(Cuarta parte)

Durante el gobierno de Caarlos Salinas de Gortari casi se completa la privatización del país iniciada en el sexenio anterior, tal como se dijo en el artículo pasado, y el cual se quedó, en los comentarios sobre la acción gubernamental de la desestatificación del ejido, mediante la modificación del artículo 27 constitucional, hecho que permitió a los campesinos dueños de tierras ejidales, venderlas a particulares que se interesaban en ellas, porque ahí se habían descubierto grandes y ricos yacimientos minerales, o bien porque les interesaba construir grandes hoteles y conglomerados habitacionales de lujo en las playas de bellas bahías nacionales, ubicadas dentro de ejidos campesinos. Con esta medida, se perdió mayoritariamente la autosuficiencia alimentaria del país, pues además de que muchos ejidos se quedaban sin tierra para cultivar productos agrícolas, el gobierno se desentendió del campo y les retiró a los campesinos los subsidios y otros mecanismos, con el argumento de que era más barato comprar en el exterior los granos y otros productos agrícolas que producirlos en el campo mexicano, sin medir otras consecuencias sociales que la medida traería consigo. Este abandono del campo por ejemplo, aumentó notablemente el cultivo de enervantes, pues muchos campesinos se vieron obligados a cultivar amapola y mariguana para subsistir, ya que sembrar el producto agrícola que cultivaban regularmente, no les garantizaba su sobrevivencia; este factor también aumentó la ola de jóvenes del medio rural que emigraron hacia Estados Unidos buscando trabajo, pues en nuestro país había una falta absoluta de perspectivas para las actividades agrícolas.

Minas que contaminan y hoteles que destruyen manglares

Por otro lado, las mineras extranjeras como de codiciosos empresarios nacionales como Germán Larrea Soto por ejemplo –que reciben largas y arbitrarias concesiones píblicas– actúan con la máxima de ganar más, invirtiendo lo menos que se pueda, y por ello, hacen caso omiso de los compromisos adquiridos con el gobierno mexicano y con las comunidades rurales que vendieron los terrenos mineros, relacionados con el respeto y el cuidado al medio ambiente, provocando una gran contaminación que con sus venenos químicos inutiliza kilómetros de tierra alrededor de la “boca” de la mina que generalmente es a cielo abierto, con el agravante de envenenar también las corrientes de agua regionales; toda esta contaminación afecta la fauna y la flora regional y lo más grave: produce peligrosas enfermedades –sobre todo cánceres– en los grupos poblacionales que viven en esas áreas. Ya se ha visto en casos de mineras trabajando en algunos estados del norte y más recientemente en Veracruz, que han causado severas contaminaciones, que son minimizadas por las propias autoridades y la prensa local y nacional, gracias a las dádivas económicas de las empresas mineras, o bien a las amenazas de muerte a periodistas, que en muchos casos se han cumplido sobre todo en la era de Duarte en Veracruz. De esta manera tan sucia e irresponsable en las últimas tres décadas se ha sacado más oro y otros minerales como la plata y el cobre del subsuelo mexicano, que lo extraído en los 500 años anteriores, incluyendo el periodo de la Colonia. Se habla también de que en forma secreta se están sacando minerales estratégicos y raros de las tierras mexicanas como el uranio por ejemplo, para producir armamento nuclear.
Igualmente, la construcción de grandes hoteles turísticos y conglomerados residenciales en costas mexicanas de todo el país, a cargo de empresas trasnacionales, ha inducido la pérdida de kilómetros y kilómetros de manglares, así como de arrecifes coralinos, con lo que han alterado también en forma preocupante la flora y la fauna tanto marina como la de tierra firme y así mismo, volviendo más vulnerable a la población que radica en esas costas contra los huracanes cada vez más frecuentes y más potentes y destructivos; esa pérdida masiva de flora natural, por supuesto, colabora también con el cambio climático que está sufriendo el mundo.
Por otro lado, después de la privatización de múltiples empresas y bancos, que finalmente terminaron en manos extranjeras a pesar de que Salinas se las enajenó a amigos suyos nacionales –que en muchos casos no llenaban los requisitos para ser considerados en las “licitaciones” convocadas por el grupúsculo del poder encabezado por él– éstos, por su cercanía con el presidente terminaron siendo los dueños y posteriormente vendieron estas estratégicas empresas a extranjeros, sin pagar un solo centavo de impuestos y haciendo el negocio de su vida. Los principales bancos –por ejemplo Banamex y Bancomer– son ahora estadunidense y español respectivamente, y ganan tanto dinero por los servicios que prestan a los mexicanos –con costos más altos que los que manejan en sus países de origen– que en sus matrices son considerados sus “joyas de la corona”, sus mejores sucursales en el mundo, a tal grado que con sus ganancias en México, lograron sostener a sus bancos principales ubicados en sus propios países, cuando éstos vivieron las magnas crisis económicas locales y mundiales de principios del siglo XXI
Pero hablar del sexenio salinista sin tocar la acción más preponderante de ese gobierno en aspectos económicos, es imposible, y esa fue la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, negociado y formalizado con reglas y compromisos totalmente ignorados por el pueblo de México. Con él –afirmaban Salinas y sus colaboradores– los mexicanos ¡ahora sí! íbamos a formar parte del primer mundo y a salir de pobres; no obstante, este tratado comercial terminó finalmente por acabar con nuestra independencia económica, al hacernos un país de maquiladoras extranjeras, que aprovecharon la mano de obra barata del obrero nacional y nos hizo dependientes casi en forma absoluta del mercado norteamericano, que es a donde continúan siendo canalizados el 90% de los productos elaborados aquí por empresas trasnacionales, hecho que nos hace hoy estar en las manos del hostil y beligerante presidente actual estadunidense; y por otro lado, los mexicanos comemos lo que sus socios elaboran ante la falta de producción agrícola nacional; para poder realizarlo, Salinas de Gortari impuso en forma dictatorial 83 leyes anticonstitucionales e hizo 17 cambios de fondo a los artículos fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 que, como tal, dejó de existir.
De hecho, la apertura en pos de un tratado de esa naturaleza empezó –perfectamente planeado por el gabinete económico del gobierno tecnocrático encabezado por Miguel De la Madrid– a mediados de la década de los años 80, con el ingreso de México al GATT, precursor de la Organización Mundial de Comercio; en un momento en el que el endeudamiento exterior era ya imposible de pagar y la privatización de las empresas estatales había convertido a la economía nacional en una de las más abiertas del mundo, en detrimento de nuestra pequeña industria y de los ganaderos y agricultores nacionales, que sumidos en el más terrible abandono gubernamental trataban de sobrevivir en forma desesperada.
Los encargados de trabajar el TLC prácticamente en secreto desde 1990 fueron el secretario de Comercio y Fomento Industrial, Jaime José Serra Puche, apoyado por el sub secretario de Asuntos Financieros Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y actual presidente de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, sin consultar a los empresarios mexicanos afectados y aceptando en él graves condiciones desfavorables para nuestro país. Aunque conviene aclarar que esta situación fue realmente promovida por nuestros vecinos del norte, por su incapacidad para competir con el mercomún europeo y la cuenca del Pacífico liderada por los japoneses, en el comercio mundial; estas sociedades comerciales crecieron enormemente, mientras Estados Unidos sufría la recesión más grande después de la Segunda Guerra Mundial; a partir de 1989, la economía de Estados Unidos venía decreciendo; industrias enteras fueron desapareciendo y causando un gran desempleo, situación que ha causado un aumento gradual de pobres en ese país, en el cual paradójicamente el 1% de las familias, concentra más riqueza que el 90% de la población total; lo mismo que pasa en México, en donde 40 familias son dueñas de más de la mitad del país y controlan el 55% del Producto Interno Bruto, y por eso tenemos a varios mexicanos en las listas de las revistas Forbes y Fortune, que engloban a los hombres más ricos del mundo. Por otro lado, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo y cualquier recuperación económica se ve obstaculizada por el peso de la deuda, tal como lo hemos visto también en México, en donde durante 40 años se han pagado millones y millones de dólares a la deuda –retrasando en forma notable el desarrollo del país– sin que esta baje en forma significativa, y ese fue el factor que obligó a Estados Unidos a buscar el TLC con sus vecinos.

Un TLC para las elites de EU y de México solamente

Sin embargo, la realidad fue que el TLC era un buen negocio tanto para los empresarios estadunidenses, como para la élite empresarial mexicana, pero no para los ciudadanos comunes. Era el “sueño americano” de los tecnócratas… de aquellos políticos mexico-norteamericanos que hablan en castellano, pero sueñan en inglés. A los que les lavaron el cerebro en universidades norteamericanas, y les impusieron el criterio neoliberal de apertura comercial ante todo; la de un mundo globalizado –sin fronteras ni aranceles– en las cuales realmente el pez grande (EU) se iba a comer al chico (México) porque en este tipo de tratados hechos entre países de economía desigual, siempre salen ganando las naciones desarrolladas sobre países con economías de tercera como el nuestro; pero a nuestros gobernantes no les importó. Y así fue: los pequeños industriales y los agricultores y ganaderos de nuestro país, sufrieron una debacle económica, por su falta de competitividad ante sus similares estadunidenses, quienes a pesar de prohibirlo el tratado, siguieron siendo subsidiados por su gobierno, situación que en México no sucedió, porque acá si tenemos palabra… no como otros. Por otro lado, México no negoció en el tratado comercial con el país del norte situaciones prioritarias para nosotros como el asunto migratorio y la contratación temporal de trabajadores mexicanos, pues a Estados Unidos simplemente no le interesaba tratar estos puntos, a pesar de que en el tratado pactado previamente con Canadá, se permite el libre flujo de personas y vehículos en la frontera de ambos países.
Un mes antes de que el TLC fuera aprobado por el Capitolio de Washington, se veía difícil que la mayoría de los legisladores norteamericanos votaran por este convenio, pues había pesadas opiniones en contra, que decían no a la firma del tratado, como el diputado Collin C. Peterson por ejemplo, que encabezaba a medio centenar de legisladores que se oponían al tratado, y Ross Perot otro poderoso legislador que se resistía a tener tratos con México, argumentando la grave corrupción del gobierno de este país, la llegada al poder de Salinas de Gortari por medios nada lícitos, la dictadura de un solo partido político en el poder, la falta de derechos de los trabajadores mexicanos, y los millones de pobres que ese país tenía; ante esta situación, el presidente Clinton –y nuestro gobierno– ordenó repartir en forma frenética por medio de un ejército de cabilderos, todo tipo de sobornos entre ellos para conquistar más votos, y de esta manera logró la ratificación del tratado, quedando nuevamente por los suelos nuestra presumida soberanía nacional. Ese día, el senador Herbert Kohl pronunció esta asombrosa y reveladora frase: “Este tratado tiene por objeto hacer de México el número 51 de los Estados Unidos de Norteamérica”. Pero esta no fue la única revelación pública hecha por funcionarios estadunidenses, para que los legisladores ratificaran el tratado; Al Gore, vicepresidente de Clinton y luego candidato presidencial, argumentaba lo siguiente para convencer a los legisladores: “Hay que pensar que esta es una oportunidad que se presenta cada 50 años, como cuando compramos Alaska y Louisiana”.
Cabe mencionar que Canadá firmó el tratado comercial con Estados Unidos dos años antes que México, y hubo voces de alerta para nuestro país en aquellas latitudes, que fueron publicadas en la prensa mexicana. Ian Wadell, miembro entonces del Parlamento Federal de Ottawa advirtió lo siguiente: “A dos años de que los canadienses firmaran el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, los resultados para los trabajadores no han sido halagüeños; por el contrario, se han perdido 226 mil puestos; las industrias se han mudado a la Unión Americana y no se cuenta con un programa de reajuste o compensaciones por la fuerza laboral que ha perdido su plaza. Así mismo, los canadienses no hemos recibido apoyo, ni hemos obtenido completo acceso al mercado estadunidense, toda vez que los yanquis han utilizado medidas extraordinarias de tipo legal para impedir la penetración de productos a su territorio”. Ya firmado por México el tratado comercial, lo mismo le ha ocurrido a nuestro país con el atún, el aguacate y otros productos, así como con el impedimento de los sindicatos de transportes norteamericanos para que los camiones de carga mexicanos atraviesen la frontera, y la prohibición establecida en el tratado mencionado para subsidiar la producción agrícola solamente cumplida por nuestro gobierno, pues –como ya se mencionó– en Estados Unidos nunca se suspendieron los apoyos millonarios a los granjeros, quienes saturan de productos agrícolas a nuestro país.
* Presidente de Guerrero Cultural Siglo XXI AC.