Napoleón Gómez Urrutia tiene sueños de grandeza. Poco después de que un juez le cancelara las órdenes de aprehensión que lo salvaba de ir a la cárcel por un fraude de 55 millones de dólares a 10 mil mineros –el fallo es que su caso tenía que juzgarse en un ámbito que no fuera penal–, recibió en Vancouver al entonces secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, con quien habló de los conflictos mineros que mantenían las secciones bajo su liderazgo en México. Gómez Urrutia quería regresar a México, pero por la puerta grande. Le pidió que fuera recibido por el presidente Enrique Peña Nieto y, en un acto de exoneración, pronunciara un discurso de reconocimiento. La solicitud ni siquiera fue discutida en ese momento. Las pretensiones eran cósmicas. Navarrete Prida le dijo que no veía que existieran condiciones políticas para que regresara a México.
Las condiciones políticas nunca se construyeron, ni la coyuntura jurídica adecuada. En todo caso, le dijo Navarrete Prida, tenía que saldar, antes que nada, su relación con Germán Larrea y el Grupo México, que fue el detonante de las demandas en su contra. La propuesta es que tuvieran una separación en los contratos colectivos, lo cual se fue haciendo en todos estos últimos años. Paralelamente, su abogado Marco del Toro le sugirió desde un principio que era mejor no regresar a México porque en cualquier momento podrían fincarle nuevas acusaciones. Gómez Urrutia tuvo que mantener su residencia en Canadá hasta que surgió el ofrecimiento del candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador para ser senador plurinominal.
El líder minero, que ha ido perdiendo contratos colectivos con las empresas del ramo, se siente reivindicado y listo para regresar a México una vez que tenga fuero, aunque habría que preguntarse si realmente va a llegar ese día porque tiene, en principio, un problema de elegibilidad. Varios constitucionalistas han declarado a la prensa que no podría ser porque no tiene los seis meses de residencia exigida para un cargo de elección popular, al llevar 12 años viviendo en Canadá. El artículo 55, fracción III de la Constitución exige la residencia efectiva en una candidatura de mayoría, pero en las listas de circunscripciones plurinominales basta ser originario de alguna de las entidades que comprenda la circunscripción.
El problema de la elegibilidad apunta en otra dirección. Gómez Urrutia tiene nacionalidad canadiense, de acuerdo con una declaración pública de sus abogados, el mexicano Del Toro y el canadiense David Martin, quienes afirmaron en agosto de 2013 que el gobierno de esa nación le había otorgado la ciudadanía el 30 de junio de ese año. Los abogados afirmaron que el líder minero había recibido una carta de bienvenida del entonces primer ministro canadiense, Stephen Harper, después de un acto para la entrega de su certificado.
La ciudadanía canadiense le impide ser candidato a cualquier puesto de elección popular, al establecer el artículo 32 de la Constitución: “El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será? aplicable a los casos que así? lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión”.
Este artículo se refiere implícitamente a un conflicto de interés. Si se tienen dos nacionalidades, ¿a qué país le será leal? ¿Cuáles son los intereses que prioritariamente defenderá? En una entrevista el viernes pasado en Foro TV, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que los intereses de Gómez Urrutia son trasnacionales. Ha gozado de protección de sindicatos mineros en Estados Unidos y en Canadá, así como del sindicato de la industria automotriz en Estados Unidos, dijo Castañón, como parte de una coalición internacional en contra de la industria mexicana.
“Los sindicatos estadunidenses y canadienses de la industria automotriz se quieren meter en los sindicatos mexicanos”, agregó. “Por eso apoyan que desde foros internacionales, ese señor opine sobre los contratos colectivos. Ha ido a hablar en foros internacionales y ha promovido una corriente en contra de la paz laboral mexicana”.
Los intereses explícitos de Gómez Urrutia son trasnacionales. La nominación a una senaduría plurinominal generó reacciones de apoyo del Sindicato de Trabajadores del Acero en Estados Unidos y Canadá, así como de la organización Trabajadores Unidos, que aglutina a los sindicatos más poderosos  de Inglaterra, Irlanda y Escocia. El líder minero también se ha relacionado con el Nuevo Partido Democrático canadiense, a través de contribuciones registradas a ese instituto entre 2009 y 2017.
En México, la reacción ha sido negativa, y es uno de los temas de mayor longevidad pública contra López Obrador de los últimos años. El candidato presidencial lo ha estado defendiendo y señalando que el líder minero fue víctima de una persecución política, sin explicar cómo su postura nacionalista puede cohabitar con un personaje que en los últimos años ha defendido intereses extranjeros. Este tema puede debatirse, pero no elimina la inelegibilidad para aspirar al cargo que le ofrecieron.
No está claro si López Obrador estaba al tanto de la ciudadanía canadiense de Gómez Urrutia, o si el líder minero lo advirtió y aún así corrió el riesgo de postularlo. Pero la Constitución se lo impide, lo cual obligará a López Obrador a retirarle la nominación y, con ello, eliminar el fuero que estaba buscando Gómez Urrutia para regresar a México con la gloria que sueña, o como en otras ocasiones, se aferre a su decisión y la defienda hasta la ignominia.

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