(Tercera parte)

De acuerdo con lo comentado en el segundo capítulo de esta serie, era imposible pues, que la selección del candidato del PRI a la Presidencia de la República, fuera ajena a la decisión personal de don Miguel de la Madrid, a pesar ya de las severas protestas de corrientes democráticas dentro del mismo partido, encabezadas por Cuauhtémoc Cárdenas y otras figuras públicas como Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Navarrete y muchas más; Cárdenas, finalmente, ante una cerrazón absoluta renuncia al PRI para formar otra fuerza política y luchar por el poder desde otra trinchera, a la cual se agregaron otras ajenas a este partido, como el Ing. Heberto Castillo que encabezaba al Partido Mexicano de los Trabajadores; no obstante, todos sus esfuerzos fueron inútiles y el partido fundado en la segunda década del siglo XX por Plutarco Elías Calles, continuó en el poder mediante un proceso electoral nada limpio.
De esta manera, el 1 de diciembre de 1988, asume la presidencia el sucesor de Miguel de la Madrid: Carlos Salinas de Gortari, después de una agitada campaña que culminó con el conocido fraude electoral oficial, que le quitó el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato opositor que intentó llegar a la presidencia mediante el voto popular; sin embargo, este hecho nunca pudo ser comprobado porque poco tiempo después –para desaparecer las aparentes pruebas del timo– se quemó inexplicablemente la papelería electoral guardada en la Cámara de Diputados, a pesar (o quizá por eso) de que se encontraba fuertemente custodiada por elementos del Ejército; esta acción fue orquestada por el mismo Salinas de Gortari con la complicidad del jefe de la bancada panista: Diego Fernández de Cevallos, sellándose con ella el pacto que facilitó el nacimiento del prianismo, que dio como resultado la “alternancia política” en el poder, planeada soterradamente por los dirigentes de ambos partidos e iniciada el año 2000 con la presidencia de Vicente Fox, pues era una realidad que el sistema político nacional encabezado por el PRI ya se había agotado y la población ya no lo toleraba. Esta alternancia en el poder fue una jugada maliciosa del mismo Salinas, pues cumplía con la máxima de que “hay que cambiar, para que todo siga igual”. Este gran fraude electoral fue realizado con mucha facilidad, porque en ese tiempo era la Secretaría de Gobernación la que controlaba el proceso, y la Cámara de Diputados –dominada por el PRI– era la que funcionaba como tribunal electoral, pues ahí se resolvían las impugnaciones que surgían contra candidatos ganadores, cuando existían anomalías en el proceso electivo.
Quien tenga duda de que la llegada al poder de Salinas fue fraudulenta –a pesar de la truculenta “caída del sistema” ideada por José Newman Valenzuela y Oscar de Lassé, colaboradores de Manuel Bartlett, y la sospechosa quema posterior de las boletas electorales que impidió su recuento– puede leer el libro Cambio de rumbo escrito por el ex presidente Miguel de la Madrid y editado en 2004, en donde en el capítulo correspondiente, se observan párrafos reveladores que describen el drama que vivió el gobierno durante la jornada electoral. Por ejemplo, De la Madrid dice lo siguiente: “A las 10:30 de la noche, la información que me dio Bartlett, me resultó escalofriante. Me dijo: lo que tengo es poco, pero señala que el Valle de México viene en contra y muy fuerte”. Más tarde –sigue diciendo don Miguel– establecí contacto con Jorge de la Vega Domínguez el presidente del partido, y le expliqué lo que me había dicho Bartlett y después de escuchar su sorpresa, me dijo: “Hay que proclamar el triunfo del PRI; es una tradición que no podemos romper sin causar gran alarma en la ciudadanía; si no lo declaramos ahora, después será imposible convencer a la población de su victoria. Pasado un tiempo, volví a hablar con Jorge de la Vega, quien me insistió en que si esa misma noche Salinas no declaraba su triunfo, al día siguiente no habría forma de componer la situación. Además, había la información de que Cárdenas pensaba proclamar su triunfo.
Para todo esto –continúa diciendo el ex presidente– todos teníamos los nervios de punta. Yo me preguntaba, que iba a pasar si no declarábamos nada, sobre todo porque los partidos opositores ya habían hecho su acusación de fraude. Entonces decidí –sigue relatando don Miguel– que era necesario dar la tan esperada noticia, aún con los riesgos de que la oposición se retirara de la Comisión Federal Electoral, irritados porque el PRI –sin cifras oficiales– proclamara su triunfo. No obstante y a pesar de ello, concluí que si no actuábamos, existía el riesgo de que al día siguiente cundiera un peligroso desconcierto general entre la ciudadanía. Esto podría convertirse en pánico, si algún otro candidato se declara vencedor. Luego comenta, que el 7 de julio tuvo conocimiento de cómo habían estado las elecciones en el Estado de México –la entidad federativa con más votantes, después de la Ciudad de México– y afirma haber sentido horror al enterarse de la debacle priista en el área. Cuando este libro salió a la luz pública en el 2004, Salinas enojado, expresó que lo que pasaba era que don Miguel ya “chocheaba” y que le iba a pedir que se retractara de sus declaraciones, pero el daño estaba hecho.
Fue una realidad pues, que Carlos Salinas de Gortari sufría el agobio de la ilegitimidad desde los inicios de su administración; sin embargo, mediante golpes espectaculares a los líderes sindicales de Educación (Carlos Jongitud Barrios) y de Pemex (Joaquín Hernández Galicia) –quienes le habían “chaqueteado” al PRI en las elecciones– la personalidad del nuevo presidente creció en el ánimo de los ciudadanos, pues estos dos personajes –como la mayoría de los líderes sindicales– eran rechazados y francamente odiados por la población, debido a la descomposición social que personificaban y siguen representando.
Con Salinas entró a gobernar la joven generación de tecnócratas talentosos harvardianos, que Miguel de la Madrid había cobijado y les había conferido la responsabilidad de imponer las nuevas políticas económicas en el país durante su mandato; esa generación, que continuaría –corregidas y aumentadas– las mismas políticas del gobierno anterior, complementaría el proceso del neoliberalismo en México, iniciado en el sexenio anterior por la misma gente que ahora manejaba directamente el gobierno y dentro del cual destacaba la completa privatización de bancos, iniciada seis años antes –entre los que destacaban Banamex y Bancomer– y estratégicas empresas gubernamentales como Telmex, TV Azteca, Mexicana de Aviación, la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, Astilleros Unidos de Veracruz, Fertimex, los ingenios azucareros, minas, fábricas de tractores, de automóviles y motores, de cemento, de maquinaria y tubería, así como las tierras ejidales, las autopistas, los puertos, aeropuertos, y la industria eléctrica; por otro lado se inició la participación de empresarios nacionales y extranjeros en Pemex, principal empresa nacional que para facilitar la introducción de capital privado en ella, fue fraccionada en cuatro sectores: Pemex Exploración y Producción, Pemex Petroquímica, Pemex Refinación, y Pemex Gas y Petroquímica Básica, división que como ya se dijo, tuvo la finalidad de iniciar la privatización de esta industria icónica nacional tan codiciada por países extranjeros.
Merece mención que los 61 mil 431.4 millones de pesos, logrados por el gobierno con la venta de todo lo mencionado, fueron supuestamente destinados a la amortización de la deuda “eterna”, en un proceso que careció totalmente de transparencia, hecho que hacía temer graves desviaciones de capital a cuentas privadas de miembros del gobierno en el extranjero; esta situación se agravó posteriormente para la economía del país, con el desastre ocasionado por la quiebra de la mayoría de las instituciones bancarias y empresariales privatizadas, debido a la falta de control gubernamental y a la irresponsabilidad y deshonestidad de los nuevos dueños, hecho que obligó al gobierno a “rescatarlas”, mediante una cantidad superior a lo pagado por ellas.
Naturalmente que para llevar a cabo todas estas acciones de venta de instituciones bancarias y paraestatales, hubo que hacer “pequeños” ajustes al marco jurídico, para legalizar lo que fue considerado un excesivo abuso de poder en contra de los intereses nacionales; una arbitrariedad que superaba con creces todo lo realizado por los presidentes más ladrones del pasado y un verdadero atraco al país, que hasta la fecha ha quedado impune. En el caso de la venta de empresas públicas, el 31 de mayo de 1989 se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, y en él se estableció de manera terminante que “se venderían las empresas que no sean prioritarias ni estratégicas, y que, por sus condiciones de viabilidad económica, son susceptibles de ser adquiridas por el sector privado”. Este principio del Plan gubernamental fue totalmente falso, pues se vendió todo lo que quisieron, aún aquellas empresas estratégicas que además funcionaban exitosamente desde el punto de vista económico como Telmex, TV Azteca, o Altos Hornos de México por ejemplo.
Por otro lado, para la devolución de los bancos que había expropiado el presidente José López Portillo al final de su mandato, el 27 de junio de 1990 se reformó el artículo 28 constitucional y se eliminó el párrafo quinto que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito, y el 5 de septiembre se promulgó el acuerdo que estableció los principios y las bases de la desincorporación bancaria, que dio lugar al Comité de Desincorporación Bancaria, presidido por Guillermo Ortiz Martínez, subsecretario de Hacienda y quien había presentado años atrás a Córdoba Montoya con Salinas de Gortari. Se afirma que fue precisamente Córdoba Montoya el orquestador encubierto de las políticas y estrategias económicas del país, que fueron instaladas en México desde el sexenio anterior al de Salinas.
Para la venta de empresas paraestatales hubo supuestas licitaciones y hasta “libros blancos” burdamente simulados y poco transparentes, pues de antemano se sabía quiénes iban a ser los favorecidos en las subastas; el mismo presidente Salinas, su hermano Raúl y el secretario de Hacienda y Crédito Público Pedro Aspe –probables socios de varias de las empresas vendidas– eran los principales encargados de palomear, adecuar las listas y alinear el orden de los apuntados en ellas, que participaban en el reparto de bancos y empresas. Por ejemplo, la entrega de Telmex se decidió entre Carlos Slim y Roberto Hernández; al final del proceso, el primero fue el escogido y a Hernández le entregaron Banamex como premio de consolación; de hecho, los aspirantes que quedaban en segundo lugar –como fue el caso de Hernández–ganaban siempre en la licitación de alguna de las empresas o bancos que se subastaban a continuación; ¿a cambio de qué fueron privilegiadas todos estas personas? ¿Cuál fue el compromiso que adquirieron con Salinas estos empresarios? Merece mención que a partir de su venta, todas estas compañías y las empresas bancarias subieron el costo de los servicios que le brindaban al público, con toda la alcahueta aprobación del gobierno federal.
Igualmente cabe mencionar que en estas oscuras transacciones fueron excluidos auténticos financieros y empresarios nacionales, porque no formaban parte del grupo distinguido de allegados a Salinas; muchos de los escogidos eran gente sin escrúpulos, sin el capital necesario ni experiencia en el ramo, para responder por el correcto funcionamiento de las instituciones compradas; personas que sólo buscaban ganancias millonarias rápidas y fáciles, bajo el manto protector del presidente en turno; por otro lado, al llevar a cabo estas privatizaciones, la mafia tecnocrática incrustada en el gobierno tenía el propósito de crear un nuevo corporativismo económico y financiero, y forjar una nueva clase empresarial, fiel a los propósitos políticos y económicos del nuevo “emperador” sexenal.
Para ayudar más eficientemente a estos nuevos banqueros, el gobierno los dejó operar sin ningún tipo de control o supervisión, hecho que dio lugar al otorgamiento de créditos cruzados o autopréstamos; a créditos sin garantía alguna, muchos de ellos por consigna o influyentismo, como los autorizados en 1994 para financiar las campañas electorales del PRI. Estos malos manejos hechos por “empresarios más eficientes y honestos que los funcionarios públicos” –según el concepto vertido por los neoliberales, que justificaba la venta– llevaron más adelante a la quiebra a la mayoría de las instituciones bancarias, por lo que el gobierno tuvo que acudir en su auxilio, financiando todos los faltantes y débitos bancarios dejados por esta runfla de intocables delincuentes “de cuello blanco”, por medio de multimillonarios préstamos solicitados por el gobierno mexicano al exterior y que los ciudadanos hasta la fecha, estamos pagando mediante varios mecanismos. Es de recordarse al famoso delincuente apodado El Divino (Isidoro Rodríguez Sáez) y a otro pillo “noble” de origen tabasqueño llamado Carlos Cabal Peniche, que actualmente gozan de plena libertad para gozar todos sus mal habidos “ahorros”
Luego, vino la privatización del ejido, modificándose el artículo 27 constitucional, medida con la que se agravó la pérdida de la autosuficiencia alimentaria del país, alcanzada pocos años antes; con esta contrarreforma se legalizaba la entrega de tierras ejidales a particulares nacionales o extranjeros, para que las utilizaran explotando sus riquezas mineras con concesiones de 25 a 50 años, o bien construir en ellas grandes consocios hoteleros internacionales. (Continuará)
* Presidente de Guerrero Cultural Siglo XXI AC.