(Segunda parte)

Concluimos el artículo anterior, con los cambios realizados por el presidente Miguel Alemán en el partido político oficial, no sólo en el nombre: de Partido de la Revolución Mexicana a Partido Revolucionario Institucional, sino en la estructura de esta organización política, suprimiendo el sector militar como tal, y creando la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), sector al cual Alemán promovió políticamente en forma intensa por encima de la CNC y la CTM, cuyos líderes –impuestos– se sometieron sin mayor trámite al presidenciato (concentración del poder en una sola persona) existente desde el gobierno de don Lázaro Cárdenas, mejorado por Ávila Camacho y optimizado por Miguel Alemán. El PRI se había convertido, pues, en la maquinaria política perfecta para conservar el poder, ya que tenía una organización geopolítica sin precedentes en el país y muy bien estructurada, que le permitía a esta institución, dominar sin mayores problemas el panorama político de todos los “rincones” de la nación, por medio de un comité nacional nombrado o aprobado por el Presidente de la República en turno; 32 comités estatales sometidos al nivel nacional y en parte a los gobernadores, y los comités municipales en los municipios más importantes de las entidades, formados –estos últimos– por las autoridades estatales y locales, y sometidos al poder estatal; los principales responsables de las mesas directivas de los comités en sus tres niveles –concluida su gestión– eran recompensados generalmente con puestos importantes en el gabinete nacional después de los periodos de las elecciones, y en el caso de los estatales, en los gabinetes gubernamentales de sus correspondientes entidades; igualmente así sucedía con las candidaturas para los cargos de elección popular; las curules de las cámaras nacionales y locales, eran ocupadas también por lo regular, por directivos de los comités del nivel nacional o estatal, y de los comités municipales salían los candidatos para las presidencias municipales.
Para complementar lo anterior, Miguel Alemán, no sólo quiso institucionalizar al PRI, sino también a la oposición política. No deseaba más partidos fugaces y transitorios que surgían en los momentos previos a los comicios electorales, sino partidos políticos permanentes. La razón de ello, según el politólogo y escritor Tzvin Medin, era que “la aparición de los partidos permanentes, o de lo que denominamos la institucionalización de la oposición política, coincide precisamente con su renuncia a la contienda por el poder real, ya sea explícita o implícitamente. La institucionalización de los partidos de oposición implica la creación de intereses permanentes organizados y concentrados en un partido político y susceptible a la manipulación presidencial. Se trata de la existencia de instituciones políticas, públicas, visibles, con intereses presentes y futuros, controlables por medio de recompensas, cohechos, amenazas, y toda la gama de posibilidades de acción del poder político al respecto”.
Por el contrario, los partidos políticos formados en tiempos electorales, como el vasconcelista de 1929, el almazanista de 1939 o el padillista de 1945 (y aún después, con el partido creado por Henríquez Guzmán seis años más tarde) se formaban con la firme intención de competir y lograr tomar realmente el poder político, y por ello, al perder con el partido oficial, existía el riesgo de que los dirigentes del partido derrotado, consideraran la posibilidad de sobreponerse al posible fraude electoral por medio de la violencia. Para evitarlo, Alemán por medio de diversas maniobras a través del “socialista” Lombardo Toledano –quien sumisamente apodó al presidente “el cachorro de la revolución”– propicia la creación del Partido Popular, que suplió en el panorama político mexicano de aquella época al Partido Comunista, organización dividida y debilitada, que el gobierno alemanista había puesto fuera de la legalidad; el PP, complementaba así con la organización derechista de Acción Nacional (PAN) –existente desde 1939– un supuesto abanico de tendencias ideológicas extremas, para que el pueblo presuntamente escogiera con su voto a la izquierda o a la derecha, si así lo deseaba; en el centro de este extremismo ideológico, estaba el PRI, el partido nacionalista –decía Alemán– sin influencia de doctrinas exóticas provenientes de Europa y de los Estados Unidos de Norte América; el PRI, era pues, el partido de los mexicanos.
A cambio de su participación en el juego gubernamental –que le daba un aspecto democrático y aseado al sistema político mexicano– los partidos políticos de “oposición” lograban algunas compensaciones simbólicas consistentes en presidencias municipales, diputaciones y otras canonjías, que el gobierno accedía darle; es decir, la oposición política institucionalizada aceptaba las reglas del juego del sistema imperante, hecho que venía a implicar en último término, su renuncia a constituirse en una alternativa real al poder político vigente. Por otro lado, esta institucionalización de la oposición política, contribuía a la estabilidad y a la perpetuación del sistema político imperante, por medio de la legitimación popular democrática, que surge de su participación simbólica en el proceso electoral. La oposición institucionalizada, protestaba airadamente, después de cada periodo de elecciones, con denuncias, acusaciones y gran indignación, “por el fraude sufrido”; sin embargo, todo esto era parte del “show” arreglado previamente; era sólo un fragmento del proceso institucionalizador de la oposición política y estaba dentro de las reglas del juego, cuyo código era claro para todos los participantes: seguir actuando dentro de los cauces constitucionales del sistema político, sin pensar en la posibilidad de una lucha armada contra la imposición oficial.
Todo iba pues, como “miel sobre hojuelas” para el sistema político mexicano, perfeccionado por Miguel Alemán Valdés con las modificaciones hechas al partido oficial y la creación de nuevas reglas; pero éste presidente cometió un grave error: intentó reelegirse y las aguas políticas del país, se agitaron intensamente; la fortaleza del partido oficial, no le bastaba a Alemán para alcanzar este logro contrarrevolucionario; la empresa para cumplir este objetivo fue encabezada por el secretario particular de Alemán, un centroamericano llamado Rogerio de la Selva, personaje muy influyente en el medio político de esa época (y famoso entre los corrillos del medio, porque se aseguraba que cuando Alemán le preguntaba la hora, él contestaba: “las que usted guste señor Presidente”) y por el general Piña Soria, jefe del Estado Mayor Presidencial. Esta ambición del presidente Alemán –no mostrada nunca por sus antecesores inmediatos– encontró la pronta oposición de los ex presidentes Cárdenas y Ávila Camacho, y de otros connotados y viejos militares como Cándido Aguilar (yerno de don Venustiano Carranza y político de origen veracruzano, muy respetado en el país) situación que hizo caer por tierra esta pretensión. Ávila Camacho, fue entrevistado al respecto por un periódico de circulación nacional; en esta entrevista –muy difundida en todo el país– este expresidente externó que la no reelección había costado al país mucha sangre, para desecharla tan fácilmente; sin embargo, si se desea –dijo perspicazmente don Manuel– “ahí está el general Lázaro Cárdenas, quien sería un gran candidato”. Esta propuesta, hizo retroceder a quienes pretendían modificar la Constitución, pues pensaron que “le iban a abrir la puerta” a un candidato muy peligroso para sus objetivos.
Al cerrársele esta posibilidad, Alemán propuso un plan B, que paralelamente se estaba tramando: la reelección disfrazada, cediéndole el poder a uno de sus amigos incondicionales: su paisano y pariente Fernando Casas Alemán, quien había concluido como gobernador interino, el periodo de gobierno de don Miguel en Veracruz, y en esa época se desempeñaba como regente de la Ciudad de México; pero al parecer, la misma oposición cardenista a esta candidatura y la división del círculo íntimo alemanista ante ella, hizo que don Miguel se inclinara finalmente por otro paisano: el secretario de Gobernación, don Adolfo Ruiz Cortines, quien fue destapado por el presidente, argumentando que los sectores progresistas del Partido Revolucionario Institucional, se habían inclinado por la candidatura de don Adolfo, en reconocimiento a sus múltiples cualidades, que incluían “responsabilidad en el cumplimiento de sus tareas, profundo conocimiento de los problemas nacionales, dotes de liderazgo, patriotismo, firmeza en el carácter, experiencia y personalidad”; se daba pues el caso, de que un hombre, que –a pesar de su posición política– nunca fue considerado un candidato real a la Presidencia de la República, al que todos consideraban un viejo enfermo, poco destacado en su desenvolvimiento político, y con un corto futuro por delante, se convirtiera ante la nación en forma milagrosa –gracias a su designación como candidato– en un individuo con las mejores prendas y virtudes públicas: liderazgo político, carisma, fortaleza cívica, competencia y capacidad para lograr grandes tareas y objetivos imposibles; todo ello, gracias a su nombramiento como candidato del PRI a la presidencia; de ahí en adelante, así iba a suceder con todos los candidatos presidenciales priistas en cada sexenio. Aunque fuera seleccionado como candidato el menos capacitado y el más torpe del grupo político en el poder, el escogido, se convertía automáticamente en el postulante ideal, “en el hombre que el país esperaba para mejorar su situación social y económica”.
Pero ante los rumores, primero sobre la posible reelección de Alemán y después, sobre la probable designación de Casas Alemán como candidato del PRI a las elecciones presidenciales de 1952, muchos miembros del clan revolucionario marginados del poder durante el sexenio alemanista (sobre todo militares y ex funcionarios de primer nivel de Cárdenas y Ávila Camacho) con diversos matices políticos opuestos a las políticas de Alemán, manifestaron su disgusto ante ambas posibilidades, agrupándose en torno a un general que ya había exteriorizado seis años antes, su deseo de llegar a la presidencia de la República; este militar, era el general Miguel Henríquez Guzmán, quien encabezaba a numerosos ex colaboradores del general Cárdenas y de Ávila Camacho, que presentaban un profundo malestar por las rectificaciones que en materia política y económica había hecho el régimen alemanista; por otro lado, el Henriquismo, también se nutrió del descontento popular contra la escandalosa corrupción del grupo en el poder. Todos ellos, deseaban un cambio, y Henríquez Guzmán se los ofrecía a través de un nuevo partido llamado Federación de los Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), que logró de inmediato el registro en Gobernación por el prestigio de algunos de los henriquistas, y por el interés del mismo gobierno, de proyectar una imagen democrática durante la lucha electoral, y con el cual, se lanzaron a la oposición con el lema de “Por México y para México”. Fue una dura prueba para la maquinaria política oficial, encabezada por el Partido Revolucionario Institucional –presidido en ese momento, por el general Rodolfo Sánchez Taboada– pues el Henriquismo era muy popular en el área rural y en las pequeñas ciudades.
Sin embargo, el control que tenía el PRI-Gobierno sobre los votantes, su empadronamiento, el acceso a las casillas para votar y los mecanismos para el recuento de los votos recabados, era total, y por ello, era sumamente dudoso que la oposición lograra el triunfo, y de alcanzarlo, que el gobierno instituido lo reconociera. Por otro lado, las hostilidades hacia la población que simpatizaba con el Henriquismo abundaban, y fueron hechos determinantes en los resultados electorales; en primer lugar, los numerosos asesinatos cometidos en contra de líderes regionales del Henriquismo en todo el país durante el desarrollo de la campaña, y en segundo lugar, la reiterativa violencia contra militantes concentrados en los mítines, entre los cuales destacaron por su gravedad, la de Tlacotepec en el estado de Puebla, por el número de muertos y heridos, así como de desaparecidos y encarcelados, y la masacre ocurrida al final de la campaña, en la concentración masiva de simpatizantes de la oposición, en la avenida Juárez de la Ciudad de México, en la cual se protestaba por “el triunfo arrebatado” frente al Hemiciclo ubicado en la Alameda Central.
Después del 7 de julio, se empezó a perseguir abiertamente a los principales cuadros henriquistas, quienes con la intimidación del delito de “disolución social” –invento jurídico del gobierno, para aplicárselo a todo aquel que no estuviera alineado con el sistema– fueron hostilizados, amenazados, y encarcelados por las autoridades, hasta que finalmente se le retiró el registro al FPPM. Esto sucedió porque hubo numerosos grupos henriquistas, deseosos de levantarse en armas, y aunque este proyecto fue firmemente rechazado por el propio general Henríquez Guzmán, esta amenaza –que no podían ignorar las autoridades gubernamentales– es lo que acelera la desaparición del registro oficial de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano.
Por otro lado, cuando Ruiz Cortines asumió el poder el 1 de diciembre de 1952 –después de unas elecciones que no fueron fáciles, para el sistema instituido– como otra estrategia contra la oposición, tuvo el acierto de llamar a sus filas y ubicar en altos puestos de su administración, a aquellos henriquistas distinguidos y deseosos de reintegrarse al clan revolucionario en el poder; entre los “arrepentidos”, estuvieron henriquistas entusiastas como César Martino, Antonio Ríos Zertuche y Marcelino García Barragán, posteriormente, secretario de la Defensa Nacional, con Díaz Ordaz. Igualmente, Ruiz Cortines, hizo suyas las ideas henriquistas de luchar contra la corrupción oficial (representada por el alemanismo) y por el abaratamiento de los productos de primera necesidad, que fueron dos de las principales “banderas” de campaña del Henriquismo; sin embargo, Ruiz Cortines, nunca actuó legalmente contra el ex presidente ni contra sus arbitrarios y deshonestos amigos, sentándose un nuevo precedente normativo -no escrito– del sistema político mexicano: los expresidentes son jurídicamente intocables.

* Ex presidente de “Guerrero Cultural Siglo XXI” AC.