El estado de Guerrero, junto con Oaxaca y Chiapas, han tenido históricamente la poca honrosa condición de ser los estados con mayor porcentaje de pobreza y pobreza extrema. Desde hace unos años, la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha generado no solo estimaciones a nivel nacional de los porcentajes de pobreza (concebida en su carácter multidimensional), sino que también las ha producido para cada entidad federativa. La última estimación corresponde a 2020 y su comparación con la del 2018 nos muestra tanto los impactos de la pandemia como de los programas sociales aplicados en ese lapso. El panorama general es que durante ese período la pobreza y la pobreza extrema se incrementaron en el país, al pasar la primera de 41.9% a 43.9% y la segunda de 7% a 8.5%; los datos también muestran que el impacto negativo hubiera sido mayor, pero que gracias a los programas sociales implementados por el gobierno federal, se impidió que la pobreza llegara a 45.9% y la extrema a 10.1%.
En el caso de nuestro estado el panorama es diferente al nacional porque aquí la pobreza es mucho mayor y se redujo ligeramente durante estos dos años (de 67.4% a 66.4% y la pobreza extrema de 26.9% a 25.5%). Además del impacto de los programas sociales federales, de los cuales Guerrero fue especialmente favorecido, esta disminución se explica también debido a que el impacto de la pandemia sobre el ingreso fue menor en las zonas rurales que en las urbanas y por otro lado porque la caída del porcentaje de la población atendida por el sector salud fue mucho menor a la nacional. De cualquier forma los niveles de pobreza se mantienen lastimosamente elevados en nuestro estado. Y la tendencia a mediano plazo muestra un estancamiento de estos niveles durante las últimas décadas en las que ha predominado la larga noche neoliberal.
La evolución de la pobreza en Guerrero a mediano plazo puede seguirse a través del indicador de pobreza por ingresos que la mide exclusivamente con base al nivel de ingresos, a diferencia de la multidimensional que incluye un conjunto mayor de variables. De todas maneras los datos muestran que a pesar de los programas sociales, la pobreza por ingresos en general ha mantenido tercamente un alto nivel, alrededor del 70% (con pequeñas fluctuaciones) desde 1990 hasta ahora. En el caso de la pobreza extrema por ingresos, entre 1990 y 2012 sus niveles se mantuvieron entre 40 y 50, con fluctuaciones, y sufrieron una disminución significativa en 2014, para colocarse alrededor del 35% en donde se mantienen hasta la actualidad.
Estamos a unos días de que tome posesión el nuevo gobierno estatal encabezado por Evelyn Salgado Pineda, el cual será sin duda el primer gobierno estatal verdaderamente de izquierda. Como tal, entre muchos otros asuntos deberá atender de manera muy especial el problema de la pobreza, la marginación y la desigualdad. Si las políticas continuaran en una lógica de inercia, se esperaría que los niveles de pobreza se mantengan como han estado durante las últimas tres o cuatro décadas. Extrapolando los niveles de pobreza que se han presentado históricamente por medio de calcular la tendencia de los últimos 32 años se esperaría que al final del sexenio que está por empezar, es decir en el 2027, la pobreza se mantenga en un nivel alrededor del 70%, mientras que la pobreza extrema tendría una leve mejoría para situarse alrededor de 32%. Si este escenario tendencial se presenta querrá decir que el gobierno de Morena no habrá logrado el cambio estructural que la Cuarta Transformación plantea. Por ello la nueva administración deberá plantearse mover efectivamente los indicadores de pobreza, lo que podrá ser constatado debido a que Coneval llevará a cabo estimaciones cada dos años y eso hará posible su monitoreo riguroso.
Si el nuevo gobierno se fijara la meta de reducir los niveles de pobreza a la mitad de lo que la tendencia señala, es decir que para el fin del sexenio en vez de tener 70% para la pobreza por ingresos, lograr su reducción a 35 %; y en lugar de los 32% para la pobreza extrema, conseguir reducirla al 16 %, se requeriría de una estrategia de cambio estructural muy bien planteada que fuera más allá de los apoyos compensatorios y asistenciales, y que tendría que ver con un cambio en la estructura económica y social del estado en su conjunto. Se requeriría que cada año se redujera la pobreza en alrededor de 6% y la extrema en 3% lo que implica incrementar significativamente el ingreso de alrededor de 320 mil personas cada año. Por ello la discusión de qué políticas públicas impulsadas por el nuevo gobierno sería necesario implementar para lograr tal cambio es una necesidad urgente.