Esto pasa en un país que se respeta: el FBI pidió a Apple que le dé acceso a su plataforma tecnológica para hackear el teléfono de uno de los protagonistas afines al Estado Islámico que mataron a 14 personas e hirieron a 22 en diciembre en San Bernardino, California, a fin de adentrarse en su red de vínculos terroristas. El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, se negó, y el FBI logró que una jueza ordenara este martes que les permitiera ingresar al iPhone 5C del terrorista. Cook dijo que apelará el fallo, y su postura tiene el respaldo del resto de los gigantes tecnológicos, que están defendiendo la privacidad de sus usuarios, las garantías individuales y, por supuesto, el negocio.
Esto sucede en México: a través de las plataformas de Telmex y Telcel, todos aquellos que quieran pueden espiar a quien se les plazca y, además, distribuir a través de sus mismas redes los contenidos de ese espionaje, sin que a nadie le preocupe que esos materiales ciertos, editados o falsos, busquen desprestigiar a una persona y aniquilar su fama pública, o el aplastamiento de su privacidad, sus derechos humanos básicos y sus garantías individuales. Gracias a esa perversidad, montan en las redes de Telmex y Telcel una gran plataforma de desinformación, y se consolida al espionaje como un recurso político donde la mayor efectividad responde a la ley física de los mayores recursos que se le inviertan a esa actividad ilegal.
En la gradería mexicana, la plaza se divide. Cuando alguien que representa en el colectivo imaginario de un sector de la población lo correctamente correcto, se denuncia a los posibles autores intelectuales de semejante despropósito; cuando ese mismo colectivo tiene etiquetado al sujeto de la intrusión, lo que se da es una algarabía que celebra el ejercicio de la política caníbal. En esta discusión siempre se habla de las víctimas y los vengadores, pero nunca aparece en el debate público el tema del gigante de las telecomunicaciones mexicanas que creó y que encabeza Carlos Slim.
Telmex y Telcel están inmunes en la opinión pública mexicana, intocables por parte de cualquier autoridad que ni siquiera los mira con ojos inquisidores de cómo pueden permitir que el espionaje viaje por sus plataformas sin que a nadie le quite la respiración. La respuesta de Slim y compañía seguramente será que ellos no lo permiten, lo que coloca a la empresa en una situación más delicada: si no permiten el espionaje, entonces, ¿qué rayos pasa con sus sistemas de seguridad? La información de sus clientes y usuarios, por tanto, está a disposición del mejor postor que quiera transformar la realidad.
La discusión en Estados Unidos es interesante. Edward Snowden, el joven analista de la CIA que transformó la percepción del mundo –no en México, por cierto–, de cómo todos los ciudadanos son observados a través de los sistemas de comunicación global en sus más mínimos detalles, dijo sobre el diferendo entre Apple y el FBI, que es el tema tecnológico más importante en una década. El martes pasado, Sheri Pym, la jueza de la Corte Federal del Distrito Central de California, ordenó a Apple que le diera al FBI acceso a su información y proveyera la asistencia técnica que requiriera el gobierno para poder hackear el teléfono del terrorista. Cook respondió el miércoles con una carta de mil palabras a los clientes de Apple, que advertía con la demanda del FBI una “escalofriante” ruptura en la privacidad, con lo cual se abría una puerta trasera a sus salvaguardas. “A los mismos ingenieros que construyeron un encriptado fuerte en el iPhone para proteger a los usuarios –escribió Cook–, irónicamente, se les ordena que debiliten esas protecciones, con lo cual nuestros usuarios estarán menos seguros”.
Sundar Pichai, vicepresidente de Google, lo apoyó a través de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, donde afirmó: “Forzar a las compañías a permitir que hackeen sus productos, compromete la privacidad de sus usuarios. Las autoridades y los servicios de inteligencia afrontan retos importantes para proteger a las personas de delitos y del terrorismo, y nosotros hacemos productos seguros para mantener la información a salvo. Siempre damos acceso a investigaciones cuando hay órdenes del juez, pero es totalmente distinto pedir a las empresas que incluyamos una fórmula para que puedan acceder a los datos de los usuarios y sus aparatos. Este podría ser un mal precedente”.
La postura de los gigantes tecnológicos tiene como fundamento la credibilidad con sus clientes y sus usuarios, quienes depositan en ellas su vida misma, a la que entregan con su compra, un mandato para que manejen toda la información, la más delicada y secreta inclusive, con la certeza de que no será divulgada o que alguien pueda acceder a ella. Es la credibilidad de un negocio lo que está en juego en un país serio. En uno como México, el gigante de las telecomunicaciones tiene su red perforada por todos lados, que es la impresión que deja cuando tantas actividades ilegales, asumidas como legítimas por la sociedad, circulan por sus plataformas. Slim debería detenerse a reflexionar un momento sobre este tema y el papel de su gran empresa en la materialización de delitos federales y del fuero común, antes de que el gobierno se despierte, entienda el tema, y con el título de concesión de Telmex le pida cuentas.

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