EL-SUR

Miércoles 26 de Enero de 2022

Guerrero, México

Opinión

El retroceso de la política ambiental

Carlos Toledo Manzur

Enero 23, 2016

Durante las últimas décadas del siglo pasado y ante la emergencia de la crisis ambiental, que adoptó con claridad una dimensión global, existió un importante esfuerzo por construir instituciones ambientales gubernamentales. En México, se dio un interesante proceso que inició desde la creación a finales de los 70, de la Subsecretaría de Mejoramiento Ambiental en el sector Salud, que posteriormente dio origen a la Subsecretaría de Ecología, en los años 80, en el sector de desarrollo urbano primero y después en el sector de la política social, lo que después evolucionó hacia el Instituto Nacional de Ecología y la Profepa y que finalmente desembocó en la elevación del tema ambiental a secretaría de Estado con la creación de la Semarnap a mediados de los 90.
En el tema de la legislación también ha habido un conjunto de importantes avances, que tuvieron un paso fundamental con la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico (Legeepa) en 1988, que después se ha venido completando y fortaleciendo con la expedición de un conjunto nada despreciable de leyes ambientales como la Ley de Vida Silvestre, la de Residuos sólidos, la de Cambio Climático, la Forestal Sustentable, por mencionar sólo algunas.
Sin embargo, en los últimos años el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental gubernamental parece haberse detenido y estar en un franco retroceso. Los gobiernos panistas fueron dando traspiés en la política ecológica y, en el ánimo de fomentar las empresas y la inversión privada, flexibilizaron de manera extrema instrumentos tan importantes como las autorizaciones en materia de impacto ambiental. En el período más reciente se ha denunciado un franco desmantelamiento de la institucionalidad ambiental. Se cierran instituciones tan importantes como el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu), que en el pasado había operado como una dependencia fundamental en el fomento de la conciencia ambiental.
Otro notable aspecto en donde se manifiesta el debilitamiento de las políticas ambientales es el desplazamiento de los cuadros profesionales de alto nivel técnico, por funcionarios sin perfil ni experiencia, atendiendo compromisos de carácter político, y por ello es que las instituciones ambientales y la política ecológica han perdido la orientación y el ímpetu, y en muchos casos muestran de plano terribles retrocesos.
Para muestra basta un botón, el caso de la grave destrucción del manglar realizada recientemente en Cancún nada menos que por Fonatur, para construir el malecón Tajamar, con la increíble complacencia de las autoridades ambientales, que manejan el absurdo argumento de que la manifestación de impacto ambiental se otorgó antes de que se incluyera en la Ley de Vida Silvestre la disposición que prohíbe tajantemente que se toquen los manglares. Esta disposición fue una victoria de las organizaciones ambientalistas contra las intenciones del gobierno y las empresas turísticas de arrasar los manglares mexicanos, y aunque la autorización de la Semarnat haya sido previa de todas maneras Fonatur la debió respetar. Parece claro que ahora se regresa a la antigua visión que ya parecía superada en la que se creía correcto subordinar la conservación ecológica a las necesidades de un crecimiento económico a toda costa.
Aquí en Guerrero, el proceso de creación y fortalecimiento de legislación e instituciones ambientales, aunque ocurrió con menor intensidad, también permitió la creación de la Semaren, la Propeg, la Ley estatal de equilibrio ecológico y otras leyes ambientales locales. No obstante, las instituciones ambientales en el estado siguen siendo muy débiles para atender con eficacia los retos de los problemas ambientales. La Semaren es la única secretaría que no tiene subsecretarios, pero lo más grave es que su dotación presupuestal ha sido históricamente muy limitada. Para la nueva administración la situación presupuestal es aún más grave, ya que para 2016 desaparece el anexo del presupuesto de egresos federal a través del cual se otorgaban a los estados importantes recursos presupuestales para el desarrollo de proyectos ambientales. En el caso de Guerrero, este recurso el año pasado ascendió a alrededor de 86 millones de pesos, con los cuales este año sencillamente no se contará. Asimismo, ya no se cuenta con los recursos federales del sector forestal que fueron canalizados en años anteriores como parte de la gestión conjunta con Chiapas y Oaxaca. Por lo tanto, la institución ambiental sólo contará con los exiguos recursos provenientes del presupuesto estatal, que son extremadamente limitados.
El debilitamiento y retroceso de la política ambiental representa una visión extremadamente miope y cortoplacista que no asume el riesgo que para la misma existencia de la humanidad significa la crisis ecológica actual. Una estrategia de desarrollo que no contemple de manera consistente este tema no tiene cabida en la modernidad actual. Por ello sería muy afortunado que el nuevo gobierno diera una señal importante en este tema fortaleciendo de inmediato su institución ambiental, dotándola de las subsecretarías que necesita e incrementando de manera urgente y emergente su presupuesto. gobernador Hector Astudillo, ¿cree que eso sea posible?

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