¿Hasta cuándo? Falta muy poco. Es cuestión de días, la solución a Oaxaca se concretará. Las partes ya están armadas.
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) continúa la fabricación de bombas molotov y preparando las barricadas en las calles de la capital del estado, el epicentro del laboratorio más grande para que se midan fuerzas del gobierno con grupos radicales desde que hace 35 años el grupo de choque de Los Halcones reprimió a decenas de estudiantes en el barrio San Cosme en el Distrito Federal. La APPO está usando la radio abierta para alertar a la gente y movilizar sus primeras fuerzas, y la radio de frecuencia, cuyas claves cambian diariamente para evitar la intercepción, para girar las instrucciones de mando. Por medio de cohetones al aire avisan el tipo de amenaza que enfrentan. Desde el viernes, la alerta es roja.
La APPO esperaba que la Policía Federal Preventiva entrara a la capital de Oaxaca este fin de semana, luego que golpeadores de la CROC reclutados por un ex diputado fiel al gobernador Ulises Ruiz inyectaron miedo a tiros entre la población durante la madrugada del viernes. La tensión se elevó cuando fuerzas especiales de la Marina desembarcaron con equipo en Oaxaca e hicieron trastabillar a los líderes de la APPO. ¿Creían realmente que el gobierno federal intentaría un acto de represión coincidiendo con el 38 aniversario de la matanza de Tlatelolco? Se está midiendo mal la táctica del gobierno. La acción militar iniciada este fin de semana es más disuasiva que represiva, y es un acompañamiento preventivo al ultimátum que lanzó el secretario de Gobernación Carlos Abascal para que se reúnan el miércoles a negociar. La señal a la APPO fue clara: negociación o intervención.
El presidente Vicente Fox ya tomó la decisión. A partir de esta semana, la cuenta regresiva para intervenir policial y militarmente en Oaxaca empieza, y sólo será cuestión de, si fracasa la negociación política una vez más, evaluar el justo momento para tratar de que sea una operación limpia; es decir, que no haya muertos y, en lo posible, tampoco heridos. Como en Atenco este año, el plan de acción es el clásico: enviarán el equivalente a tres policías o militares por cada uno de los beligerantes y no realizarán un sitio de la capital, sino que dejarán rutas de escape como válvulas de presión, evitando el fiasco de la otra intervención policial este año en Lázaro Cárdenas.
Quieren una operación quirúrgica. Espantar a la mayoría para que corra, y detener a un grupo de líderes de la APPO que tienen perfectamente identificados, como resultado de la infiltración que realizó el Cisen y el Ejército en el movimiento desde que se inició hace cuatro meses. El espejo sigue siendo Atenco, donde los cuerpos de seguridad lograron detener con el mínimo de sangre a 8 de los 13 dirigentes que buscaban. Sin embargo, hay una diferencia sustantiva con Atenco, donde la guerrilla del EZLN y algunos cuadros del EPR no estaban dispuestos a enfrentarse con armas a los cuerpos de seguridad. En Oaxaca capital, por las informaciones recabadas, parecen sí estar dispuestos a enfrentarse, con lo que sea, a policías y militares. Periodistas en la capital han reportado que las últimas veces que han hostigado a balazos los policías estatales a la APPO y a los maestros en paro, han sido recibidos a tiros. Hay armas en Oaxaca capital pero, sobretodo, parece existir la disposición de utilizarlas si intervienen los cuerpos de seguridad del Estado mexicano.
Dentro del gobierno, sin embargo, tienen otro diagnóstico. En primer lugar, minimizan por completo la capacidad de movilización de la APPO. De acuerdo con sus estimaciones, ésta se limita, en forma permanente, a unas 3 mil personas, aunque no necesariamente todas participarían en un enfrentamiento contra el gobierno. La información de los servicios de inteligencia gubernamentales también registran que el EPR, que tiene uno de sus principales centros de operaciones en Oaxaca, se encuentra en un largo proceso de dispersión y repliegue operativo, con escisiones de células que han incursionado en el campo de la delincuencia, ocasionando más rupturas internas y debilidad organizativa en la región.
Esta lógica significaría, como reconoció en un reciente foro en Washington el subsecretario de Seguridad Pública y ex director del Cisen, Rafael Ríos, que representa un riesgo acotado para la seguridad interna debido a que su potencial bélico es reducido, no han logrado construir en su entorno apoyo de la sociedad y, por tanto, se encuentran focalizados. “No obstante –admitió–, el actual escenario político es propicio para legitimar sus propuestas y acciones, particularmente a nivel local, intentando capitalizar problemáticas como la que actualmente se registra en Oaxaca”.
Una operación policial-militar en Oaxaca podría ser la mejor oportunidad de exacerbar las condiciones insurreccionales que se han comenzado a sentir en algunas partes del país como resultado de la polarización política y la permanente estrategia de descarrilamiento institucional que mantiene el núcleo de los más duros –y electoralmente perdedores– seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Su lógica de desinstitucionalización los está llevando a la caricatura, pero contribuyen significativamente a otros grupos extremistas, como el EPR, que ven en este contexto la mejor posibilidad de capitalizar un enfrentamiento con el gobierno. Si bien se mantienen las condiciones sociales para levantamientos armados, aunque sean limitados y focalizados como en 1994 con el EZLN, a diferencia de hace 12 años, también existen hoy las condiciones políticas, derivadas de la falta de acuerdo postelectoral.
Este es un escenario que no puede estar ausente en el análisis de costo-beneficio sobre la intervención del aparato gubernamental en Oaxaca. Un aplastamiento, en las condiciones actuales, puede tener el efecto gelatina, donde podrán liquidar el núcleo, pero se desparramará irremediablemente. Aplastar y controlar Oaxaca por la fuerza es una solución efímera que no resuelve el largo plazo y que sí abona a los argumentos de muchos insatisfechos con el proceso electoral que, viendo el quiebre de sus expectativas e ilusiones, piensen, como en 1968 y 1971, que las vías legales y constitucionales no son el camino, quedando como la única posibilidad de cambio las armas. No habrá futuro político por esa vía, que debería tener un paquete de componentes adicionales para responder a las demandas políticas y sociales que dieron origen al conflicto y que incluye, como ya es público, la salida de Ruiz del gobierno. Este cálculo lo está haciendo el gobierno federal. Esperemos que así sea y que en la inacción de meses encuentre la vergüenza suficiente para alcanzar un punto de acuerdo con los inconformes para alcanzar finalmente la solución política y no recurrir a la fuerza que se convertiría en el único legado memorable del presidente Fox.

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