y bancos. Por ejemplo, la entrega de Teléfonos de México se decidió entre Carlos Slim y Roberto Hernández; al final del proceso el primero fue el elegido y a Hernández –como premio de consolación– le entregaron Banamex. De hecho, los aspirantes que quedaban en segundo lugar –como fue el caso de Hernández– ganaban siempre la licitación de alguna de las siguientes empresas o bancos subastados y todos contentos. Para confirmar esto, basta observar lo siguiente:
Cuando vendieron Multibanco Mercantil de México, el 14 de junio de 1991, este banco fue ganado por José Madariaga Lomelín y Eugenio Clariond Reyes-Retana, quedando en segundo lugar Ángel Rodríguez Záez, a quien le entregaron después la Aseguradora Mexicana (Asemex). En el mismo mes, vendieron Banpaís a Julio C. Villarreal Guajardo, Policarpo Elizondo Gutiérrez y Fernando P. del Real Ibáñez; el segundo lugar lo ocuparon Jorge Lankenau Rocha y Enrique García Gámez, a quienes mes y medio después les asignaron Banca Confía. En el remate de Banamex, ganado por Roberto Hernández Ramírez y Alfredo Harp Helú, ocupó el segundo lugar Carlos Gómez y Gómez, quien seis meses después, recibió el Banco Mexicano Somex; a Adrián Sada González, Guillermo Ballesteros Ibarra y Gastón Luke Aguilar –quienes perdieron la compraventa de Bancomer, ante la puja de Eugenio Garza Lagüera, Ricardo Touché y Mario Laborín Gómez– les fue adjudicado tres meses después la compra de Banca Serfín. Con la misma metodología pusieron en manos de José Antonio del Valle Ruiz, Eduardo Berrondo Ávalos, José Juan Chelala y Agustín Villarreal Elizondo el Banco Internacional, y quienes perdieron esta oportunidad –Hugo S. Villa Manzo y Luis Felipe Cervantes– recibieron una semana después el Banco del Centro.

* Ex Presidente de “Guerrero Cultural Siglo XXI A. C.
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