ESTRICTAMENTE PERSONAL

En dos días, la información se tiñó de rojo, amarillo y sirenas de alarma.

En Tonalá, Jalisco, 250 personas presenciaban peleas de gallos cuando dos granadas estallaron en el palenque dejando muertas a cinco personas y heridas a 19. Cerca de Acapulco, un joven de 22 años mató a 11 personas, incluido a su sobrino de 10 meses, el mismo día en que la policía encontró, en la zona residencial de Las Brisas, seis granadas, ocho poderosos AK-47 y un rifle de asalto R-15. En Uruapan, Michoacán, rociaron a un joven de 22 años con 60 balazos, y en Hermosillo, Sonora, un comando rescató de un hospital a un narcotraficante. En el pleno centro histórico del Distrito Federal, un asalto bancario produjo la muerte de un anciano y una niña. Y no para la estadística.

La violencia a nivel nacional continuó su marcha ascendente. Con los ejecutados, suman 810 quienes han sido asesinados por disputas que se presumen de narcotraficantes, aunque los asesinatos no sólo se refieren a ese tipo de diferendos. Los maras, aunque menos conocidos, siguen matando a mexicanos en el sureste del país, y en el centro los secuestros exprés no han disminuido su tasa. Sólo en la capital del país, el uso de armas de fuego se incrementó en 16 por ciento con relación al año pasado, mientras que se registran 128 asaltos a comercios cada día.

El gobierno de Estados Unidos mantiene a Nuevo Laredo como una zona de altísimo riesgo, y diversos sectores empresariales han dicho a las autoridades federales que ya no presionen a los delincuentes, que los dejen, porque creen que es la única manera en que retornará la normalidad. En privado, autoridades estadunidenses también han confiado a las municipales en Monterrey que no bajen la guardia, porque los ajustes de cuentas entre la delincuencia organizada se está desplazando a sus calles. En Ciudad Juárez no dejan de encontrar mujeres asesinadas, y en la zona norte de Veracruz las grandes bandas han hecho un santuario que nadie quiere denunciar porque los asesinan. En Culiacán, Sinaloa, donde la ciudadanía enfrentó al narco en los 70 y 80, hoy ha claudicado. Familias enteras cierran los ojos cuando uno de sus miembros ingresa a la delincuencia organizada, cansadas de presentar resistencia sin mucha ayuda de las autoridades.

¿Qué está sucediendo en México? Se podría parafrasear al Hamlet de Shakespeare, cuando dice que “algo está podrido en Dinamarca”, pero también se podrían encontrar los espejos en Perú, o en Bolivia, o en Ecuador mismo y en menor medida en Colombia, la región andina donde la degradación social derivada del narcotráfico y los vacíos de autoridad están destruyendo las sociedades por dentro. Este fenómeno social se llama anomia, que se produce cuando hay un quiebre en la norma social. Esto es, cuando el contrato social que ordena el comportamiento de una sociedad está roto, y aquellos presupuestos que mantienen la civilidad, se degradan sin freno. Uno de esos presupuestos centrales es el no matar, lo que comienza a ser una acción cada vez menos irregular ante los ojos de la sociedad en su conjunto. Ancianos muertos, niños muertos,                                       mujeres muertas. Sectores que otrora estaban inoculados de alguna manera de morir violentamente, hoy son una parte más de la estadística. Sectores que antes estaban alejados de ese tipo de violencia, hoy también son actores de ella.

La convivencia social se ha roto, y aunque la violencia es su expresión más sanguinaria, no es la única. ¿Cómo es posible que sólo el 5 por ciento de los contribuyentes lleven la carga fiscal de una población de 100 millones de personas? ¿Cómo es posible que las autoridades utilicen el sistema de procuración de justicia con fines políticos? En una cárcel del Distrito Federal se encuentra el empresario que fondeó campañas del PRD, Carlos Ahumada, con los labios cosidos porque no le permiten defenderse en el marco de la ley, por lo que se considera un preso político. En algo tiene razón: la acusación por la cual fue arrestado, está suspendida por un amparo, pero cada vez que está a punto de salir de la cárcel porque ha ganado otros tres amparos, le fincan otro delito. ¿Por qué el ex secretario de Finanzas del Distrito Federal, Gustavo Ponce, está en una cárcel de máxima seguridad? Lo acusan de lavado de dinero, el que presuntamente le dio Ahumada para ir a jugar a Las Vegas. Pero Ahumada ya fue exonerado de ese delito. ¿Por qué la autoridad federal mantiene a Ponce encarcelado?

Circulan correos electrónicos llenos de insultos y amenazas en un clima de creciente intolerancia. ¿Cuándo y en dónde se romperá la liga? En el Distrito Federal aquellos que tienen dinero, están construyendo “cuartos de pánico”, que son habitaciones dentro de sus casas forradas de plomo, con comida para seis personas durante diez días, y con comunicación externa directa, ante la eventualidad de un asalto a sus residencias. El blindaje de automóviles es uno de los negocios más rentables en el mundo, lo que no es extraño pues México es el segundo país con mayor número de secuestros.

Hay un sentimiento de que el individuo está aislado y de que existe una enorme desorganización en la sociedad mexicana. Se da porque también se percibe una ausencia de ley. El miedo a la policía, supuesto garante de la seguridad ciudadana, es la expresión cosmética del fenómeno. ¿Cuántos delitos se cometen sin que sean denunciados? Sólo en el Distrito Federal, en el microcosmos de los comerciantes, 75 por ciento de los delitos no se denuncian. ¿Por qué? El 51 por ciento de los afectados dice que porque es una pérdida de tiempo; uno de cada tres porque desconfía de las autoridades, y 5.7 por ciento por temor a represalias de los delincuentes. Y del 25 por ciento que sí se denuncian, el 85 son casos sin soluciones positivas. No es casual la degradación que se vive en el país, donde se notan los llamados “aforismos anómicos” como “todo se vale”, “sálvese el que pueda”. Esta es una postura de desesperación, mas no de solución. ¿Y la solución? Nadie la ha puesto en el horizonte.

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