La realidad rompió el blindaje. El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes divulgado el domingo pasado, que cuestiona el trabajo del jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, anuló la protección que durante casi dos años le dio el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, quien logró mantenerlo en el cargo cuando el equipo de Jesús Murillo Karam se colapsó tras el desgaste por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Zerón, que jugó un papel central en las investigaciones que llevaron a la versión oficial del gobierno, conocida como “la verdad histórica”, nunca estuvo expuesto a la crítica pública hasta esta semana, que lo obligó a responder por su trabajo. Lo hizo el miércoles, en una aparición desafortunada.
Zerón le respondió al GIEI sobre un video grabado periodístico durante un peritaje fechado el 28 de octubre de 2014 en el Río San Juan, donde según el expediente del Caso Ayotzinapa, se había recolectado la evidencia de que las cenizas de normalistas presuntamente incinerados en el basurero de Cocula, habían sido arrojados en sus aguas en ocho bolsas. Muchos dimes y diretes cruzaron Zerón y el GIEI sobre el video difundido el domingo, pero la conclusión legal es la admisión del jefe de la Policía Ministerial que sí hubo un error en ese peritaje, no en contenido, sino en la fecha. La perita, reveló, se equivocó al anotar la fecha. No se realizó el 28, sino el 29, dijo Zerón, con lo cual buscó zanjar esa discrepancia de fondo entre las dos partes. La realidad es que profundizó su crisis.
Con la admisión, Zerón no modifica el resultado del peritaje, pero al establecerse la posibilidad de dolo, imprudencia o descuido, comentaron expertos en el tema, se configura una responsabilidad de carácter administrativo. Los peritajes en el Río San Juan y el basurero de Cocula han sido cuestionados por expertos independientes, con lo cual ese error de la perito, bajo la supervisión de Zerón, contribuirá a la sospecha de que el jefe de criminalística sembró pruebas para fortalecer “la verdad histórica”. Zerón dijo que su proceder ese día no fue ilegal, porque no realizaba ningún peritaje, sino realizaba una verificación de lo que un día antes había declarado ante el ministerio público Agustín García Reyes, detenido junto con otros dos integrantes de Guerreros Unidos, que admitió –tras ser torturado– haber participado en el crimen e incineración de los normalistas.
Para probar sus actuaciones, Zerón mostró un video realizado por la PGR ese día en el río San Juan, en donde aparece García Reyes custodiado por un policía con el arma semiautomática en su espalda, mostrándole los lugares donde se supone que tiraron las bolsas con las cenizas de los normalistas. Esas escenas son las que liquidan a Zerón, quien al mostrarlas por primera vez –no fue integrado en el expediente del caso– no sólo mostró una flagrante ilegalidad en el proceso, sino que abrió la puerta para que García Reyes pueda recuperar su libertad y ser exonerado del delito por el que se le acusa. Si eso sucede –un camino de la defensa del presunto criminal–, la versión oficial del gobierno mexicano sobre lo que sucedió con los normalistas, será sepultada.
Lo que demostró el video se Zerón es una flagrante violación de la ley. Si la presencia del jefe de la AIC no es ilegal, como lo hizo, sí lo fue la de García Reyes, quien salió de la Subprocuraduría Especializada de Investigaciones sobre la Delincuencia Organizada, sin ser registrada en el expediente. Es decir, fue una salida ilegal que al mantenerse en secreto, como fue el caso hasta el miércoles, no podía ser tomada como una prueba de violación del debido proceso. El imputado, García Reyes, no fue asistido en esa diligencia, por lo cual se violaron sus derechos humanos y conlleva, dijo un experto, a la nulidad de las actuaciones. En paralelo, el ministerio público, en calidad de garante de la constitucionalidad y la legalidad, añadió el experto, tiene la responsabilidad de proteger y asegurar la eficacia plena de los derechos de las personas que se encuentran a su disposición. Ese día en el río San Juan no había ministerios públicos; sólo policías y peritos. Zerón, quien no es abogado –lo cual es también una limitación legal–, no es ministerio público, sino auxiliar de la representación social.
Nunca como ahora el Caso Ayotzinapa estuvo en mayor riesgo de caerse. Las críticas de expertos como el GIEI o el Equipo Antropológico Forense Argentino, respondidas con descalificaciones sistemáticas en algunos medios al servicio del poder, fueron un antecedente que contribuyó, sin embargo, a que varios gobiernos en el mundo cuestionaran la investigación y demandaran el Estado de Derecho y la aplicación del debido proceso en el Caso Ayotzinapa. El video de Zerón demuestra que todas las críticas apuntaban en la dirección correcta, y que la PGR bajo la gestión de Murillo Karam, quien comenzó las investigaciones estaban en lo correcto. No queda claro si se trató sólo de incompetencia –como se ha insistido en este espacio–, o encubrimiento, como se piensa en muchos sectores. Lo que sí queda claro es que el tiempo de Zerón en la PGR se acabó. Tiene que salir porque se convirtió en un lastre para el gobierno y en el mejor ejemplo que su investigación criminal se tergiversó y se engañó a la nación.

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