EL-SUR

Miércoles 26 de Enero de 2022

Guerrero, México

Opinión

El presupuesto 2017 para el campo y el desarrollo rural

Carlos Toledo Manzur

Septiembre 23, 2016

La situación del campo en nuestro país continua estando desastrosa. Baja productividad, polarización, olvido de los pequeños campesinos, pobreza y marginación, destrucción ambiental, inseguridad, narcotráfico, etc. Las políticas aplicadas en los últimos años no han logrado superar estos graves problemas estructurales y la mayoría de la población rural sigue padeciéndolos cotidianamente. A pesar de que hace años se aprobaron disposiciones jurídicas muy avanzadas, en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,  las políticas públicas no han podido superar sus deficiencias y no han logrado conducir al campo mexicano hacia el verdadero desarrollo.
El panorama actual es poco promisorio. Y a esta ineficiencia de las políticas públicas se sumará ahora una reducción presupuestal considerable que afectará a importantes programas. Los datos y análisis que contiene el documento “Notas sobre el Presupuesto del  Programa Especial Concurrente   para el  Desarrollo Rural Sustentable 2017”, elaborado por Hector Robles Berlanga contiene importante información y análisis que deben ponernos en alerta ante los golpes presupuestales que el proyecto que el ejecutivo envió al congreso pretende asestar a los recursos públicos asignados al campo para el año entrante.
En efecto, de entrada, existe una seria reducción en el monto total del Programa Especial Concurrente (PEC). El PEC es un anexo técnico que aparece año con año en el presupuesto federal en el que se relejan el conjunto de los recursos que las diversas dependencias canalizan al campo. El PEC fue un mandato de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para inducir la integralidad en la política rural y aunque este objetivo no ha sido cumplido, porque las dependencias siguen aplicando los recursos de manera aislada y descoordinada entre programas, por lo menos permite visualizar de manera global los presupuestos públicos para el desarrollo rural. El PEC propuesto por el ejecutivo al congreso para 2017  disminuye de forma considerable de lo que se programó para 2016; para este año se asignaron al campo poco más de 350 mil millones de pesos y para 2017 se proponen tan solo 302 mil millones, lo que significa una reducción de cerca de 50 mil millones de pesos que representan cerca del 14 %.
Pero lo más grave es que la propuesta plantea reducciones considerables a programas que son muy importantes para el desarrollo rural. De entrada desaparecen tres programas de gran trascendencia, el Programa de Concurrencia con Entidades Federativas, el Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar y el de Construcción de Caminos Rurales. La desaparición del programa de Concurrencia, que daba cierto margen de maniobra a los gobiernos estatales,  representa la puntilla del proceso de centralización de la política rural.
Además se disminuye el programa FAPPA (de 760 a 454 millones), el PIMAF en más de la mitad (de 1,521 a 700 millones), el Programa Forestal (de 7,068 a 3,459 millones), el de Atención a Indígenas de la CDI  (de 11,900 a 5,806 millones), el Programa de Fomento a la Economía Social (de 2,508 a 1,143 millones), el de Desarrollo de las Zonas Áridas (de 2,095 a 790), y otros muchos más.
En el contexto de crisis permanente en el que se encuentra el sector rural, estas reducciones van a tener efectos muy perjudiciales para la población campesina que verán limitados aún más sus posibilidades de encontrar apoyos y salir adelante. Por ello resulta muy importante las acciones políticas que las organizaciones campesinas están llevando a cabo para oponerse a las reducciones presupuestales para el campo, pero sobre todo para impulsar una política de desarrollo rural diferente y alternativa, que entre otras cosas, privilegie el apoyo a los pequeños productores campesinos que son los que tienen el verdadero potencial productivo y de desarrollo sustentable en el campo, en vez de seguir canalizando los apoyos productivos mayores a unos cuantos actores económicos poderosos que solo se benefician ellos mismos.
Tal es el caso de las movilizaciones que la CIOAC, la CODUC, la UNTA y el MST, organizaciones agrupadas en el Frente Autentico del Campo (FAC) han estado llevando a cabo, que recientemente están incluyendo plantones en las oficinas de los partidos políticos, para solicitar a los diputados federales que respalden la lucha por evitar la reducción presupuestal, por reorientar el presupuesto y las políticas públicas al beneficio de los pequeños campesinos y al impulso de una nueva estrategia alternativa.