(Trigésimo sexto capítulo)

Finalizamos el artículo anterior comentando las enmiendas hechas a la nueva Reforma Electoral, prometida por Zedillo y tan ansiada por todo México, con excepción del priismo cupular que defendía los privilegios y ventajas de las que gozó durante 60 años de reinado absoluto, pues prácticamente hasta esas fechas había sido un partido político hegemónico y apoyado realmente por la mayoría de la población mexicana a pesar de su simulada democracia, situación que acabó cuando esta organización política (a partir de Miguel de La Madrid) cayó en manos de tecnócratas disfrazados de políticos, que también simularon ser mexicanos y priistas.
Gran parte de la caída popular de este viejo partido político se debió a que sus nuevos líderes carecían de la ideología social y nacionalista propias del movimiento revolucionario que había dado lugar al nacimiento de esta organización política, y en donde obviamente éstos estaban fuera de lugar. Ya en el pináculo político mexicano, estos entes ajenos a nuestra idiosincrasia por haber sido creados en el extranjero para hacerse del poder total en nuestro país, fueron excesivamente elitistas, codiciosos, deshonestos, abusivos, antinacionalistas y desapegados de las bases partidistas, pues en realidad nunca tuvieron mayor interés ni respeto por el Partido Revolucionario Institucional ni por sus bases de no ser porque éste era el mecanismo necesario para llegar al poder máximo en el país, y ya ahí hacerse multimillonarios y poner en práctica un plan transexenal con el fin de acabar con el México nacionalista que habían creado hombres probos que quisieron a su país, como Cárdenas, Ruiz Cortínez, López Mateos y hasta Díaz Ordaz, a quien se le puede tildar de autoritario y déspota, pero no de ladrón ni de ajeno a los intereses del país que le tocó gobernar.
Todo ello, comprensiblemente provocó una sensible pérdida de popularidad del PRI, haciendo crecer a la oposición política en el país.
A finales de 1996, hubo elecciones en los inicios de noviembre en los estados de México, Hidalgo y Coahuila, y aunque el PRI se mantuvo como mayoría en las tres entidades federativas, los avances de la oposición fueron muy claros y causaron en ella y en sus partidos mucha satisfacción; en el PRI, por el contrario, estos resultados regresivos provocaron preocupación y derrotismo. El PAN demostró una gran capacidad de organización y atrajo a la clase media urbana, llevándose importantes municipios del Estado de México conurbados con el Distrito Federal como Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, y ciudades como Torreón, Monclova y Saltillo en Coahuila, estado donde el PRI perdió también la mayoría del Congreso, hecho que ocurrió igualmente en el Estado de México después de algunos forcejeos jurídicos y políticos. Pero las victorias más espectaculares fueron las del PRD, que avanzó significativamente en los tres estados. En Hidalgo, ganó por primera vez varios municipios, en el Estado de México aumentó más del 300 por ciento la votación de la población a su favor con respecto a votaciones anteriores, y ganó 19 municipios, entre ellos, algunos de gran importancia demográfica como Ciudad Netzahualcóyotl y Texcoco, conquistando también varios de los distritos electorales más importantes.
Estos resultados, que denotaron un avance significativo en la democracia del país, entusiasmaron a la oposición política del país; sin embargo, quizá por esto, el priismo duro decidió –casi a finales de1996– votar una iniciativa en el Congreso –que ganó por mayoría– que contrariaba la postura de los tres partidos de oposición con representación parlamentaria, que proponían una disminución del presupuesto público para cada partido; pero los priistas, a quienes le tocaba la mayor parte de éste, se opusieron a esta propuesta, asegurando de esta manera un reparto inequitativo –y favorable para ellos– entre los partidos políticos que iban a participar en el cercano proceso electoral; pero no fue sólo eso, el PRI también revocó 14 acuerdos que durante las reuniones para sacar la Reforma Electoral, había “concedido” al PRD. Es decir, el priismo sin duda alguna al ver los resultados de los comicios llevados a cabo en forma reciente, prefería mutilar una reforma que les estaba quitando privilegios y ventajas y convertirla en una defectuosa y carísima democracia, cuyo financiamiento terminaría pagándolo –otra vez– el arruinado pueblo.
La insólita cantidad de 2 mil 368 millones de pesos, que el gobierno tenía que dar a los partidos para las campañas electorales intermedias de 1997, era francamente escandalosa pues los comicios eran parciales.
La mayoría parlamentaria priista también se negó terminantemente a dejar de usar los colores nacionales en su distintivo oficial, y se ocupó de impedir una verdadera participación política del pueblo, al negarse a la posibilidad de que se efectuaran referéndums, plebiscitos y se propusieran candidatos independientes. También logró mantener la sobrerrepresentación de su organización política en el Congreso, y de vetar la reelección de los anteriores consejeros ciudadanos –que habían participado en la elaboración de la Reforma Electoral– para que no utilizaran su experiencia en el nuevo IFE. Todo ello, a pesar de que estos puntos estaban previstos y aceptados en las propuestas realizadas durante la elaboración del proyecto de reforma.
Esto presionó para que los principales partidos de oposición (PAN y PRD) eligieran distanciarse del gobierno y cuidar su imagen, antes que sacar avante una reforma incompleta; el PAN se oponía terminantemente a que hubiese topes en el financiamiento privado y obviamente exigía que se le redujera en forma drástica el presupuesto oficial al PRI; si no era así, no aceptaría la reforma. Por otro lado, el PRD era un partido muy dolido por el hostil y agresivo pasado vivido con Carlos Salinas, y estaba en contra de varios artículos establecidos en el documento.
Esta organización política –presidida entonces por López Obrador– no quería asociarse con el gobierno avalando una “media” reforma, aunque algo se ganase, pues su imagen popular era más importante para sus dirigentes que sacar adelante una reforma incompleta. Estos afirmaban que no deseaban que la población los identificara como cómplices del sistema establecido.
Lo anterior daba pie a que se pensara que ningún partido deseaba en realidad la mencionada reforma, que para los partidos eran más importantes sus intereses particulares, que la posibilidad de que la democracia se instalara en el país. Ello, parecía distanciar aún más a Zedillo con el PRI, pero en realidad esto no era así.
Zedillo había mostrado –en el tiempo transcurrido de su gobierno– conductas políticas encontradas, probablemente por las presiones de la nomenklatura priista, que revelaban las indecisiones y debilidades de Ernesto.
El intento de recortar –desde la misma cúpula del poder– una reforma política propuesta por él mismo era muy reveladora y demostraba que su famosa promesa para separar al gobierno del partido oficial, continuaba siendo un mito, mientras pudiera usarlo a su favor. Por ejemplo, Ernesto seguía utilizando a favor del sistema imperante, el “mayoriteo” priista en las cámaras que se logró fraudulentamente en las elecciones de 1994.
Zedillo –incluso– se atrevió a declarar públicamente y en forma arbitraria: “que, para él, la reforma era definitiva, y que no habría más reformas electorales en el resto del sexenio, provocando burlas en la oposición, quienes le recordaron al presidente, que era el poder legislativo el único que podía decidir mediante su voto si se creaban o no nuevas leyes electorales.
Al poco tiempo, suceden una serie de importantes hechos inesperados: el cambio del dirigente del partido oficial (salía Oñate y entraba Roque Villanueva), la destitución del procurador de origen panista, a quien Zedillo acusó abiertamente de inepto; la irrupción intempestiva de Salinas en la vida pública de México –rompiendo todos los precedentes– al concederle al periódico Reforma, una extensa entrevista que rompió una vez más su silencio y en la cual negó los cargos que se le imputaban y defendió en forma pasional su proyecto de gobierno, además de hacerle críticas al presidente y agredir a políticos en activo, situación que no se había visto desde Lázaro Cárdenas hasta Miguel de la Madrid, a pesar de que a este último, el mismo Salinas le cometió muchas deslealtades que fueron toleradas en silencio por Miguel de la Madrid.
Luego, en el mismo Reforma y en La Jornada, así como en la revista Proceso, se publicaron declaraciones reservadas de testigos protegidos en el juicio contra Mario Ruiz Massieu llevado a cabo en Houston. En ellas se afirmaba que los Salinas eran una familia mafiosa encabezada por el antiguo ministro lopezmateísta Raúl Salinas Lozano el líder del clan Salinas en ese momento; luego, sucede la detención –con todo el apoyo expreso del Ejército– del general Jesús Gutiérrez Rebollo, responsable de la coordinación de la lucha contra el narcotráfico, situación que revelaba hasta que niveles gubernamentales se habían infiltrado las poderosas redes del narcotráfico. Todo esto, fue calificado por diversos politólogos, como una falta de liderazgo de nuestro primer mandatario, pero otros, lo calificaban como una venganza del presidente contra su antecesor. Lo cierto era que Zedillo tenía fuertes roces y enfrentamientos tanto con Salinas, quien lo nombró su sucesor obligado por las circunstancias, como con la nomenklatura priista, que había sido forzada a aceptar su candidatura en contra de sus intereses; por ello, cada vez que había oportunidad, Zedillo y sus oponentes se lanzaban ataques.
En enero de 1997, se suscitaron situaciones inéditas en el ámbito político-electoral, que sorprendieron notablemente a las autoridades de IFE: el PAN devolvió el 39 por ciento del monto que se le había asignado para manejar su campaña y el PRD, anunció que sólo utilizaría el 70 por ciento de su presupuesto para efectos electorales y el 30 por ciento restante, para viudas y huérfanos de sus miembros asesinados durante el salinato. El PRI por supuesto manejaría el total del excesivo presupuesto que por ley, le había sido asignado el IFE para sus campañas, situación que le daba la ventaja de pagar más propaganda en los medios de difusión masiva, comprar el voto a la población paupérrima y tener los recursos necesarios, para instrumentar todas las truculencias a las que las cúpulas de este partido estaban acostumbradas en los procesos electorales, y eso, sin contar las grandes sumas de dinero que le daría el gobierno, sin pasar por el “democrático” tamiz del IFE.
El vacío legal respecto a estas situaciones en el IFE recién creado, causó problemas no previstos que obligaron a los dirigentes de esta institución a “hacerse de la vista gorda”, por la imposibilidad que tenían de evitar cualquier eventualidad no muy clara, respecto a los dineros que los partidos iban a manejar en sus campañas. La confusa circunstancia que dio lugar a los financiamientos de los partidos, propició más corrupción en la vida política del país, pues ha convertido a la formación de estas organizaciones políticas en un estupendo negocio; partidos que no representan a nadie y que popularmente se les llama “la chiquillada”, los partidos “Bonsai” o simplemente los partidos “paleros” entran y salen de la escena política, haciendo millonarios a sus fundadores y a sus mesas directivas, como sucedió en ese tiempo con el Partido Verde Ecologista y con el Nueva Alianza, que además de recibir una millonada del IFE, venden su potencial político al partido “fuerte” que le ofrezca más beneficios, hecho que les permite continuar con su registro.
Lo innegable fue que en las elecciones intermedias de 1997, el PRI costó a los contribuyentes, cuatro veces más que el PAN y el PRD juntos; sin embargo, a pesar de las anomalías que todavía quedaban en el proceso electoral, estas elecciones podían cambiar la composición del sistema político mexicano, si la ciudadanía verdaderamente lo decidiera. Se elegirían gobernadores en Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Querétaro, Campeche, Colima y –la joya de la Corona– el Distrito Federal; así mismo se elegirían 32 senadores, 500 diputados federales, 66 asambleístas, 304 presidentes municipales y diputados locales en Veracruz, Tabasco, Morelos y Guanajuato; en total mil 403 ciudadanos ocuparían el mismo número de puestos de elección popular, por medio del voto de 50 millones de ciudadanos.
No obstante, la tan traída y llevada Reforma Electoral, aunque efectivamente incompleta, tuvo sin duda algunos aspectos positivos; habría posibilidades ya de obtener elecciones más equitativas y limpias, porque el fraude electoral tenía un grado mayor de dificultad para el PRI-gobierno. Por otro lado, se logró apertura en el Senado, se hizo válido el voto de los mexicanos en el extranjero, se impedía obligar a la población a afiliarse a algún partido político y se sacó al gobierno de los organismos electorales; así mismo, habría una verdadera protección de los derechos políticos de los ciudadanos, pues el Tribunal Federal Electoral quedaría bajo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia y sería la Cámara de Diputados, la que nombraría a los consejeros electorales, y habría elección directa del gobernador del Distrito Federal.
El 6 de julio de 1997, se llevaron a cabo las elecciones federales y estatales en varias entidades de la República. Los resultados oficiales coincidieron en buena parte con lo previsto en las encuestas de opinión, pero, sobre todo, reflejaron la importancia de los cambios realizados por la Reforma Electoral. El sentido de la votación expresó claramente la profundidad del cambio de la siguiente manera: considerando la cantidad de votos para diputados de mayoría relativa, el PRI cayó del 50 por ciento obtenido en 1994, al 39 por ciento; el PAN se mantuvo en el 27 por ciento alcanzado el año mencionado, y el PRD, logró un notable repunte al pasar del 16 al 26 por ciento, para lograr un empate técnico con el PAN y colocarse como la segunda fuerza electoral en el ámbito nacional.
Otra novedad importante lo fue la realización de los primeros comicios en el Distrito Federal, que resultaron en el triunfo abrumador de Cuauhtémoc Cárdenas, para la Jefatura de Gobierno de dicha entidad, y en la obtención de 18 de los 40 escaños de la Asamblea Legislativa de mayoría relativa. En consecuencia, la contienda electoral de mediados de 1997 quedó centrada en los tres partidos más importantes, consolidándose un esquema tripartidista en el país, con la situación peculiar de que en los ámbitos estatales o regionales –con pocas excepciones– la lucha fue más bien bipartidista (PRI-PAN y PRI-PRD) por la poca influencia de alguno de los dos partidos secundarios en las poblaciones de esas áreas.

* Ex presidente de Guerrero Cultural Siglo XXI A. C. [email protected]