Diversos estudios dan cuenta de la evaluación e impacto de las diversas políticas indígenas que se han aplicado en México (INI/CDI/INPI). Estas notas sólo hacen un breve recuento del presupuesto que dichas instituciones han ejercido desde 2002 a la fecha. Revisar la evolución del presupuesto indígena permite distinguir diversos grados de compromiso que los gobernantes en turno tienen con los pueblos indígenas en México.
El cuadro número 1 refleja la tendencia de 18 años de ejercicio presupuestal. El 2002 es el año de transición institucional entre el INI a la CDI; en ese año, la Cámara de Diputados aprobó el primer presupuesto de la CDI, por cerca de mil 400 millones de pesos. También en este año fiscal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se aprobó el Presupuesto para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, como un anexo especial, en el cual, año con año, queda incluido el presupuesto específico para la CDI/INPI.
Los números reflejan cuantiosos recursos financieros de los que, desde 2002, se empezó a conocer como el “Presupuesto Transversal Indígena”, cuya suma es algo más a los 922 mil millones de pesos, de los cuales, casi 125 mil millones de pesos, fueron ejecutados por la CDI.

Tomando como base los datos del PEF de 2018, con la siguiente gráfica se ilustra el porcentaje del presupuesto indígena y su relación con el total de su población. Es abismal la diferencia y muestra la injusta desigualdad en la asignación del gasto social.

La Encuesta Intercensal de 2015 del Inegi, indica que hay 25 millones 694, mil 928 ciudadanos indígenas que representan el 21.5 por ciento de la población total del país. A la población indígena le destina sólo el 1.5 por ciento del presupuesto transversal y el 0.11 por ciento destinado a la CDI. Del análisis del cuadro 1 y de la anterior gráfica que representa la distribución del presupuesto, se desprenden las siguientes conclusiones que lo ponemos a la consideración de quienes toman las decisiones en el país.
Primero: La gráfica sobre el presupuesto indígena, muestra con toda claridad la prioridad del gobierno sobre este sector de la población. Urge cambiar la injusta distribución de la riqueza nacional.
Segundo: El PEF más alto asignado a la CDI, corresponde a 2015, por 12 mil millones de pesos.
Tercero: De 2015 a 2019, el presupuesto a la CDI/INPI ha venido hacia una regresión dramática con recortes presupuestales del 50 y hasta el 60 por ciento en relación al presupuesto alcanzado en 2015.
Cuarto: En el último año fiscal de Enrique Peña Nieto (2018), el presupuesto transversal representó el 1.49 por ciento; para la CDI, fue de 0.11 por ciento. Estos porcentajes no sólo se mantuvieron, sino que sufrieron una ligera baja en 2019, del primer año del gobierno de López Obrador. Estos porcentajes reflejan el verdadero compromiso del gobierno federal con los pueblos indígenas.
Quinto: El 2019 fue un año de transición institucional y posiblemente el nuevo gobierno no tuvo tiempo suficiente para comprometer un presupuesto más justo y equitativo para los pueblos indígenas, esperamos que en el 2020 se alcance un incremento presupuestal cercano o superior al de 2015.
Sexto: El pasado 9 de agosto, se publicó el Decreto que adiciona un apartado “C” al artículo 2° de la Constitución, “…la cual reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, como parte de la composición pluricultural de la nación”. La adición de este artículo generará un impacto presupuestal hacia el INPI, que exigirá un mayor presupuesto para esa institución.
Séptimo: En el reciente proceso de diálogo y consulta sobre la reforma indígena y afromexicana, hubo un clamor nacional para exigir un mayor presupuesto para el INPI. En los más de 50 Foros Regionales que se hicieron en todo el país, los pueblos demandaron carreteras, hospitales, escuelas, trabajo, educación y todos aquellos servicios básicos para un mínimo bienestar.
En los próximos días, el Ejecutivo Federal y la SHCP entregarán a la Cámara de Diputados el Paquete Económico de 2020. Ojalá que en el próximo año fiscal, el Ejecutivo Federal comprometa mayores recursos para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Pagar la deuda histórica a los pueblos indígenas y afromexicanos, implica una justa redistribución de los recursos financieros del país. Pronto conoceremos los datos financieros del PEF/2020 y esperamos que sean cifras alentadoras y no números regresivos que hundan aún más la esperanza de nuestros pueblos.
México avanza progresivamente y debe cerrar cualquier posibilidad que lo orille hacia una involución social de uno de los sectores que históricamente han sido castigados por su exclusión en la política social.