(Vigésima segunda parte)

Concluimos el anterior artículo haciendo la crónica de la venta de empresas paraestatales, así como la de los bancos durante los años 1989-1990, a empresarios ligados íntimamente con el presidente Salinas de Gortari, y para lo cual previamente se hicieron reformas que legalizaban estas transacciones, como la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (1989-1994) que establecía de manera determinante la venta de estas empresas, y la eliminación del quinto párrafo del artículo 28 constitucional, que reservaba al Estado, la prestación del servicio público de banca y crédito.
Las ventas se realizaron mediante mecanismos de licitaciones simuladas, pues de antemano se sabía quiénes iban a ser los beneficiados, mismos que eran seleccionados por el mismo presidente, su hermano Raúl y Pedro Aspe, el secretario de Hacienda del Salinato.
En estas oscuras transacciones, fueron excluidos auténticos financieros y empresarios, porque no formaban parte del grupo distinguido de allegados a Salinas; muchos de los escogidos fueron gente sin escrúpulos, sin el capital necesario ni experiencia en el ramo, para responder por el funcionamiento correcto de las instituciones compradas; personas que sólo buscaban ganancias millonarias rápidas y fáciles, bajo el manto protector del presidente en turno. Por otro lado, al llevar a cabo estas privatizaciones, la mafia tecnócrata incrustada en el gobierno, tenía el propósito de formar un nuevo corporativismo económico y financiero, y forjar una nueva clase empresarial mexicana, fiel a los propósitos políticos y económicos del nuevo emperador sexenal, que ambicionaba prolongar más allá de seis años su estancia en el poder.
Para ayudar más eficientemente a estos nuevos banqueros –y facilitar sus acciones corruptas– el gobierno los dejó operar sin ningún tipo de control o supervisión, hecho que dio lugar al otorgamiento de préstamos cruzados o auto préstamos, y a créditos sin garantía alguna, muchos de ellos por consigna gubernamental, como los autorizados en 1994 para financiar las campañas electorales del PRI. Estos malos manejos hechos –de acuerdo con el concepto neoliberal– por “empresarios más eficientes y honestos que los funcionarios públicos”, llevaron más adelante a la quiebra a la mayoría de las instituciones bancarias, por lo que nuestro gobierno tuvo que acudir a refinanciar (“rescatar” dicen ellos) todos los faltantes y débitos bancarios dejados por esta legión de intocables bandidos de cuello blanco, por medio de multimillonarios préstamos solicitados por el gobierno al exterior, y que los mexicanos (hasta la fecha y mediante varios mecanismos) estamos pagando.
Para eludir la justicia, bastó que estos banqueros o sus juniors (como el famoso Divino, poco conocido por su nombre: Ángel Isidoro Rodríguez Sáez condiscípulo de otro célebre pillo originario de Tabasco, llamado Carlos Cabal Peniche, también fugado del país) con la tolerancia de nuestro gobierno, se mantuvieran en el extranjero algún tiempo –sobre todo en países sin tratado de extradición con México– en donde hacían vida normal, comprando con sus ganancias mal habidas regias propiedades y asociándose con empresarios del exterior mientras podían volver a México; aquí –mientras dizque estaban huyendo de la justicia mexicana– respondían las acusaciones en su contra apoyados por señoriales y caros despachos jurídicos, que usaron todas las medidas legaloides y corruptas posibles –en las que son muy expertos– para evitar que estos personajes pisaran la cárcel al volver al país. Finalmente, éstos regresaron a México para reiniciar sus negocios sin culpabilidad alguna, igual como sucedió en la quiebra de las empresas bursátiles varios años antes, que afectaron gravemente a la población que confió e invirtió en ellas.
Además de los bancos, en cinco años del gobierno salinista se enajenaron 159 importantes empresas de participación estatal mayoritaria y 20 de participación estatal minoritaria; muchas de ellas con una trascendencia estratégica enorme para el país; 62 activos y unidades industriales, así como 10 casos especiales, en los que se encontraban sociedades mercantiles de fomento. Entre las más notables estaba Telmex, una de las más exitosas empresas paraestatales, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderurgia Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, Astilleros Unidos de Veracruz, Fertimex, ingenios azucareros, minas, fábricas de tractores, de automóviles y motores, de cemento, de maquinaria y tubería. Por supuesto, la información oficial dada a la población sobre lo cobrado fue muy poco transparente. Por la venta de bancos, reportaron el ingreso de 38 mil 961.4 millones de devaluados pesos viejos; por Telmex: 17 mil 553.4 millones y por el resto de empresas públicas vendidas 4 mil 916.6 millones, cantidades que sumadas daban la cifra de 61 mil 431.4 millones de pesos viejos, monto que supuestamente se destinó a la amortización de la deuda pública, sin embargo, las cuentas nunca fueron claras; el destino de los recursos recibidos por la venta de las paraestatales fue muy nebuloso. Por otro lado, es indudable que la cantidad declarada como pago por la venta fue mínima ante el desastre posterior ocasionado por el mal manejo de las instituciones bancarias y empresariales privatizadas, que tuvieron que ser también “rescatadas” después por el mismo gobierno, mediante una cantidad superior a lo que habían pagado por ellas los “honorables y eficientes” empresarios privados.
Es conveniente mencionar también que a algunas grandes empresas ya establecidas como la televisora de Azcárraga, se le hicieron concesiones “en especie” como pago de “servicios especiales”. Esta empresa –meses antes de las elecciones de 1994– recibió de parte de Salinas licencias para operar 62 estaciones de televisión en todo México, gracias a lo cual Televisa había podido establecer su cuarta cadena de televisión nacional y subir espectacularmente su cobertura en todo el país, y por ende su valor mercantil. Este apoyo del gobierno a Televisa produjo posteriormente una descomunal precampaña electoral “gratuita” a favor del candidato priista –con valor de muchos millones de dólares– con estrategias bien planeadas, en las cuales en forma subliminal se exageraba notablemente el peligro de que la guerrilla de Chiapas se extendiera a todo el país si no se votaba por el candidato de la paz…el candidato del PRI, el candidato de la estabilidad política. Igualmente –ya instalada la campaña electoral–, la inequidad del tiempo dedicado por el principal noticiero de Televisa a cada candidato o partido político era muy notoria: 40.6 por ciento al PRI, por 7.8 por ciento al PRD, y el 7.6 por ciento al PAN.
Por otro lado, a estas empresas y a las privatizadas como Telmex y Banamex, Salinas les autorizó aumentos espectaculares en los servicios que prestaban, poco después de que se hicieron los movimientos de compraventa o concesiones, sin exigir las mejoras correspondientes a estos incrementos. Por ejemplo en 1991 se permitió a Telmex aumentar el 170 por ciento a sus tarifas, cuando los salarios en el mismo año sólo habían subido un 18 por ciento; y como el servicio telefónico en México era un monopolio, no existía competencia que pudiera beneficiar al consumidor.
Esto se suscitó porque el gobierno salinista aseguró a los dueños de estas 15-20 selectas compañías, actividades monopólicas a largo plazo (15-20 años) de sus empresas y una protección gubernamental abierta o disfrazada para las mismas hasta bien entrada la era del TLC.
Asimismo, la entrega de bienes de la nación a unos cuantos no sólo se limitó a bancos y empresas paraestatales; también se privatizaron las tierras ejidales, las autopistas, los puertos, aeropuertos y la industria eléctrica, y se incrementaron los negocios particulares –nacionales y extranjeros– con Pemex. Igualmente, a pesar de que en nuestro país la autosuficiencia alimentaria había quedado muy lejos en la década de los 90, y dependía cada vez más del mercado mundial, la privatización del ejido ocurrió el 6 de enero de 1992, modificándose el artículo 27 constitucional. Con esta contrarreforma, hecha sin que nadie se diera cuenta –pues se hizo con gran sigilo– se legalizó la entrega de tierras ejidales por medio de concesiones a particulares nacionales y extranjeros, no con la finalidad de que hicieran producir el campo –en total abandono durante años– y el pueblo mexicano tuviera alimentos suficientes producidos en el país, sino para que pudieran explotar sus riquezas minerales o construir en ellas grandes consorcios hoteleros internacionales.
Para facilitar esta explotación, en mayo del mismo año se modificó la Ley Minera para desincorporar las reservas, ampliar el plazo de la vigencia de las concesiones de tres a seis años en la exploración y de 25 a 50 años para la explotación; se eliminaron los límites de la superficie que sería concesionada, se derogó el derecho o impuesto a la extracción y se abrió la puerta a la participación de capital extranjero bajo la figura de “sociedades mexicanas”. Así, durante el salinato se privatizaron unidades y plantas mineras del sector paraestatal y se transfirieron 6 millones 600 mil hectáreas de reservas mineras nacionales, básicamente a tres consorcios del país: Peñoles de Alberto Bailleres, Grupo México de los Larrea, y Carso de Carlos Slim.
En el caso de la industria eléctrica, el 22 de septiembre de 1992 se llevó a cabo la reforma a una ley secundaria, con la finalidad de entregar permisos a empresas extranjeras para instalar en nuestro territorio plantas de generación de energía eléctrica. De esta manera se violó el artículo 27 de la Constitución vigente, que establece que “solo la Nación puede generar y distribuir la energía eléctrica”. A partir de entonces comenzó la expansión de empresas extranjeras –sobre todo españolas– en esta estratégica área económica del país, tomándose la decisión al mismo tiempo de cerrar o disminuir la producción de las plantas del sector público, con la finalidad de facilita el crecimiento de las transnacionales.
En el mismo periodo se desintegró la paraestatal petrolera (Pemex), dividiéndose en cuatro empresas: Pemex Exploración y Producción, Pemex Petroquímica, Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica, táctica gubernamental que llevaba la intención de iniciar la privatización de esta empresa, tan codiciada por países extranjeros. Tras la adopción de las políticas neoliberales, el sector energético se ligó estrechamente con los intereses externos. Desde entonces se fue alejando cada vez más la posibilidad de integrar y utilizar el sector energético como palanca de desarrollo nacional. Y por otro lado, todos los gobiernos sucesivos han mantenido la intención –por medio de diversos mecanismos– de entregar por completo a particulares la industria eléctrica y la petrolera.
En lo personal, siempre me he planteado la necesidad de un profundo estudio sicológico sobre este personaje presidencial, que llegó tramposamente al poder máximo de nuestro país, y se comportó como un ambicioso extranjero, a quien indudablemente nunca le importaron los intereses de México ni los de su población, sino el poder por el poder y todo lo que esto traía consigo. ¿Que motivó esto? Probablemente influyó en él su formación profesional en el extranjero, donde creó compromisos que cumpliría si llegaba al poder total en México; quizá era un hombre amargado y rencoroso que nunca perdonó al sistema político mexicano que su padre no fuera el elegido para suceder a López Mateos. A todo esto se sumó el rencor contra el pueblo mexicano, que no lo quiso como candidato y menos como ejecutivo del país. Esto, sólo puede contestarlo el mismo Carlos Salinas de Gortari, pero es un hecho que este presidente priista jamás actuó con nacionalismo ni le importó tampoco destrozar al país y su infraestructura en beneficio suyo, de su familia y sus amigos íntimos y menos aún, acabar con el partido político que lo había llevado al poder máximo y al que usó simplemente para acceder a él.
La ideología que el PRI había manejado durante 60 años Salinas la tiró sin misericordia al cesto de la basura e incluso, hay evidencias ya comentadas líneas atrás, de que tuvo la intención de crear otro partido político que supliera al PRI (Solidaridad) y usarlo para reelegirse. Fue notable que los priistas de cepa siempre ocuparon cargos inferiores dentro de la estructura gubernamental y los dirigentes que tuvo el partido desde la época de su antecesor fueron generalmente tecnócratas inexpertos desde el punto de vista político, que habían ingresado al partido en el momento de asumir importantes responsabilidades en la misma organización política, con excepción del político de tiempo completo: el chiapaneco De la Vega Domínguez, a quien llamaron para que los auxiliara enfrentando a Cárdenas y a Muñoz Ledo y poder cumplir su proyecto. Y todo inició con la fractura del partido oficial, provocada por la imposición –a como diera lugar– de su candidatura en forma autoritaria, sin tomar en cuenta a los sectores del partido, que si bien siempre habían sido comparsas con anterioridad, en esta ocasión, distinguidos y viejos políticos priistas habían detectado mucha inquietud, contrariedad y disgusto entre el priismo básico del país, y solicitaban que no fuera el presidente en turno sino la base priista la que seleccionara a su candidato presidencial en una elección interna. Pero todo fue en vano, Carlos buscó alianzas bastardas e inconfesables y cumplió con sus planes personales y familiares que se identificaban más con los intereses geopolíticos de Estados Unidos, su patria adoptiva.

* Ex presidente de Guerrero Cultural Siglo XXI A. C. [email protected].