Fernando Lasso Echeverría
Enero 24, 2017
(Segunda parte)
Como se mencionó en el artículo anterior, a mediados de 1986, el primer gobierno tecnócrata mexicano –bajo la presidencia de Miguel de la Madrid– inicia el rompimiento con las políticas económicas nacionalistas pos revolucionarias, que habían caracterizado a los gobiernos priistas que lo antecedieron, mismos que, con todos sus excesos y defectos, habían defendido –hasta esa época– los recursos naturales y demás intereses de la nación, hasta donde se lo había permitido su colindancia de 3 mil kilómetros de frontera con uno de los países más imperialistas del orbe.
El nuevo gobierno estaba formado por un grupo de tecnócratas encabezado por Carlos Salinas de Gortari, que habían madurado profesionalmente en las universidades estadunidenses y que rodeaban a De la Madrid; ahí perdieron la noción del nacionalismo, y adquirieron –además– hábitos personales que los unían íntimamente e identificaban como grupo; ellos eran en realidad los que manejaban abierta o soterradamente las políticas económicas y financieras del país, desde el sexenio anterior; este gobierno tecnocrático asume el primer paso del proceso que estos doctos señores denominan neoliberalismo, pero que la población pensante del país ha calificado siempre como entreguismo puro y fue el de adherir oficialmente a México al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), medida primaria irreversible para iniciar el establecimiento de tratados de libre comercio con otros países; ello, en medio de una crisis política y económica sin precedentes, pues el gobierno ocupaba –obedeciendo a ciegas, indicaciones precisas dictadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial– el 50-60% de cada peso recaudado, en el pago de la deuda externa a la agiotista banca internacional, hecho que obligaba a ejercer un mínimo gasto público, que provocaba que se dejaran de hacer en el país, escuelas, viviendas populares, hospitales y centros de salud, carreteras, puertos o aeropuertos y otro tipo de infraestructura básica para el desarrollo de la nación y de su población. Lo peor de todo era que a pesar del sacrificio económico impuesto a la población para “pagar puntualmente” la deuda externa, ésta no bajaba sustancialmente, debido a los intereses leoninos comprometidos al aceptar los préstamos: en 1982, el endeudamiento total era de 92.4 millones de dólares y en 1987, se debían ya 100.3, a pesar de los puntuales pagos realizados por el gobierno mexicano, cantidad que incluía –merece aclararse– el adeudo externo correspondiente a la iniciativa privada mexicana, que representaba el 25 por ciento de la misma.
Lo anterior significaba que estábamos regalando al extranjero en forma inútil para nosotros, el 39 por ciento –en promedio anual– de los bienes exportados por el país, dentro de los cuales destacaba el petróleo, que continuaba a bajos precios, hecho que obviamente daba como resultado que saliera más hidrocarburo del país a cambio de menos dinero por su venta, y el cual finalmente terminaba en manos de las naciones acreedoras como pago de la deuda externa, que por cierto, algunos autores acertadamente llaman la deuda “eterna”; indudablemente, era un negocio redondo para nuestros acreedores, pues el petróleo representaba el 70 por ciento de nuestras exportaciones. De hecho, la abundancia petrolera de nuestro país, que presumió en su momento el presidente José López Portillo afirmando que “los mexicanos debíamos aprender a administrar nuestra riqueza”, nos fue arrebatada de las manos sin darnos cuenta, pues a partir de esos años se ha usado hasta la fecha para pagar una onerosa deuda externa perfectamente estructurada y planeada por las potencias para quitarnos el petróleo sin ningún esfuerzo, sólo por medio del cobro de intereses excesivos e injusto, es decir, a cambio pues de nada.
Por otro lado, don Miguel se preocupó por iniciar nuevamente la privatización de la banca nacional que había sido expropiada por el gobierno de López Portillo –por estar lucrando deslealmente con las devaluaciones del peso frente al dólar– y volvió a ponerla en manos particulares, muchas de ellas extranjeras, hecho con el que convirtió a bancos mexicanos propiedad de acaudaladas familias nacionales, en sucursales de bancos norteamericanos y españoles, que cobran sus servicios a los mexicanos cinco o diez veces más caros que lo que cuestan en sus países de origen, con toda la alcahuetería de nuestros gobiernos. Así mismo, empezó la entrega inmediata de grandes áreas estratégicas de la soberanía nacional, pues se dieron concesiones increíbles sobre todo tipo de elementos energéticos como el gas y la electricidad por ejemplo, complejos mineros, bosques y reservas hidráulicas, operaciones que fueron realizadas a pesar de saber perfectamente que se estaban negociando recursos naturales claves para el desarrollo nacional; con ello, el futuro de México como país independiente estaba desapareciendo.
Se abandonó totalmente la producción industrial trascendental y se abrieron indiscriminadamente las fronteras del país a la penetración de todo tipo de productos manufacturados, causando la quiebra de muchos pequeños industriales nacionales. Lo mismo pasó con el campo: dejaron de apoyarse las actividades del agro, porque según nuestros “sabios de escritorio” salía más barato comprar las semillas en el extranjero que sembrarlas aquí y convirtieron a México en un país con una importante dependencia alimentaria del extranjero y por supuesto, obligando con ello a muchos campesinos a sembrar droga para subsistir; esto me recordó de inmediato a mi abuelo materno don José Clotilde Echeverría, un hombre terracalentano formado en el campo, que no terminó la primaria, pero aseguraba sabiamente que “país que no produce lo que come se lo lleva la chingada”… y así nos fue.
La llamada “Reforma del Estado” del presidente De la Madrid –elemento esencial de su programa de gobierno– era simplemente el deshacerse de la mayoría de las empresas estatales, vendiéndolas al mejor postor: de mil 155 empresas que manejaba el Estado en 1982, bajó a 413 en 1988; las empresas desaparecidas fueron malvendidas al sector privado, entre los que había también muchos extranjeros y así mismo muchos cuates de los gobernantes, realizándose un notable tráfico de influencias en los movimientos de compraventa; aquellas compañías que no le interesaron a nadie, simplemente fueron desvanecidas por el gobierno, mediante diversas medidas como declararlas en quiebra por ejemplo; muchas de las empresas vendidas, como la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, Uramex y Aeroméxico por ejemplo, eran vitales para la nación, sin embargo, al gobierno no le importó nada esta situación, y en vez de sanear su economía y continuar manejándolas, también fueron entregadas a intereses privados, inclusive extranjeros en forma abierta o por medio de prestanombres.
Daba la impresión de que nuestros gobernantes –con brillantes doctorados adquiridos en el exterior– actuaban como agentes extranjeros infiltrados en los más altos niveles del poder de nuestro país; personajes que seguían indicaciones ajenas a los valores, prioridades e intereses nacionales para servir a otros países, beneficiándose ellos de paso en forma cuantiosa; todas estas reformas de liberalización económica tendían a volverse irreversibles; por ello el mensaje era obvio: tenía que haber continuismo en el poder; el siguiente presidente debía ser un hombre que consolidara el cambio económico y este no era otro que el personaje que estuvo atrás del secretario de Programación y Presupuesto en el sexenio de López Portillo, maquinando y forjando primero la llegada de don Miguel a la Presidencia, y luego la suya propia; el tecnócrata que volvió a urdir y dirigir las políticas económicas del país durante el sexenio de De la Madrid: Carlos Salinas de Gortari. Y para ello había que despejarle el camino a la presidencia a don Carlos; una medida muy importante fue la de desarticular a la Secretaría de Gobernación, otrora poderosa y temida institución, a la que don Miguel le cercenó atribuciones torales, que le permitían ser por antonomasia el espacio del poder político mexicano; por ejemplo, le desaparecieron la terrible Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, y en su lugar se creó el ahora Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cuyos nexos con Gobernación –desde entonces– han sido siempre muy débiles; así mismo, la conducción de la comunicación social del gobierno federal se cambió a Los Pinos y por otro lado, la seguridad pública salió de Gobernación para convertirse en una nueva Secretaría de Estado. Fue toda una “castración” política para el titular de esa secretaría, que estaba en manos de Manuel Bartlett, otro fuerte aspirante a la candidatura presidencial.
Pero la desventura de nuestro país no concluyó con la instalación y desarrollo de este sexenio político gris que iniciaba el neoliberalismo desnacionalizador en él, y que fue encabezado por uno de los peores presidentes que ha tenido el país; en 1985, la capital de México fue sacudida por un gran sismo que causó severa destrucción en grandes zonas de la Ciudad de México, y provocó un terrible caos que se le salió de control al gobierno, el cual reaccionó con un estupor, una lentitud y un desorden tal, que fue muy criticado por la población en general; inexplicablemente, el presidente no dio la cara en los días posteriores al terremoto, y negó el permiso para que entrara ayuda humanitaria internacional al país, y ante esta ineptitud del gobierno para encarar el desastre, la población civil tuvo que enfrentarlo como pudo; posteriormente –en 1987– hubo otro “macrosismo”, pero este fue financiero, pues las casas de Bolsa sufrieron un “crack” que dejó en la miseria a miles de ingenuos inversionistas, que engañados por un grupúsculo de aprovechados capitalistas, que hicieron crecer durante un tiempo en forma artificial, amañada y explosiva, el índice del precio de las acciones de la Bolsa para atraer inversionistas; miles de ciudadanos comunes, que incluso vendieron sus propiedades para invertir y vivir de lo que ganaran en ella, cayeron redonditos en la trampa especulativa, y quedaron en el mayor desamparo económico.
Mientras… la inflación subía el 100% cada año, y el empleo informal aumentaba un 20%, pues el desempleo pasó en seis años, del 4 al 24% de la población económicamente activa; es decir, a finales de 1988, había 6 millones de personas sin ningún trabajo remunerado y los “privilegiados” que tenían trabajo, habían sufrido una caída del 9% en sus salarios. Fue el sexenio de cero crecimiento económico, con una austeridad en el gasto gubernamental, que afectó en general el gasto social y por ende el bienestar de la población: en 1982 había sido de 16.9% del gasto público y en 1988 fue sólo de 7.6%. Todo lo anterior aumentó notablemente el número de familias en pobreza extrema (11.5 millones de ciudadanos pobres más en el país) y a pesar de ello –como siempre sucede en las crisis económicas– la concentración de la riqueza alcanzó niveles nunca vistos en la vida independiente del país, volviendo más ricos al porcentaje mínimo de las familias acaudaladas existentes en el país. Por otro lado, las promesas presidenciales de “renovación moral” se las llevó el viento, pues se le descubrió al presidente una cuenta bancaria suiza con 162 millones de dólares, información publicada por el Washington Post y cientos de periódicos más en la Unión Americana; así mismo, a don Miguel le debemos los mexicanos el cínico decreto que impuso las millonarias pensiones vitalicias a los ex presidentes, que incluían –además– la comisión de más de 100 empleados para cada uno de ellos pagados por el Estado, y otros abusivos privilegios, como proporcionarles camionetas blindadas para su uso personal y la de su familia, así como coches para los escoltas y 50 elementos del Ejército para su protección. Obviamente, el primer beneficiado con ello iba a ser el propio De la Madrid, quien estaba a punto de concluir su periodo.
Por otro lado, el presidente De la Madrid no fue nada republicano y se olvidó de la democracia ofrecida a la población en sus discursos de campaña; De la Madrid permitió numerosos fraudes electorales del partido oficial, que se negaba a perder total o parcialmente el poder; uno de los casos más sonados de este tipo de hechos fraudulentos, lo fue el robo del triunfo al candidato panista Francisco Barrio, que contendió y ganó las elecciones para gobernador del estado de Chihuahua. Bartlett, el secretario de Gobernación, afirmaba que era imposible ceder gobiernos estatales colindantes con Estados Unidos al PAN, porque se perdería la soberanía en ellos al abrirle las puertas a tres enemigos históricos de México: la Iglesia, Estados Unidos y los empresarios.
Pero ya antes, De la Madrid había definido su doctrina política en una visita que realizó a la Universidad de las Naciones Unidas, en donde ante una pregunta incómoda de un miembro del auditorio, contestó: “En México no puede haber alternancia política, porque los partidos minoritarios presentan soluciones extremas, que llevarían al país a cambios radicales en su vida política, social y económica”. De la Madrid –apartando de sí a la generación de liberales que tanto lo habían inspirado– se había convertido en un hombre más del sistema político mexicano, y argumentaba los mismos razonamientos a los que habían llegado los hombres en el poder, desde los tiempos de la presidencia de Miguel Alemán: “Que el PRI que ocupaba el centro del espectro político de México, era lo que convenía al pueblo, pues la derecha encabezada por el PAN, estaba llena de gente poco seria, ligada íntimamente con la Iglesia católica, con la cual era difícil negociar y discutir; y la izquierda mexicana –donde iban a parar todos los populistas del país– estaba llena de dogmáticos y locos. (Continuará).
* Presidente de Guerrero Cultural Siglo XXI AC.