Las marchas y el mitin que llevaron a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México las cuatro organizaciones campesinas agrupadas en el Frente Auténtico del Campo (FAC) el pasado lunes 8 de agosto, en el aniversario del natalicio de Emiliano Zapata, fueron sin duda acontecimientos de carácter histórico para el movimiento agrario en México. Esta movilización de carácter nacional que fue llevada a cabo por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y el Movimiento Social por la Tierra (MST), además de paralizar el centro de la capital del país, logró llenar por completo el Zócalo en una demostración clara de fuerza social y política, con una participación estimada en cerca de 130 mil manifestantes de prácticamente todos los estados del país.
El movimiento, que tuvo un carácter claramente independiente, marca una diferencia importante entre las organizaciones participantes y las agrupaciones oficiales incorporadas al gobierno y al PRI, y también de otras agrupaciones que sin estar formalmente alineadas con el partido oficial han sido coptadas por el sistema político a cambio de beneficios personales y grupales para sus dirigentes, de tal suerte que son funcionales al modelo neoliberal imperante. En este evento a través de la práctica se reafirmó el planteamiento de que la solución para los problemas añejos y persistentes de la gente del campo –y en general de la población empobrecida– después de tres décadas y media de predominio del modelo neoliberal, no se encuentra en los cantos de sirenas de caudillos, sino está en la propia organización y movilización del pueblo y en la capacidad que las bases organizadas tengan de plantear con claridad sus demandas y sus programas y de luchar por políticas alternativas que realmente atiendan sus problemas y ayuden a mejorar su situación.
Así, el FAC, sus organizaciones, sus contingentes organizados y movilizados, se acreditaron como un vigoroso movimiento de oposición al gobierno, como un frente de resistencia ante los embates de las políticas neoliberales que sólo pretenden beneficiar más a las clases poderosas. De por sí el campo y sus problemas no constituyen temas que tengan prioridad para el gobierno actual; las políticas públicas rurales han mostrado un fuerte retroceso en los últimos años, disminuyendo los recursos presupuestales, echando para atrás los modestos procesos de descentralización y desarrollo regional que estuvieron en marcha en décadas pasadas y fortaleciendo la concentración de presupuestos y apoyos en los grandes millonarios rurales, mientras que la enorme mayoría de los productores, los pequeños campesinos, siguen olvidados y marginados, sometidos a los modelos clientelares y asistenciales. El actual régimen no tuvo ni siquiera el aliento para incluir los temas agrarios dentro de sus mal llamadas “reformas estructurales”. Ahora los campesinos se suman a los maestros en la lucha por oponerse al modelo de profundización de la desigualdad y defensa de los intereses de las grandes corporaciones, que es en realidad la pretensión del actual gobierno.
El cambio de las políticas públicas para el campo fue una de las peticiones fundamentales de la movilización que la colocó en la vanguardia de las inquietudes rurales con una demanda concreta central: la reorientación del presupuesto de egresos del año entrante para que se favorezca más a los pequeños y medianos productores. Los campesinos pequeños y medianos además de ser la absoluta mayoría de la población del campo, constituye el sector que tiene la mayor potencialidad productiva, ya que tienen bajo su control la mayoría de la tierra, especialmente aquellos recursos naturales que no han sido aprovechados plenamente por lo que su explotación integral y racional constituye una gran oportunidad para el incremento productivo. Por ello la reorientación de las políticas rurales hacia la periferia de la sociedad rural resulta una propuesta estratégica.
El estado de Guerrero tuvo una nutrida participación en el movimiento, a través de contingentes de diversas regiones del estado, especialmente de La Montaña y la Costa Grande. Las organizaciones del FAC en el estado tienen ahora la tarea de aterrizar las propuestas nacionales en acciones concretas en Guerrero y reproducir la alianza nacional en una mayor coordinación estatal que permita incrementar el nivel de organización y movilización de los campesinos, sus comunidades y organizaciones, para ejercer una mayor presión a las autoridades en nuestra entidad a fin de lograr la capacidad de delinear y ejecutar políticas rurales alternativas, integrales y efectivas para el beneficio de la población campesina que en Guerrero es una parte muy importante de la población.